UN sórdido caso de corrupción con sobornos, prostitución, drogas, y un diputado socialista como uno de sus protagonistas, pone en aprietos al partido del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al inicio de un año electoral que se presenta turbulento para la izquierda.

Un general retirado de la Guardia Civil que escondía más de 60.000 euros en una caja de zapatos, una velada en un prostíbulo de Madrid, noches en un hotel de lujo con viagra, cocaína y prostitutas elegidas por catálogo...

Desde finales de febrero, la prensa española no deja de revelar detalles -con sugerentes fotos y videos de apoyo- de este escándalo conocido ya como el caso “Mediador", que salpica a varios empresarios y algunos integrantes del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), de Pedro Sánchez.

En el centro de la polémica destaca Juan Bernardo Fuentes, conocido como "Tito Berni", un diputado socialista procedente del archipiélago de las Islas Canarias al que su partido forzó a dimitir en febrero, poco antes de ser detenido, al igual que su sobrino y varios empresarios.

Según un documento jurídico consultado por AFP, este político de 60 años habría asistido a empresas que pretendían hacerse con contratos públicos, obtener subvenciones europeas o evitar inspecciones sanitarias durante la crisis del covid-19, a "cambio de una contraprestación" financiera.

Ingresos de 5.000 euros

Para beneficiarse de este apoyo, "el primer paso" consistía en efectuar "una transferencia bancaria de 5.000 euros" a una asociación deportiva que presidía el diputado a través de un empresario canario, Antonio Navarro -cuyo seudónimo, "Mediador"- ha dado nombre al caso.

Por un coste adicional de unos 3.000 a 3.500 euros más, los empresarios podían disfrutar de visitas privadas al Congreso de Diputados, así como de noches de fiesta en discotecas y en un hotel de cuatro estrellas, precisa el documento judicial.

De acuerdo al propio Antonio Navarro, que ha concedido entrevistas en varios medios españoles en los últimos días, también organizaron una cena en Madrid a la que asistieron 15 diputados socialistas en plena pandemia, pese a las restricciones sanitarias en vigor.

Estas revelaciones despertaron una profunda incomodidad dentro del Partido Socialista, muy preocupado en aislar esta crisis a tres meses de las elecciones municipales y regionales previstas para el 28 de mayo y a solo nueve de las legislativas previstas para finales de 2023.

"Es un comportamiento repugnante", aseveró el pasado fin de semana Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018 gracias a una moción de censura contra el anterior gobierno conservador, sacudido entonces por un enorme escándalo de corrupción.

"Me parece increíble, más allá de la política, personalmente me repugna", incidió el ministro de Agricultura Luis Planas, también del Partido Socialista, una formación que ha hecho de la lucha contra la prostitución uno de sus caballos de batalla y que presentó el año pasado una proposición de ley para sancionar a los clientes.

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"Zafio"

El Psoe se defiende recordando que expulsó inmediatamente a Juan Bernardo Fuentes. El partido aplica la "tolerancia cero" hacia la corrupción, aseguró el presidente del grupo socialista del Congreso de los Diputados, Patxi López.

La reacción, sin embargo, no ha sido suficiente para calmar las críticas del Partido Popular (PP, derecha), que reclamó -junto con la formación de extrema derecha, Vox- que se cree una comisión de investigación parlamentaria para "que se diriman las responsabilidades políticas" derivadas del caso Mediador.

"Es tan zafio, es tan cutre, es tan bochornoso, y causa tanto daño a la política y a las instituciones que no podemos seguir así", opinó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusando al Psoe de que "no ofrecen toda la información de la que disponen".

Con este caso, el gobierno "ha perdido el crédito y la confianza de los españoles", insistió el líder de los conservadores, que exigen la convocatoria, a partir de mayo, de elecciones legislativas anticipadas, en las que los sondeos les apuntan como ganadores.

Petición judicial

Entre tanto, la juez del caso solicitó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que preste "autorización y colaboración" de modo que la Secretaría Técnica entregue a la Policía Nacional los "efectos" depositados en el despacho de la Cámara Baja que usaba el ahora exdiputado socialista Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', al que señala como "líder de la rama política de la organización criminal".

En un auto, al que ha tuvo acceso Europa Press, la magistrada detalla que, "en el supuesto de que la Presidencia del Congreso colaborara entregando dichos dispositivos, se acuerda que se proceda por la Policía Nacional, Grupo de Delitos Tecnológicos, a abrir, análisis, estudio y confección del correspondiente informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos/medios de almacenamiento digital/analógico".

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, explica que tras las entradas y registros en la casa y los "domicilios jurídicos" de Fuentes Curbelo "se solicitó a la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho".

La comisaría contestó que "en el mencionado despacho se encuentra diversa documentación y efectos personales, así como un ordenador de sobremesa propiedad del Congreso, todo ello para uso del ex diputado" investigado.

En consecuencia, la Policía solicitó autorización judicial para acceder al antiguo despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados e intervenir, "sin restricciones", "los efectos depositados en el interior".

El fiscal anticorrupción Jaime Serrano-Jover se opuso a ese acceso ilimitado al despacho de 'Tito Berni', recordando que "las Cortes Generales son inviolables", pero apoyó el acceso policial, "con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas", "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado".

Lorenzo-Cáceres señala que, efectivamente, el artículo 66.3 de la Constitución española establece literalmente que "las Cortes Generales son inviolables", si bien matiza que "su finalidad se orienta a la protección de la institución frente a cualesquiera interferencias" en el ejercicio de sus funciones, por lo que cree que debe entenderse como "un manto protector global necesario para el correcto ejercicio de tan importantes funciones constitucionales".

No obstante, recaba el apoyo de Batet por cuanto el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que "el juez necesitará, para la entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los cuerpos colegisladores, la autorización del presidente respectivo".

La instructora esgrime que se trata de una medida necesaria, idónea y proporcional por cuanto "a través de la intervención se pueden conocer las identidades, los movimientos de los investigados, la existencia de otros posibles partícipes y realizar ampliaciones de la investigación".

"No halla por esta juzgadora la posibilidad de alcanzar la finalidad perseguida a través de otras medidas menos gravosas", dice, mostrándose consciente de que es también una medida "excepcional".

Finalmente, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evidencia su "desesperación" al dar "instrucciones" a sus ministros para que le ataquen aludiendo a una vieja foto suya con el hoy reconocido narcotraficante Marcial Dorado. Sin embargo, ha dicho que no va a entrar en esta "provocación" de un Gobierno que está en "descomposición".

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez reprochó a Feijóo la mencionada foto, al tiempo que le pidió aclarar si cobra sobresueldos de su partido. De este modo argumento que su partido socialista y los conservadores no actúan igual ante casos de corrupción, pues a su juicio los primeros, y a diferencia de los segundos, actúan con contundencia.

Rodríguez hizo estas declaraciones al ser cuestionada sobre la situación del caso 'Mediador' y en particular por el posible registro del despacho del exdiputado Fuentes Curbelo. Además, aseguró que le producen "asco" los comportamientos de la trama que se han conocido, que incluyen fiestas con prostitutas y consumo de drogas.