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Cortesía
Lunes, 3 de Abril de 2023
Redacción Política
- ERRÓNEA LECTURA ELECTORAL: El accidentado ritmo de la gestión gubernamental tiene una de sus principales causas en que el Gobierno considera que haber ganado la elección presidencial en junio de 2022 le dio no solo todo el poder político sino, además, que ese dictamen de las urnas avaló todo el compendio de reformas del “cambio”. En ese orden de ideas, da a entender que la negativa del Congreso a aprobar las iniciativas tal como las radica el Ejecutivo o los controles que ejerce el Poder Judicial, a través de la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, atentan o violentan ese mandato popular. Es una lectura errónea. De un lado, desconoce la separación y autonomía de los poderes. Y de otro, se olvida que si bien Petro ganó la Casa de Nariño con 11,3 millones de votos, hubo 10,6 millones por Rodolfo Hernández y 500 mil más en blanco. Esto significa, entonces, que 11,1 millones de sufragios no fueron por el hoy presidente ni sus propuestas. En cuanto a las parlamentarias, la situación es más diciente: hubo 18,9 millones de votos (16,9 millones válidos y 1,07 millones en blanco). Es decir, que votó más gente por el Congreso que por Petro. Además, el Pacto Histórico solo sumó 2,8 millones. Este fue el capital político legislativo real de las reformas petristas. El grueso en las urnas lo sumaron partidos de centro izquierda (Alianza Verde), centro (liberales) o centro derecha (conservadores, Cambio Radical y la U), la mayoría de ellos con candidatos compitiendo en coaliciones presidenciales aparte y con un discurso casi antipetrista, ajeno a sus reformas y propuestas. No hubo, en consecuencia, ningún mandato popular mayoritario por el “cambio”.
- MALA NOCIÓN DE CONCERTACIÓN: La principal queja de los partidos políticos, sobre todo de los que hacen parte de la coalición, se refiere a que son citados a la Casa de Nariño, hablan directamente con el presidente Petro, analizan los textos de los proyectos de ley y acto legislativo y, tras todo ello, obtienen compromisos del jefe de Estado y los ministros sobre los ajustes a las iniciativas. Incluso, esos pactos luego son anunciados en sendas ruedas de prensa, con fotos y apretones de mano. Sin embargo, cuando los articulados llegan al Congreso, nada o muy poco de lo acordado se incluyó. Más allá de las explicaciones primarias e inmediatas en torno a que hay un presunto manoseo e irrespeto a las colectividades, o la de que los ministros son intransigentes y tratan de imponer sus criterios a rajatabla, en el fondo lo que ocurre es que el presidente y su gobierno no quieren concertación sino adhesión a sus posturas, que están marcadamente ideologizadas y atadas a un libreto único e inamovible del “cambio”. Por ejemplo, la mayoría de iniciativas gubernamentales –caso típico de las reformas de salud, pensional y laboral– coinciden en un viraje a la preponderancia de lo público y la disminución de la participación del sector y capital privado en dichos sistemas. Cualquier propuesta de ajuste que se aparte radicalmente de esos lineamientos no es aceptada o apenas si se admiten fórmulas de consenso menores o muy limitadas. En ese escenario, es imposible cualquier concertación real y concreta. Con los gremios económicos se repite la misma película: se habla de encontrar consensos y, al final, las reformas solo se basan en las tesis gubernamentales.
