Un día después de que el Gobierno expidiera el Decreto 380 por medio del cual establece el protocolo para reanudar las fumigaciones aéreas a sembradíos de coca con glifosato, en donde cuida que no se afecte la salud de las personas ni el medio ambiente, ayer la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) modificó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

De esta forma solo queda por lograr la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes para que la administración Duque pueda reanudar las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos, las cuales fueron suspendidas en 2015 por el gobierno Santos, atendiendo razones de precaución, pues estudios de una agencia  adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontraron que el glifosato tendría efectos cancerígenos en las personas.

El Consejo Nacional de Estupefacientes revisará si el protocolo que estableció el Gobierno nacional para revivir la fumigación aérea a cultivos ilícitos atiende los requisitos que estableció la Corte Constitucional en una sentencia del 2017, en total seis, de los cuales dos de los principales son que el herbicida que se emplee no afecte la salud de las personas ni el medio ambiente.

El Gobierno nacional tiene pensado hacer fumigación de precisión en algunas regiones del país como el Pacífico, Putumayo y el Catatumbo, sobre cultivos considerados de tipo industrial, es decir de grandes extensiones, excluyendo territorios de alto valor ambiental como los parques naturales y reservorios de agua, entre otros.

De forma paralela seguirán las otras estrategias que ha llevado a cabo el Gobierno para reducir los cultivos ilícitos, cifrados en 154.000 hectáreas a diciembre 31 de 2019, como son la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria.

A pesar de que las fumigaciones aéreas están suspendidas desde el año 2015, el PMA del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG) se mantiene vigente desde el año 2001, pero ahora, como se dijo, fue modificado por la ANLA mediante Resolución No. 694 del día de ayer, tras una serie de actuaciones que se iniciaron en 2019, después de que la Policía Nacional hiciera una solicitud en este sentido.

Luego de recibir el Estudio Ambiental por parte de la Policía Nacional, la ANLA realizó, adicionalmente, un análisis en materia de suelo y agua, sustentado en los más de 12 años de monitoreo, producto del control y seguimiento que realizó la Autoridad, previos a la suspensión de la actividad de aspersión área.

En virtud del Decreto 380 del 12 de abril de 2021 expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente, en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, la ANLA estableció el Plan de Manejo Ambiental General y la Policía Nacional deberá presentar a la Autoridad, antes de iniciar actividades, los Planes de Manejo Ambientales Específicos, por cada área de intervención del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.

Lo que sigue

La ANLA puso de presente que la Resolución 694 del día de ayer “no reanuda el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato. El Gobierno Nacional deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto No. 387 de 2019, relacionados con el diseño y puesta en marcha de un proceso decisorio que evalúe los riesgos a la salud y al medio ambiente, entre otros”.

Agregó que el cumplimiento de estos requisitos será verificado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de decidir si se reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.

Asimismo, en caso de que el Consejo Nacional de Estupefacientes reanude el programa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidirá sobre el levantamiento de la suspensión impuesta en la Resolución 1214 de 2015.