La última sala plena de marzo será el próximo jueves, en la que se realizará una nueva votación

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El jueves próximo la Corte Suprema de Justicia hará un quinto intento para elegir a su Presidente para el presente año.

De no lograrlo el tema quedará en suspenso hasta el 4 de abril, cuando se tiene previsto la siguiente sala plena. La función electoral ha sido un problema de vieja data en esta Corporación, que se ha hecho notar básicamente en el tiempo que se ha tomado por falta de consenso en las votaciones para llenar vacantes que se producen por magistrados que finalizan su periodo.

Mientras que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado eligieron a sus presidentes en las primeras semanas de este año, la Corte Suprema de Justicia no ha podido escoger este dignatario debido a que ninguno de los magistrados que se han postulado en las cuatro votaciones que en sala plena se han adelantado ha logrado los 16 votos que establece el reglamento interno.

Para esta situación habría conspirado el hecho de que por el momento el alto Tribunal apenas cuenta con 18 de los 23 magistrados que lo componen, pues no se han llenado las vacantes de juristas que han salido por finalizar su periodo, así como se suma la situación de Gustavo Malo, quien se encuentra suspendido de su cargo pues en la actualidad afronta un juicio por presuntos actos de corrupción.

Es decir, que como están las cosas para ser elegido Presidente de la Corte Suprema de Justicia se requiere consenso, pues es la única manera de alcanzar 16 de los 18 votos posibles en estos momentos. Ello no se ha logrado en varias salas plenas que se han adelantado en lo corrido del año. Quien ha estado más cerca es el magistrado Álvaro Fernando García, que ha alcanzado 14 votos.

Como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en todo 2019 ha tenido que recurrir a la figura de Presidente encargado mientras que se resuelve el asunto de la elección del titular.

El 24 de enero pasado la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó como presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, a quien le correspondió esta responsabilidad porque en estos casos se encomienda por orden alfabético.

Sin embargo, en días pasados el togado Acuña Vizcaya renunció a este encargo por motivos de salud, por ello el alto Tribunal se vio en la necesidad de nombrar un nuevo Presidente en calidad de encargado. En esta oportunidad le correspondió, por razón del orden alfabético, al magistrado Gerardo Botero Zuluaga.

En cuanto a las plazas sin llenar en la Corte Suprema, tres juristas ya terminaron su periodo de ocho años, uno más finalizará la próxima semana. También, como se dijo, el magistrado Gustavo Malo está suspendido tras ser desaforado por el Senado de la República.

Malo afronta un juicio, precisamente en la Corte Suprema, porque supuestamente hizo parte de una red criminal que habría operado en este alto Tribunal entre 2013 y 2015, presuntamente dedicada a vender fallos favorables a congresistas y otros políticos.

En días pasados, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó su preocupación por la tardanza en la Corte Suprema para elegir Presidente en el presente año.

En ese sentido, el director ejecutivo de la CEJ, Hernando Herrera Mercado, advirtió que la Corte Suprema de Justicia se “encuentra en mora de reformar su reglamento, como ya lo hizo el Consejo de Estado, a efectos de flexibilizar las mayorías decisorias para que este tipo de elecciones se puedan desarrollar de manera gil y oportuna”.

De otro lado, la CEJ ratificó su preocupación por “cuanto las pugnas al interior de la Corte Suprema que se han conocido públicamente, dilaten sin justificación alguna la obligada elección transparente y rápida de las cuatro vacantes que se encuentran en proceso de designación en esa corporación: dos en la Sala Laboral y dos en la Sala Penal”.

Como se dijo, la función electoral encomendada a las altas Cortes por la Constitución del 91 ha tenido sus bemoles en el caso de la Suprema de Justicia, como se vio en 2013, cuando alcanzó a sumar a su interior cinco vacantes sin ocupar.

En 2017 también se registró un episodio de este tipo a raíz de que la Corte Suprema debía presentar ante el Senado de la República una de las ternas pues había una plaza en la Corte Constitucional porque un magistrado finalizó su periodo de ocho años.

Desde octubre de 2016 el alto Tribunal inició las votaciones alrededor de 57 aspirantes que lograron dejar sentada su inscripción, tras superar un proceso en el cual se cotejó la documentación que aportaron y que demuestra que cumplen los requisitos para el cargo.

No obstante, una y otra vez la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fracasó en su intento de integrar las ternas por la falta de consenso entre sus togados. Solo en julio de 2017 pudo integrar esa terna.

También se ha escuchado fuera de micrófono que una de las dificultades que tendría la Corte para elegir a su Presidente para este año sería por, presuntas, maniobras de algunos magistrados que quieren que alguien de los suyos alcance esta dignidad para que pueda participar en diciembre próximo con los demás presidentes de las altas Corte en la elección del registrador nacional del Estado Civil, pues vence el periodo de Juan Carlos Galindo.

Reformar el reglamento

El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, indicó a EL NUEVO SIGLO que una solución en estos casos sería que la Corte Suprema reduzca el número de votos establecidos para alcanzar la mayoría.

“No estoy en la Corte, no sé cuáles son las razones que podrían existir en este momento para la demora. Se me ocurre más bien que lo que debería haber para evitar que ese tipo de situaciones se presenten, me parece que si en las primeras de cambio no se obtiene una mayoría se debe reducir la votación para que se favorezca una elección rápida”, dijo Arrubla.

Añadió asimismo que “en todas las corporaciones suceden ese tipo de situaciones, entonces lo mejor es buscar que en el reglamento interno de la Corte se faciliten las cosas para que pueda haber una elección rápida”.

Conformación

La Corte Suprema está conformada por 23 magistrados distribuidos de la siguiente manera: la Sala de Casación Penal tiene nueve integrantes, la de Casación Laboral tiene siete y la Sala de Casación Civil y Agraria cuenta con siete más.