- DESARTICULACIÓN DE PROCESOS Y METAS: Si se analiza por qué se hundió la reforma política y el viacrucis que recorren las de salud y pensional, se evidencia que hay un lesivo margen de improvisación en la presentación de las iniciativas. Muchas de ellas se ajustan por el camino, a última hora, sin contar con el resto de los ministros ni con un análisis de las implicaciones transversales en materia institucional y fiscal. También hay una inclinación a desconocer competencias y facultades de los poderes Legislativo y Judicial. A ello se suma que prima una marcada verbalización de los objetivos generales, tanto por parte del presidente, como de sus ministros y líderes de bancada, pero a la hora de aterrizar esas metas en articulados y propuestas concretas, las cosas se enredan. Es patente que el Gobierno sabe qué tipo de cambio quiere hacer, pero no parece tener una hoja de ruta definida para implementarlo de manera ordenada, lógica y viable. No hay método definido de trabajo, tampoco de concertación política ni de socialización con la ciudadanía. Prueba de ello son los bandazos en políticas como las de “paz total”, el fallido decreto para intervenir la CREG, los reversazos ministeriales en aspectos de alto impacto público, así como la mala gestión de algunas crisis y escándalos. Se nota, igualmente, una tendencia a que el discurso presidencial (con la preponderancia por el Twitter) va más rápido que la implementación de las políticas, pues esto último exige unas formalidades institucionales a cumplir obligatoriamente. Precisamente por ello en algunas coyunturas el Ejecutivo pareciera querer saltarse el Estado de Derecho y se inclina más por acudir a la tesis del “Estado de opinión”, en donde prime el voluntarismo gubernamental sobre el orden institucional.
- DEFICIENTE MANEJO DE LA COALICIÓN: Difícilmente se puede entender que una coalición gubernamental que, en el papel, tiene casi 80 de 107 curules en el Senado y 140 de las 187 de la Cámara haya registrado el hundimiento de una de las reformas clave (la política), tenga en vilo la de salud, en tanto que asoma un tránsito crítico para la pensional y los proyectos judiciales (“humanización” carcelaria y ley de sometimiento de bandas multicrimen). ¿Qué pasa? Los analistas advierten que la Casa de Nariño, en cabeza del propio Petro y su ministro del Interior, Alfonso Prada, no ha sabido manejar los hilos de la coalición. De un lado, hay fisuras evidentes dentro del Pacto Histórico, teniendo de un lado las posturas y preponderancia del presidente del Senado, Roy Barreras, y del otro el ala más de izquierda y radical, que no comparte el pragmatismo y transaccionismo político del primero. A ello se adiciona que la coalición de la Centro Esperanza también tiene divisiones, sobre todo entre los verdes más independientes (como Ariel Ávila y “Jota Pe” Hernández). La deficiente concertación de las reformas ha llevado, igualmente, a fricciones con conservadores, la U y, sobre todo, con el expresidente César Gaviria, jefe único liberal. La mala lectura política y electoral llevó al Gobierno y al Pacto Histórico a creer que la coalición marcharía ordenada al llegar las grandes reformas del “cambio”, pero hoy se estrellan con una realidad: la alianza multipartidista se basa en acuerdos mecánicos y con trasfondo burocrático, pero no en pactos programáticos ni ideológicos. Esa circunstancia explica las fisuras y los problemas de la gobernabilidad en la agenda legislativa.
- TRANCÓN DE REFORMAS: En ese mal manejo de la coalición es claro que hay un elemento que contribuye de forma sustancial: la decisión del Gobierno de sobrecargar la agenda legislativa para este año. Semana tras semana, desde el pasado 7 de febrero cuando arrancaron las sesiones extraordinarias, ha venido quedando claro que fue un riesgo muy alto radicar para un debate simultáneo las reformas a la salud, luego la laboral y después la pensional. Las tres llegaron al Congreso con una diferencia de pocas semanas, pese a tratarse de cambios de fondo y con múltiples implicaciones en aspectos políticos, económicos, sociales e institucionales. Pero no son solo estas iniciativas: también están en trámite el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, la adición presupuestal por más de 23,2 billones de pesos, así como los proyectos de “humanización carcelaria” y de ley de sometimiento a la justicia para bandas multicrimen, tipo ‘Clan del Golfo’. Ese maremagno de proyectos está motivado por el afán del Ejecutivo por aterrizar la agenda del “cambio”, más aún teniendo a escasos meses las elecciones regionales y locales de octubre, en donde la prioridad es forzar también un cambio en el mapa político territorial. Sin embargo, en materia política, sobrecargar la agenda ha sido negativo, ya que ha limitado la posibilidad de análisis de fondo a los proyectos, lo que genera muchas reservas en los partidos de la coalición (sobre todo en los de centroderecha), atenta contra la misma calidad de las iniciativas y aumenta el riesgo de vicios de forma y fondo. También provocó un ambiente de incertidumbre en el país al ver a un Ejecutivo condicionando al Congreso, amenazándolo con ponerle presión popular y forzándolo a que apruebe los proyectos bajo la tesis peregrina de que tienen un “mandato popular”.
