Una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional es la reforma laboral, proyecto que ya fue radicado en el Congreso de la República. Sin embargo, pese a que el Ejecutivo dijo que se había logrado una concertación con los empresarios, eso no se logró, debido su afán y a la falta de reuniones.

Este documento sigue generando inquietudes porque, si bien tiene un enfoque de estabilidad para los trabajadores, aún no demarca una ruta clara para promover la creación de empleo y reducir la informalidad.

 Para entender el alcance de esta reforma y su impacto es importante tener en cuenta las dos aristas: la del empleador y la del empleado. En ese sentido, Iván Vegas Molina, socio líder de Legal de BDO en Colombia, hace un análisis de lo planteado en el documento.

Informalidad

El experto destaca que “preocupa que la reforma, como se conoce hoy, no esté enfocada en ver cómo traemos a ese casi 50 % de personas que están en la informalidad a opciones formales y, de esa manera, generar unas mejores condiciones de empleo. Por el contrario, el proyecto está enfocado en los trabajadores que ya están dentro del sistema. Vemos un camino para establecer nuevamente algunos derechos, prerrogativas y garantías laborales que existían de tiempo atrás en el Código Sustantivo del Trabajo, previo a las reformas que se tramitaron en el 2003, e incluso algunas otras de carácter nuevo encaminadas a lo mismo. Consideramos que, en ese sentido, la ley colombiana ya es bastante garantista”.

Entre los derechos y garantías laborales que se van a retomar, Vegas Molina dice que son “principalmente, volver al escenario de los recargos nocturnos desde las seis de la tarde y no desde las nueve de la noche; aumentar el recargo dominical y festivo al 100 % y no al 75 %, etcétera. Digamos que esto genera unas prerrogativas mejores sobre el papel para los trabajadores formales, pero encarece el costo de crear puestos de trabajo en un momento de incertidumbre económica mundial y que tenemos un escenario inflacionario importante. Aunado a lo anterior, hay factores que históricamente son preocupantes en cuanto a la productividad y lo que puede ocurrir con estas medidas es que las empresas establezcan parámetros para que menos empleados produzcan más”.

La jornada

Con relación a la propuesta de reducir la jornada laboral, el experto sostiene que “la reducción de la jornada laboral puede ser un tema interesante. Existen diferentes discusiones alrededor de esa política y, al final, vemos que esta iniciativa permite mejorar la productividad. La respuesta no es única y no es absoluta en términos de que pueda ser favorable o desfavorable. Habría que medir su impacto de acuerdo al sector y al servicio o producto que la empresa desarrolla. Lo ideal es que cada organización tenga una política adecuada para manejar de manera idónea esa reducción de la jornada laboral y que esta decisión sea un gana-gana entre el bienestar de los trabajadores y la productividad”.

Sobre si con lo planteado en la reforma se crearán nuevos tipos de contrato, Vegas Molina dice que “la reforma no plantea unos tipos de contratos distintos a los existentes en materia laboral. El documento establece que el contrato individual a término indefinido tiene que ser la regla general y, por tanto, es aplicable para todos los casos. Le da un margen mucho menor al que existe en la ley para otros tipos de contrato, como es por ejemplo el de término fijo o por obra o labor. Hoy, un contrato a término fijo se puede manejar a un año o puede ser menor a tres. El planteamiento de la reforma establece que esto no podrá ocurrir. Lo mismo pasa con otros tipos de modalidades que parecieran, digamos, entrar en desuso. El hecho de que no haya varios tipos de contratos reduce las posibilidades de ejercicio de algunas actividades económicas específicas”.

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Estabilidad

En cuanto a la estabilidad laboral, la reforma establece algunos mecanismos que también parecieran ser un poco complejos, en la medida en que se dan protecciones especiales en circunstancias como, por ejemplo, el estado pensional o algunas circunstancias familiares que cualquier trabajador pueda tener para que se les cree una estabilidad reforzada especial que impida el despido sin justa causa. “Eso, en términos generales, puede generar algún grado de preocupación, porque impediría a las empresas tomar decisiones que son necesarias en el flujo normal de la economía y de los negocios”, sostiene.

De otro lado, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) dijo que ve "con gran preocupación" las propuestas que se están planteando.

"Aunque mediáticamente se ha querido mostrar como una reforma garantista que entrega más beneficios a los trabajadores, la verdad es que los riesgos que trae sobre la viabilidad de los empleos formales hoy generarían mayores perjuicios en el momento de su implementación que las bondades que promete en lo escrito", aseguró el sindicato.

La Utipec dice que, como está planteada la reforma, sus prerrogativas están dirigidas sólo para los 6,8 millones de trabajadores formales, que representan el 13 % de la población. Además, muchas de las disposiciones aplicarían sólo para trabajadores del sector privado, que son 5,5 millones de personas.

Minoría

"Esta termina siendo una reforma para beneficiar a una inmensa minoría de los colombianos, dejando de lado a aquellos que se encuentran laboralmente en las condiciones más difíciles, lo cual va a seguir profundizando los problemas de desigualdad que tiene la sociedad colombiana", dijo la Utipec.

Es irracional e incoherente hablar de una reforma laboral que no incluya criterios claros acerca de cómo se hará viable la generación de mejores condiciones para el empleo.

El sindicato también menciona que, al imponer cargas a los empleadores, más responsabilidades y riesgos, sin ofrecerles caminos para cumplir con ellos, una reforma laboral como la que se propone hará más difícil el empleo, disminuyendo las posibilidades de acceso a empleo formal para los colombianos y promoviendo indirectamente las condiciones para que se registren despidos.

"Es irracional e incoherente hablar de una reforma laboral que no incluya criterios claros acerca de cómo se hará viable la generación de mejores condiciones para el empleo. Por eso, le pedimos al Gobierno que por el bien de los trabajadores colombianos oriente su propuesta de reforma de manera responsable, estableciendo las vías para que todo lo escrito sea materializable", agregó.

Los ajustes a las nóminas

De otra parte, según una encuesta que realizaron los comerciantes agrupados en Fenalco, de aprobarse la reforma laboral como la presentó el Gobierno, el 55 % de los empresarios haría ajustes relacionados con la reducción de nóminas y la disminución de personal, mientras un 27 % evitaría al máximo la contratación de nuevos empleados y un 71 % descartaría, reduciría o disminuiría sus inversiones, debido al incremento de los gastos.

“Reconocemos el trabajo de concertación que ha llevado a cabo el Ministerio del Trabajo. Aun así, estos cambios afectarán la estructura de costos de las empresas”, advirtió, por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

El proyecto, que tendrá que surtir ahora su trámite en el Congreso, propone que los colombianos trabajen 42 horas a la semana (hoy son 48 y en julio pasarían a 47), que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana.