En una coyuntura difícil para Bogotá, ayer Probogotá Región presentó el “Informe Anual de Seguridad en Bogotá 2021: seguridad en la pospandemia” en el que se analizó el comportamiento de este tema en la ciudad durante el año en el que los capitalinos volvieron a salir a las calles tras los confinamientos impuestos por la pandemia del covid-19.
El informe comenzó por advertir que tras una caída inédita en el comportamiento de la mayoría de las conductas delictivas en el 2020, por cuenta de las condiciones especiales de confinamiento, el año 2021 presentó un repunte en los registros.
Por lo mismo, el documento mostró que, para 2021, crecieron los delitos que afectan la integridad de las personas: el homicidio aumentó un 8,8% (1.128 casos), el hurto a personas un 28,6% (106.917 casos), el hurto de automotores un 9,1% (3.741 casos) y las lesiones personales se incrementaron un 24,6% (21.846 casos).
Frente a este panorama general, el Informe Anual de Seguridad de Bogotá 2021 puso sobre la mesa 15 alertas tempranas para la ciudad, distribuidas en tres grandes dimensiones: entorno, comportamientos criminales y servicios de seguridad, convivencia y justicia.
En lo que tiene que ver con el entorno, se advierte sobre el desorden urbano, la seguridad en el transporte público así como en el espacio urbano, con más de 500 frentes de obra abiertos, la protección de multitudes y espectáculos masivos, y la protesta social.
“Estos son los elementos de mayor preocupación para nosotros porque pasada la pandemia el estado de ánimo social es bastante inestable. Hemos tenido golpes económicos y emocionales, pero sobre todo tuvimos un gran periodo de encierro que impactó nuestro relacionamiento. Eso hace que los eventos masivos enfrenten alto riesgo de inestabilidad”, afirmó César Restrepo.
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Con respecto a los comportamientos criminales, el microtráfico es una de las alertas más importantes, pues se trata de una dinámica que está fortaleciendo los circuitos delincuenciales de la ciudad y se ha constituido como “el cajero electrónico del crimen”; gracias a este delito, organizaciones que antes no tenían acceso a armas, ahora están ejerciendo violencia de manera indiscriminada.
Otra variable que se destaca es la extorsión, un delito que, según las cifras, disminuyó; sin embargo, la caída de los casos se presentó en los meses de noviembre y diciembre de 2021, lo cual podría obedecer a un rezago en los registros.
Asimismo, el informe alerta sobre la violencia sexual, un delito que aumentó, pero del que solamente se conoce la “punta del iceberg”, teniendo en cuenta que hay una visión en la opinión pública de que estos crímenes son mayoritariamente ejercidos contra mujeres, lo cual deja por fuera del análisis a otros géneros.
Y sobre los servicios de seguridad, convivencia y justicia, una de las grandes alertas advertidas en el informe tiene que ver con prestar atención al reclutamiento de menores para el crimen, pues la desescolarización y el desempleo, agudizados por la pandemia, han llevado a muchas familias a necesidades extremas en momentos de desocupación que son aprovechados por los criminales.
Asimismo, se alerta sobre el hacinamiento en centros de reclusión, una situación que atenta contra los derechos humanos de los reclusos y que pone en peligro latente la integridad de los ciudadanos que viven en esos entornos; y se solicita la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, el incremento del pie de fuerza y las garantías para la participación ciudadana, entre otras.