Al despuntar esta semana, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) emitió un análisis comparativo sobre el crimen organizado en las grandes ciudades, específicamente en las tres áreas metropolitanas legalmente constituidas (Valle de Aburrá, Barranquilla y Cúcuta), y dos aglomeraciones no formalmente constituidas cuyas entidades territoriales se eligen en función de fronteras inmediatas o compartidas, tales como Cali y Bogotá.

En estas cinco regiones urbanas, históricamente se han reunido dinámicas de violencia y delincuencia que merecen un análisis profundo, y para ello Pares hizo un seguimiento al comportamiento de los delitos en cada una de las entidades territoriales priorizadas, así como una caracterización de las principales organizaciones que tienen presencia e incidencia en las mismas.

Dicho esto, ¿cuáles fueron los resultados para la ciudad de Bogotá, y que para efectos del análisis hecho por Pares incluyó a los municipios de frontera tales como Chía, Cajicá, Sopó y La Calera; Cota, Funza y Mosquera, y Soacha y Sibaté hacia el sur?

Lo primero y lo más importante, que los potenciales mercados ilegales que se encuentran en Bogotá han provocado la configuración de alianzas y disputas entre organizaciones criminales que han buscado controlar el territorio y, por consiguiente, han incidido en el incremento de delitos de alto impacto como los homicidios. Veamos.

La radiografía

Considerando que Bogotá es el principal mercado potencial de microtráfico, con una gran disponibilidad de drogas ilegales, la pandemia no afectó la distribución de estas sustancias, pero la emergencia sanitaria sí logró impactar las dinámicas de consumo: el precio de la marihuana aumentó tanto por escasez como por mayor demanda (derivada de la afectación que vivió el mercado de drogas sintéticas debido al cierre de bares y discotecas).

Así mismo, en Bogotá desarrollan actividades ilegales organizaciones de todo tipo, incluidas algunas especializadas, de bajo perfil y mafias nacionales e internacionales, tales como ‘Los paisas’, ‘Los pascuales’, ‘Los boyacos’ (algunos de ellos en alianza con el ‘Clan del Golfo’), y grupos a los que se deben sumar las interacciones criminales históricas con Soacha, tanto en la conurbación con Bosa, como en la conurbación entre la comuna 4 (Cazucá) con Ciudad Bolívar.

A este respecto, vale referir que las diversas organizaciones que tienen incidencia en Bogotá sostienen disputas por el control del territorio y de las rentas ilegales. En este sentido, han generado repertorios de violencia que han consistido en homicidios “ejemplarizantes” como desmembramientos, desaparición forzada, amenazas y desplazamientos, entre otros. La ejecución de este prontuario de violencia no representa únicamente una amenaza y advertencia para las bandas y estructuras rivales, sino que también implica una afectación directa a la población civil inmersa en dichas disputas.

Punto aparte, en el caso de Bogotá es problemático que apenas se esté consolidando una región metropolitana, puesto que ello ha evitado la conformación de arquitecturas institucionales metropolitanas para la gestión de la seguridad, y de allí que la gestión de los problemas conjuntos se desarrolle mediante espacios que implementan entre sí las entidades territoriales, pero que no contemplan a cabalidad una comprensión de las necesidades metropolitanas.

Homicidios con arma de fuego  

Ahora, aunque en Bogotá y en Soacha hay una tendencia a la concentración de delitos de alto impacto tales como el homicidio, mientras que en los municipios de frontera es menor, en términos generales la variación más significativa corresponde a los delitos de homicidio con armas de fuego, amenazas, extorsión y secuestro, de los cuales se registran incrementos en el 2020, frente al 2019.

“Aunque esto es consecuencia de la pandemia, en lo referente a los homicidios con arma de fuego, a pesar de que se reportó un descenso general en el número de casos de homicidios en todas sus modalidades para el 2020, aquellos en los que se implementaron dichas armas registraron incrementos en un 14% en Bogotá (pasando de 543 a 617 casos), y en un 35% en Soacha (pasando de 84 a 113 casos).

Territorialmente hablando, vale referir que las localidades en las que se registraron los aumentos más significativos de este tipo de delito fueron Puente Aranda, con un incremento del 200% (de 10 casos en 2019 a 30 en 2020); Usaquén con 171% más casos (de 14 en 2019 a 38 en 2020); Suba con un aumento del 61% (de 31 en 2019 a 50 en el 2020) y Rafael Uribe Uribe con 40% (de 40 a 56 casos).

También Ciudad Bolívar y Fontibón con 26% más casos de homicidios en el 2020; Santa Fe con 25% más homicidios (cuatro más en el 2020 respecto al año anterior); Engativá reportó un incremento del 17% (de 23 a 28 homicidios) y Kennedy y Tunjuelito, registraron tan solo un caso más en el 2020 frente al 2019.

Y, por su parte, en Soacha los incrementos más relevantes se reportaron en la Comuna 6, San Humberto, con 88% más casos en 2020 (de ocho casos en 2019 a 15 en el año siguiente) y en la Comuna 2, Soacha Central, con un aumento del 18%. En las Comunas 1, Compartir, y 5, San Mateo, se registraron disminuciones en el número de homicidios con armas de fuego, en un 11% y 50%, respectivamente.

• Le puede interesar:Durante la noche se materializó el retorno de 361 indígenas

Homicidios de nacionales venezolanos

De acuerdo con el informe, sobre los homicidios de personas de nacionalidad venezolana, en los últimos cinco años el Siedco reportó un total de 217 casos en cinco de las 10 jurisdicciones de Bogotá y los municipios fronterizos objetos de estudio.

Vale referir que el incremento en la capital y municipios aledaños la convirtió en la región del país con más casos reportados, seguida por Cúcuta que, en los mismos cinco años registró un total de 208.

Y aunque, de acuerdo con el informe, resulta evidente que el problema se concentra en Bogotá, que aportó el 87% de los casos del último año, también hay una tendencia al incremento en Soacha desde 2018, mientras que en Mosquera se redujeron los casos a 0 para el año pasado, en Sibaté se produjo un solo caso en los últimos dos años y Funza registró el primero solo hasta el 2020.

Diagnóstico

Una de las primeras conclusiones en materia de seguridad para la ciudad capital radica en que, al ser un enclave estratégico para las economías ilegales, en Bogotá se han desarrollado diversas disputas entre organizaciones criminales que buscan cooptar las rentas de estos mercados, lo que ha traído como consecuencia el control del territorio, trasladando los enfrentamientos entre organizaciones hacia municipios aledaños a la ciudad, y lo que es más importante: se ha traducido en un incremento de algunos delitos de alto impacto.

En segunda medida, la pandemia implicó, sobre las rentas ilegales, la adopción de nuevas modalidades delictivas que generaron el desplazamiento de algunos delitos hacia la frontera occidental y norte. Y, por último, la implementación progresiva de las medidas de reactivación económica incidió sobre el incremento en algunos de los indicadores.