- NO HAY CERTEZA FISCAL DE LAS REFORMAS: En un punto que se conecta mucho con el de la falta de articulación gubernamental y el riesgo que significa no contar con un método de acción política ordenado, otra de las mayores falencias de los proyectos de reforma –que no solo ha complicado su andar legislativo, sino creado amplios frentes de resistencia gremial y nacional– se refiere a que los cálculos sobre sus costos en materia fiscal no han sido claros. Por el contrario, carteras como las de Salud y Trabajo han radicado sus reformas sin tener a la mano cifras objetivas sobre cuánto le costará al erario a corto, mediano y largo plazos la implementación de los cambios sanitarios, laborales o pensionales. La diferencia billonaria entre los cálculos del Ministerio de Hacienda y las proyecciones que lanzan los gremios, Fedesarrollo, ANIF, universidades y expertos, genera un clima de incertidumbre nacional en torno al verdadero alcance de las modificaciones que se están planteando. Al tratarse de conceptos técnicos y no políticos, esa contradicción no ha hecho más que aumentar los interrogantes sobre si el Gobierno sabe exactamente cuáles serán las implicaciones económicas de modificar los sistemas de salud, pensional y laboral. Igual ocurre con los estudios sobre incrementos de costos de nómina, empleos a generar o perder, impacto en las finanzas territoriales, realidades de mercado o incluso de afectación o beneficio en el bolsillo de las familias.
- BANDAZOS EN TÉCNICA LEGISLATIVA: La decisión de sobrecargar la agenda legislativa, la falta de un método claro de acción política y el deficiente manejo de la coalición mayoritaria tienen como consecuencia que la radicación y el trámite de las reformas y demás iniciativas sean, por decir lo menos, atropellados. Por ejemplo, no hay claridad en cuanto a si los proyectos de reforma a la salud son de carácter estatutario u ordinario. No es un asunto menor, ya que si resultara lo primero –como lo advierten varios partidos, congresistas y juristas–, todo esfuerzo que se haga en las comisiones séptimas de Senado y Cámara resultará fallido. Un campanazo que resulta aún más sonoro luego de que la Corte Constitucional anunciara que, en adelante, proyecto de ley o acto legislativo que sospeche es inexequible o produciría una grave afectación, será suspendido en su aplicación hasta que emita un fallo en firme. Igual pasa con el alud de facultades extraordinarias que se están pidiendo para el presidente en distintos proyectos de reforma y ley. De otra parte, el fiscal general ha advertido que algunos aspectos de los proyectos judiciales son claramente inconstitucionales y no resistirán el examen de exequibilidad en la Corte. Incluso, en el fallido proyecto de reforma política se acusó al propio Pacto de introducir artículos que no solo rayaban en la grave anomalía de legislar en causa propia y atentaban contra la transparencia electoral y democrática, sino que eran ‘micos’ evidentes que viciaban el articulado y lo condenarían al fracaso, como finalmente ocurrió.
