Pese a que desde el 20 de septiembre y el 24 de diciembre pasados la Registraduría Nacional avaló el número de firmas necesarias para convocar a las urnas la revocatoria de mandato de los alcaldes de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, y de Medellín, Daniel Quintero, respectivamente, estos procesos siguen empantanados. 

La situación resulta contradictoria frente a los términos establecidos en la ley para la materialización a los ciudadanos de este derecho de participación, contemplado en la Constitución, por medio del cual tienen la posibilidad de que así como eligen a sus gobernantes, les pueden revocar el mandato si hay incumplimiento del programa de gobierno o insatisfacción generalizada por su gestión.

La Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece que la jornada en las urnas de revocatoria del mandato deberá realizarse dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por la Registraduría en lo concerniente a que el comité promotor cumplió con el requisito exigido por la norma del número de firmas de ciudadanos apoyando la iniciativa. 

En Cúcuta 

La revocatoria del mandato del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, ha estado plagada de inconvenientes para su realización que han llevado a una serie de aplazamientos. En este momento el proceso está paralizado. 

Inicialmente la votación de la revocatoria estaba fijada para el pasado 12 de diciembre, pero la Registraduría Nacional pidió su aplazamiento porque dijo no contar con los recursos para llevarla a cabo.  

Entonces, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, fijó para que se efectuara el 5 de enero de este año, empero el pasado 27 de diciembre la Registraduría Nacional solicitó un nuevo cambio de fecha, debido a que por la vacancia judicial que había en ese momento era imposible que el Tribunal Superior de Cúcuta designara a los integrantes de la comisión escrutadora y los claveros.  

Como consecuencia, los miembros del comité ciudadano que impulsa la revocatoria presentaron una tutela ante un juez exigiendo la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política. Entonces el juez ordenó al Gobernador fijar una fecha para la realización de esta jornada.  

Producto de ello, el Mandatario nortesantandereano estableció que se realizara el 23 de enero pasado; sin embargo, poco después la Registraduría explicó que en esta fecha tampoco se podría hacer debido a la vacancia judicial.  

Fue entonces que el Gobernador de Norte de Santander hizo otra reprogramación de la jornada en las urnas para el 30 de enero pasado, pero la Registraduría pidió correr la fecha porque en ese momento no contaba con los recursos. 

Empero la entidad poco después señaló que ya tenía los recursos económicos para hacer la revocatoria. No obstante, insistió en que no alcanzaba a realizar la contratación y la logística necesaria para que el evento fuera el 30 de enero pasado; por tanto, reiteró su solicitud al Gobernador de Norte de Santander para que trasladara la fecha.

“Tras el ingreso de los recursos esta semana por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciará el proceso de contratación para la logística de la revocatoria del mandato del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez”, indicó la Registraduría en esa oportunidad. 

Agregó la entidad que como consecuencia le solicitaba al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, fijar la fecha para la revocatoria. 

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Incluso en esa comunicación el registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, le sugiere al gobernador Serrano una fecha para la realización de la jornada de revocatoria. 

Propuso que en aras de cumplir con la iniciativa y garantizar que “material y jurídicamente se pueda realizar”, la votación se programe para el 27 de marzo, después de las elecciones de Congreso de la República. 

Sin embargo, la Gobernación de Norte de Santander, por medio del secretario jurídico, Johan Ordóñez, fue enfática en responder a la Registraduría que “en el marco de nuestra competencia, no es dable revocar el decreto que estableció la fecha de la votación del proceso para el 30 de enero y mucho menos fijar una nueva fecha”. 

Agregó que el 30 de enero se fijó atendiendo el fallo de un juez que resolvió una tutela que presentaron los promotores de la iniciativa. 

En este tire y afloje de la Gobernación de Norte de Santander y la Registraduría por la fecha de realización de la revocatoria del Alcalde de Cúcuta, llegaron las elecciones legislativas y como que todo el mundo se olvidó del tema. 

Y podría seguir así, teniendo en cuenta que ahora vienen las elecciones presidenciales. 

El hecho es que si esta revocatoria no se hace antes de junio del presente año, no se podría luego, porque la norma establece que no se puede revocar el mandato de un gobernante cuando le resten 18 meses de su periodo. 

En Medellín 

La iniciativa para revocar el mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no ha tenido menos inconvenientes que la que se adelanta en Cúcuta contra Jairo Yáñez. 

En febrero pasado, la Registraduría Nacional certificó nuevamente las firmas necesarias para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, quien había denunciado previamente que al menos 30 mil de ellas eran inválidas. 

Luego de una tercera revisión de la entidad, retiró 361 rúbricas y avaló un total de 132.547, con lo que dejó en firme el proceso, donde la ciudadanía decidirá en una consulta la continuidad del Mandatario. 

El Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá había ordenado la verificación de las firmas tras una solicitud de la defensa del alcalde Daniel Quintero. 

En principio, el comité promotor de la revocatoria recolectó 383.685 rúbricas, de las cuales se habían avalado anteriormente 132.908, de las 91.211 mínimas necesarias para llamar a elecciones. 

Queda por verificar las cuentas del comité promotor, por las que el Consejo Nacional Electoral decidió suspender el proceso por una supuesta financiación irregular. 

Certificación del CNE

En los últimos días el Tribunal Superior de Antioquia falló una tutela que presentó el comité promotor de la revocatoria del alcalde Quintero. Como consecuencia ordenó al Consejo Nacional Electoral en un plazo de 10 días entregar la certificación sobre la financiación que realizó dicho comité para la recolección de las firmas. 

No obstante, el Consejo Nacional Electoral impugnó esta decisión del Tribunal solicitando que se “declare la improcedencia de la acción de tutela", pues considera no existe “vulneración de derechos fundamentales”.