De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el seguimiento que se le hace al Programa de Alimentación Escolar (PAE), junto al Ministerio de Educación Nacional y a su Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, se detectó que en 11 de las 96 Entidades Territoriales Certificadas no se ha iniciado la prestación del servicio y en cinco más no se está operando al 100%.

Adicionalmente, se especificó que estas entidades están distribuidas en municipios de Caquetá, Córdoba, Cesar, Magdalena, Huila y Sucre.

Se ha comprobado que la alimentación escolar es uno de los aspectos que contribuye, no solo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a optimizar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -Simat- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y aportar, durante la jornada, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.

En este sentido, la Contraloría General de la República viene realizando un seguimiento preventivo y además adelanta las investigaciones pertinentes en lo que va corrido del 2022, para evitar cualquier tipo de corrupción o de mal uso de los recursos asignados para los niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

De este modo, la entidad detectó que cerca de un millón de estudiantes aún no recibe la prestación del servicio de alimentación escolar, “hecho lamentable, considerando que debía estar iniciando con el calendario académico, además de que se está pagando cerca de 1,2 billones de pesos para la alimentación escolar de los niños en el país y aún hay instituciones en donde no se contrata al servicio”, así lo afirmó a EL NUEVO SIGLO Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.

De igual forma, el funcionario dijo que “la Contraloría alertó en su momento respecto a entidades territoriales como es el caso de Buenaventura y, así mismo, finalizando marzo, quedan pendientes por la prestación del servicio instituciones en los departamentos de Caquetá, Cesar, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Sincelejo y Sucre, lo que se suma a las investigaciones que se vienen adelantando desde la entidad”.

De otro lado, en el seguimiento realizado en 2022, se encontró que el 16% de las instituciones educativas visitadas carece de unas instalaciones adecuadas de cocina; además el 26% no cuenta con instalaciones propias de almacenamiento; a su vez un 15% tiene dificultades con los comedores dispuestos para los estudiantes y el 22% no cuenta con un buen manejo de refrigeración.

De igual manera, según el delegado Pineda, el 37% de estas instituciones educativas no tienen comités de alimentación y un 77% carece de veedurías para efectos de realizar un control social por parte de las instancias del gobierno escolar. Así mismo, municipios como Sáchica, Belén, Soatá, Socotá, Castilla La Nueva y Caparrapí presentan dificultades en la calidad de los alimentos, tal como se evidencia en el reporte que adelanta la contraloría junto con la Unidad de Alimentación Escolar.

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En este sentido, es importante recordar que a través de este organismo se realiza la asignación de recursos a las 96 entidades territoriales para que presenten un servicio de calidad y de manera oportuna. Este beneficio debe darse a los niños 180 días calendario.

Otro aspecto que es importante, y ayuda en la prevención y detección de irregularidades en los contratos, es que durante el 2022 se ha fomentado una mayor denuncia con relación a las irregularidades del PAE. Según Luis Carlos Pineda, esto se debe a que “hoy en día la ciudadanía tiene más actividad en las redes sociales, y en este sentido pueden hacer denuncias que tienen que ver con el programa tanto en la calidad como en la forma oportuna en que se brinda a los estudiantes”.

De otro lado, la Contraloría ve con ojos de preocupación que en la actualidad aún existan entidades territoriales que no han contratado los servicios de alimentación escolar y que esta situación persista después de los llamados que se han hecho desde la Unidad de Alimentación y desde la misma Contraloría. Además, también preocupa que algunas instituciones que ya están dando este servicio a los menores, no tengan alimentos de la mejor calidad.

También advierte que la vigilancia de este programa, que beneficia a la comunidad infantil a lo largo y ancho del país, depende de todas las entidades territoriales certificadas así como de los órganos de control que desde su ejercicio propio de vigilancia, control y sanción garantizan una mayor cobertura y calidad para los niños, teniendo en cuenta que la alimentación hace parte del servicio esencial de educación y esto no debe entenderse como un tema subsidiario, sino como una posibilidad de generar un mejor ejercicio del derecho a la educación de los niños y adolescentes del país.

Sanciones

Desde las Entidades Territoriales Certificadas se adelantan los procesos de sanción por incumplimiento o irregularidades en los contratos. También existen sanciones en el ámbito de responsabilidad fiscal, cuando los recursos no se ejecutan de manera adecuada o como lo ordenan los órganos de control. “En este sentido, en los departamentos del Huila, Putumayo y La Guajira, se espera verificar si se ha hecho mal uso de los recursos públicos que se deberían disponer para alimentación escolar, o con aquellos que no cumplen con los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Educación y  la Unidad de Alimentación Escolar”, aseguró Pineda.

La recomendación de la Contraloría

El llamado que se hace desde el ente regulador es a que las Entidades Territoriales Certificadas tengan en cuenta todas las situaciones asociadas al principio de planeación, para garantizar el cubrimiento total de la alimentación escolar en los 180 días calendario; así mismo, a los prestadores y operadores que brinden estos servicios, teniendo en cuenta las minutas nutricionales y considerando que los alimentos deber estar en buenas condiciones y tener la mejor calidad.

Adicionalmente, recomienda a toda la ciudadanía, incluyendo a padres de familia e instituciones y gobiernos escolares, que se fomente el control social, ya que es un tema que no solo compete a los ocho millones de niños beneficiados en el país, sino que es un derecho que se debe salvaguardar en conjunto, con todos los órganos de control para evitar que exista corrupción o desvío de recursos que pertenecen a este tipo de programas.