- ¿CAMBIO DEBE SER TRAUMÁTICO?: Al analizar cuál es la génesis de la poca disposición del Gobierno a la concertación real y efectiva de sus reformas, se trasluce que hay una tendencia en la Casa de Nariño, el gabinete, el Pacto Histórico y los principales operadores políticos de la centroizquierda a creer que si se busca un punto de consenso sobre el alcance y énfasis de las modificaciones que plantea el gobierno del “cambio” se están traicionando o demeritando las promesas electorales de hacer modificaciones de fondo en aspectos políticos, económicos, sociales o institucionales. En otras palabras, partiendo de un esquema mental anacrónico y sesgado, parece que el Gobierno pensara que concertar una reforma es ceder al ‘establecimiento’, al ‘statu quo’, a los ‘sectores privilegiados’, a los ‘enemigos del cambio’, a los ‘derrotados en las urnas’… En ese orden de ideas, se proyecta que el cambio debe ser traumático, producir estremecimiento, chocar contra lo establecido, romper paradigmas, revolucionar los sistemas… Es decir, todo lo contrario a la premisa que más han repetido partidos, gremios, sector privado, instituciones y grandes sectores de la sociedad en los últimos meses: construir sobre lo construido. La tendencia confrontacional permanente es la que cierra las puertas a un “cambio” ordenado, con periodos de transición cuidadosos que eviten el riesgo de saltos al vacío o crisis sobrevinientes por efectos no contemplados de las reformas, en donde el país caiga, como se dice popularmente, en escenarios en donde es peor el remedio que la enfermedad.
- LA CALLE VERSUS LAS INSTITUCIONES: A medida que el margen político se la ha ido complicando al Gobierno para avanzar su proyecto de “cambio”, el presidente Petro ha ido acudiendo, cada vez con más frecuencia, a la tesis de que ante los peros del Congreso, el Poder Judicial y la oposición de muchos sectores a las reformas, deben ser las masas populares las que salgan a las calles para presionar la aprobación de los proyectos. Lo hizo el día en que pronunció su inédito discurso desde un balcón de la Casa de Nariño, también cuando envió al Congreso las reformas y ahora tiene en la mira las movilizaciones sindicales del próximo 1 de mayo, con ocasión del Día del Trabajo. Es, sin duda, una estrategia arriesgada, no solo porque afecta la autonomía e independencia del Congreso, sino porque por más que las bancadas llegaran a ceder a la presión, al final sus directivas y sus propios límites ideológicos y programáticos harían las veces de freno de mano para la aprobación de reformas que consideren inconvenientes. Pero más aún, ya el 14 de febrero el Gobierno llamó a estas movilizaciones en todo el país, con una asistencia menor a la esperada. Un día después, la oposición y sectores críticos de las reformas salieron a las calles en un número superior a las marchas petristas, un hecho que tuvo una significancia política muy alta y evidenció que el Ejecutivo, a la hora de la convocatoria popular, no las tiene todas consigo. Insistir en esa estrategia en momentos en que las reservas por las reformas y la gestión gubernamental son más altas (al tenor de las encuestas), podría resultarle muy contraproducente al Gobierno.
- PESO DE COYUNTURA FRENTE A LARGO PLAZO: Una circunstancia que, sin duda, ha contribuido a complicar el escenario para las reformas es la referida a distintas crisis que hoy priman en las urgencias de la ciudadanía. Urgencias que, a su vez, llevan a que la opinión pública esté más concentrada en que el Gobierno solucione esas problemáticas inmediatas que en lo que pueda llegar a pasar con las reformas, cuyos efectos se verán a mediano plazo. Entre esas urgencias hay algunas con un impacto superlativo en el día a día de los colombianos, como la escalada inflacionaria, la escasez de medicamentos, la crisis en el sector aéreo, el desempleo, los problemas con los subsidios de vivienda, el ‘paro minero’, el aumento de las tarifas de servicios públicos, la seguidilla de alzas en la gasolina, auge de narcocultivos… A todo lo anterior hay que sumar el aumento de los índices de inseguridad y desorden público en distintas zonas del país, que tiene a una parte importante de la población desesperada. Al mismo tiempo, gobernadores, alcaldes y autoridades han advertido que una parte de ese deterioro se debe a los ceses el fuego y otras medidas de la política de “paz total”. Y, como si lo anterior fuera poco, es innegable que los escándalos de corrupción y otras polémicas en el alto gobierno han impactado la opinión pública, sembrando dudas sobre la transparencia del discurso del “cambio” y los fines últimos de las reformas.