El pulso por la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar de una forma más eficiente los narcocultivos en Colombia crece día tras día. Sin embargo, el gobierno Duque insiste en que ya tiene avanzado todo el procedimiento con el objetivo de retomar esta ‘arma’ antidroga antes de mitad de año.
De hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha sido reiterativo en este asunto, al punto de afirmar que ya están listas las aeronaves con que se retomarán las fumigaciones aéreas sobre los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.
Para el Ejecutivo es clave que si bien en 2020 se logró marcar el récord de 130 mil hectáreas erradicadas, con las fumigaciones aéreas este año podría incrementarse de manera sustancial la destrucción de narcocultivos. Esto se explica porque con erradicadores terrestres se pueden acabar tres hectáreas diarias, en tanto que con la aspersión aérea se pueden cubrir hasta 150 hectáreas si las condiciones climáticas y de seguridad lo permiten.
Como se sabe, las aspersiones fueron suspendidas desde octubre de 2015 por el gobierno Santos en atención a un informe de una agencia adjunta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alertó sobre los posibles riesgos cancerígenos del herbicida.
La restricción luego sería ratificada sendas sentencias de la Corte Constitucional, en donde se advertía que, bajo el principio de precaución, no se podía retomar las aspersiones aéreas pues no había evidencia científica concluyente que comprobara que el químico no era lesivo para la salud humana, las fuentes hídricas y los cultivos legales.
Cambio de tercio
Sin embargo, desde agosto de 2018 el gobierno Duque inició una gestión ante la Corte para que revisara el tema, bajo la tesis de que existían estudios que verificaban que el glifosato no era cancerígeno y existían mecanismos para disminuir los daños colaterales, preservando la salud de las personas, las fuentes de agua y el entorno natural.
Tras una audiencia a comienzos de 2019, en julio de ese año la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la restricción a las fumigaciones aéreas con el glifosato, pero aclaró que podían retomarse si el Gobierno cumplía con un estricto protocolo sanitario y ambiental de siete condiciones, que debía ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
Desde entonces la Casa de Nariño, por intermedio de los ministerios de Defensa, Justicia y Ambiente, han tratado de construir dicho protocolo, e incluso se acudió de nuevo a la Corte para que hiciera más precisiones al respecto.
Finalmente, tras más de un año de estudio, en febrero pasado el Ministerio de Justicia publicó ese borrador y, tras el cierre de la etapa de comentarios, se está pendiente del texto final, su promulgación y sometimiento al concepto del CNE, en donde tienen asiento varios ministros, así como la Fiscalía y la Procuraduría.
Sin embargo, para completar el proceso aún quedan pendientes varios pasos. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) -entidad adscrita al Minambiente- debe analizar y viabilizar el “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato” (Pecig). De igual manera el Instituto Nacional de Salud -adscrito a Minsalud- debe proyectar un informe sobre la viabilidad de las medidas de mitigación que ese mismo programa tiene para disminuir el riesgo de afectación a la salud humana.
Ambos procesos ya están en implementación e incluso se habla de primeros informes al respecto, pero no hay confirmación oficial. De igual manera, todavía no hay fecha oficial para que el CNE se reúna y tome la decisión final. Es decir, que no se sabe si antes de junio habrá luz verde, como lo espera Mindefensa.
“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo Molano hace tres semanas.
A ello se suma que a nivel interno muchos sectores se oponen a retomar las aspersiones aéreas. De hecho, se han incrementado las acciones de tutela contra el Pecig y la posibilidad de planes piloto para probar la eficacia del nuevo modelo de fumigación aérea. Por ahora ninguna ha progresado debido a que el decreto no se ha promulgado y la decisión del CNE no se ha tomado, pero el combate jurídico será intenso.
Pulso externo
A nivel externo, también hay un pulso al respecto. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es partidario de utilizar este mecanismo para acelerar la destrucción de los narcocultivos, cuya extensión la administración Duque recibió del mandato Santos en más de 200 mil hectáreas (según el informe anual de la Casa Blanca 2019) pero ya el año pasado se logró contener la escalada alcista (en 2014 apenas si llegaban a 50 mil hectáreas) y se está a la espera del reporte de 2020, que confirmaría que empezaron a bajar los sembradíos ilegales.
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A comienzos de marzo el Departamento de Estado “certificó” la lucha antidrogas en Colombia, autorizando el giro de un aporte de 25 millones de dólares y, de paso, calificó de “sorprendentes” los avances del gobierno Duque por las 130 mil hectáreas erradicadas el año pasado.
Sobre el tema del narcocultivos y el glifosato en el mismo informe del Departamento de Estado al Congreso se afirma que “… es probable que los esfuerzos actuales no sean suficientes para lograr el objetivo de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en un 50% de los niveles de 2017 para fines de 2023. Para lograrlo, Colombia deberá continuar expandiendo la erradicación manual e implementar su objetivo de reiniciar un programa de erradicación aérea seguro, limitado y eficaz dirigido por Colombia”.
La otra cara de la moneda se conoció esta semana. En diciembre pasado siete Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas le plantearon al gobierno Duque reconsiderar su decisión de iniciar nuevamente la aspersión aérea con glifosato ya que ello “… supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente”.
La misiva fue suscrita por los relatores de la ONU que trabajan en las áreas de sustancias tóxicas, afrodescendientes, medio ambiente, derecho a la alimentación, derecho a la salud, defensores de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas.
Los relatores además sostienen que la aspersión aérea con glifosato “también violaría el punto cuarto” del acuerdo de paz con las Farc. Insistieron en que se intensifique la erradicación manual y advirtieron del riesgo de que las fumigaciones aéreas intensifiquen la violencia regional.
Sin embargo, ya el pasado 17 de febrero, la Cancillería respondió a esa misiva en una carta firmada por la vicecanciller Adriana Mejía Hernández a Beatriz Barbin, Jefe Subdivisión de los Procedimientos Especiales Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Según lo reveló ayer Blu radio, Mejía advierte que “… conforme a lo establecido en el Artículo 10 del Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos… los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas’”.
“… En nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el Llamamiento Urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato. Por otra parte, y más importante aún, los procedimientos especiales prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema ‘no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia’”.
Así las cosas, Colombia, al considerar que no hay lugar al “llamamiento urgente” y es improcedente, acusa recibo del mismo pero no lo considera viable ni hace comentario alguno.