Colombia se ha convertido en el principal país puente de la migración masiva y a ‘cuentagotas’ en la última década. Pero no solo por el hecho de que a nuestra nación han llegado en el último quinquenio más de dos millones de venezolanos, sino porque buena parte de los cinco millones de personas que han huido de la dictadura chavista utilizaron el territorio colombiano para hacer tránsito hacia el sur, centro y norte del continente.

Sin embargo, no es el único fenómeno migratorio que alerta al país. También está el de miles de personas que llegan a Colombia de manera ilegal para tratar de entrar a Panamá por la zona selvática del Darién y desde allí seguir a Centroamérica y Estados Unidos.

Esta crisis volvió a ponerse sobre el tapete esta semana luego de que la Unicef advirtió que la cantidad de niños, niñas y adolescentes que emigran a través de la peligrosa selva del Darién se ha multiplicado por más de 15 en los últimos cuatro años.

La denuncia se hizo tras una visita de terreno de dos días a la frontera del Darién realizada por Jean Gough, directora regional para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la agencia de la ONU, desde 2017 el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan el Tapón del Darién se ha disparado de 109 a 1.653 en 2020, con un pico de 3.956 en 2019. Esto supone 15 veces más niños, niñas y adolescentes migrando por la selva de Panamá en los últimos cuatro años.

A ello se suma que la proporción de niños, niñas y adolescentes entre la población migrante a través de esta selva ha aumentado drásticamente en los últimos años. Los niños, niñas y adolescentes representaban solo el 2 por ciento de todos estos migrantes en 2017 pero más del 25 por ciento en 2020.

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“La migración de mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del Tapón del Darién no es un fenómeno nuevo; sin embargo, esta ruta hacia Estados Unidos sigue siendo tan desconocida como peligrosa y este flujo migratorio tiende a aumentar”, dijo Gough.

Agregó que “a menos que la comunidad internacional proporcione más apoyo humanitario para abordar las causas estructurales de la migración, es probable que cada vez más familias con niños, niñas y adolescentes no tengan otra opción que aventurarse en este peligroso viaje a través del Tapón del Darién en busca de una vida mejor”.

“He visto a mujeres salir de la selva con sus bebés en brazos después de caminar durante más de siete días sin agua, comida o cualquier tipo de protección”, afirmó Jean Gough.

Agregó que “estas familias están sobrepasando sus propios límites y poniendo sus vidas en peligro, a menudo sin darse cuenta del riesgo que corren. Aquellos que consiguen finalmente cruzar esta peligrosa frontera están física y mentalmente devastados. Sus necesidades humanitarias son inmediatas e inmensas. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la dura situación de las comunidades a las que llegan, que se encuentran abrumadas y muchas veces no cuentan con los servicios básicos. Por ejemplo, visité una comunidad de 400 personas llamada Bajo Chiquito, que actualmente alberga a unos 1.400 migrantes".

La Unicef sostuvo que en los últimos 4 años, más de 46.500 migrantes han cruzado la selva del Darién, de los cuales 6.240 son niños, niñas y adolescentes.

Si bien es cierto que con las restricciones a la movilidad y el cierre de las fronteras que implementó el gobierno colombiano para frenar la curva de contagios y muertes por el covid-19 desde marzo del año pasado, este flujo migratorio por el Darién se frenó sustancialmente, lo cierto es que no se detuvo del todo.

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Un infierno

Como se sabe, la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, es una de las rutas más peligrosas del mundo debido al terreno montañoso, la fauna y los insectos, así como la presencia de organizaciones criminales.

En este aspecto, las autoridades han evidenciado que una parte del tráfico de migrantes ahora es manejado por el llamado ‘Clan del Golfo’, que controla amplias zonas del Darién, en donde hay corredores de narcotráfico, armas y contrabando.

En 2018, un informe de la Defensoría del Pueblo en nuestro país, tras una reunión con su entidad homóloga en Panamá, señalaba que Colombia es un país de tránsito para migrantes irregulares que ingresan al país provenientes en su mayoría de Asia, África, Cuba y Haití.

Según la Defensoría, la mayoría de los migrantes de África y Asia partían desde sus países de origen hasta Egipto o París y de allí a Brasil o Ecuador, donde no les exigen visa.

“Cuando están en Ecuador o Brasil, llegan a Colombia en transporte público o en vehículos suministrados por las redes de tráfico de migrantes, que los llevan directamente a puertos no autorizados de la región de Urabá y posteriormente navegan por el golfo de Urabá hasta las playas de Capurganá en embarcaciones (pangas) que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para realizar este trayecto que puede tardar hasta dos horas”, denunció la Defensoría regional de Urabá.

Señaló que el trayecto final entre Capurganá y Panamá a través de la región del Darién se hace en una travesía que puede tardar entre seis y ocho días a través de la selva bajo el asedio constante de redes de tráfico ilícito de migrantes, redes de narcotráfico, grupos armados organizados y los peligros propios de la selva.

En el caso de Brasil el ingreso tiene lugar por Leticia, desde donde navegan hasta Puerto Asís (Putumayo) y desde allí toman transporte terrestre para llegar a Turbo pasando por Pitalito, Neiva, Ibagué y Medellín.

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En ese entonces la mayoría de los migrantes irregulares ingresaba por Ipiales en la frontera con Ecuador, desde donde realizaban una travesía en transporte terrestre pasando por Pasto, Popayán, Cali, Pereira y Medellín hasta llegar al municipio de Turbo, en el golfo de Urabá.

Como desde noviembre de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá inició la restricción de la frontera a migrantes indocumentados y comenzaron la deportación de estos hacia Capurganá, la mayoría regresaron a este corregimiento y Turbo. Muchos esperan allí hasta que los "coyotes" encuentren una nueva ruta sin presencia de autoridades panameñas para ingresar a ese país.

Según lo denunció entonces la Defensoría, en Capurganá estas personas son albergadas en hoteles abandonados, en casas, fincas e incluso en improvisados cambuches (casas construidas en plástico) ubicadas en el monte para mantenerlos ocultos de las autoridades locales, lo cual les hace más vulnerables ante las redes de tráfico ilícito de migrantes.

En 2018 se tenía una estimación de que a diario llegaban a Capurganá un promedio de 40 a 50 migrantes. Esta cifra variaba si hay operativos de las autoridades. También se constató que el trayecto realizado por los migrantes desde su país de origen hasta la frontera Colombo-panameña tiene un valor de 7.000 a 10.000 dólares para africanos y de 18 mil a 20 mil dólares para asiáticos.

El trayecto de Turbo a Capurganá, para quienes utilizan transporte público, tiene un valor de $70.000; pero para los migrantes les cuesta entre 300 y 1.000 dólares dependiendo la nacionalidad.

De 2018 hacia acá se ha evidenciado un aumento sustancial de los migrantes venezolanos, que quieren llegar a Centroamérica para instalarse en alguna nación de la zona o seguir rumbo a la frontera sur de Estados Unidos.

Múltiples amenazas

La propia Unicef reconoce que los migrantes que quedan atrapados en ella están expuestos a múltiples amenazas, incluida la muerte. En este contexto, las mujeres, especialmente las embarazadas, al igual que los niños, niñas y adolescentes, son los más vulnerables. Por ejemplo, a finales del año pasado, se registraron los primeros casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Lo más grave es que se advierte que por cuenta de las repercusiones socioeconómicas con la pandemia, unidas a la violencia, el desempleo, el racismo, la xenofobia y los fenómenos climáticos extremos, la pobreza y la crisis socioeconómica aumenten, empujando a “más familias a emigrar al norte en los próximos meses”.