El magistrado del Consejo Nacional Electoral Renato Contreras, el mismo que el pasado jueves pidió a la Sala Plena de la corporación sancionar al senador Gustavo Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña  presidencial de 2018 por recibir aportes de funcionarios públicos, denunció en su cuenta de Twitter que ha recibido amenazas de muerte.

Así lo confirmaron tanto el propio tribunal como el afectado. El CNE denunció: “#Atención. El Consejo Nacional Electoral rechaza categóricamente las amenazas en contra del magistrado @Recortt a través de la red social Twitter. Solicitamos a @FiscaliaCol una pronta investigación para dar con los responsables”.

Según reveló el alto tribunal, las amenazas provienen de la cuenta en Twitter a nombre de una persona que se hace llamar ‘Jesús de los Ríos’ quien publicó dos trinos. En uno dice: “No le da ni la más mínima vergüenza a usted señor magistrado de tener ganas de sacar a Petro de la contienda política sin razón alguna. Gáneselo en la contienda electoral pero no con altas mañas”. Y en un segundo trino agrega: “Se va a morir”.

Por su parte, el jurista amenazado también confirmó las intimidaciones en una entrevista radial: “El día de hoy efectivamente he recibido a través de mi cuenta de Twitter un mensaje amenazante donde dice que me voy a morir, al final de cuenta todos nos vamos a morir algún día. Sin embargo, ese mensaje es antecedido por otro en el cual hace referencia a la situación generada como consecuencia de la ponencia presentada en relación con el caso de Gustavo Petro. Creo que son dos circunstancias que están íntimamente relacionados y por lo tanto he informado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, a efectos de que tomen las medidas pertinentes para garantizar mi seguridad”, explicó el magistrado.

Las amenazas contra el magistrado se conocieron apenas unas horas después de que Contreras proyectara ante la Sala Plena del CNE una ponencia en la que pide se sancione con $14 millones a Petro por violación de los topes electorales en su pasada campaña presidencial.

Obviamente, el CNE le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue las supuestas amenazas y que refuerce el esquema de seguridad del magistrado Contreras.

Al cierre de esta edición no se conocía ninguna reacción del senador de la Colombia Humana sobre las amenazas a su investigador, salvo los dos trinos que publicó el jueves en la noche cuando supo de la ponencia de Contreras.

En uno de ellos dice Petro: “¡Atención! Esta denuncia debe tener toda la resonancia internacional. Integrante del uribismo en el Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras pide mi inhabilidad política por recibir dineros prohibidos en campaña. Los dineros son 300.000 pesos de dos maestras, según él mismo”.

Y en el otro agrega: “Lo que busca el señor Renato Contreras representante del uribismo en el Consejo Nacional Electoral, al definir que el aporte de dos maestras por 300.000 pesos es una financiación ilegal de mi campaña, es establecer la base de un delito por el cual quedaría yo inhabilitado”.

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La investigación

Lo que ha trascendido de la investigación del Consejo Electoral es que la campaña presidencial de Petro en 2018 habría violado los topes de gastos permitidos por la ley para la primera vuelta, y se refiere concretamente a tres donaciones supuestamente prohibidas porque se trataría de personas que desempeñaban funciones públicas y no podían hacerlo.

Al parecer se trataría de personas que para la época de los hechos investigados tenían empleos en el Estado. Los aportes a la campaña son $95.000 de Bertha Isabel Bravo, una docente en Cartagena; uno por $120.000 de Sandra Salazar, funcionaria de la Contraloría General de la República; y otro más de Gonzalo Pérez, un docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por $150.000.

La ponencia del magistrado Contreras en la que pide sancionar con $14.167.395 al excandidato presidencial, también pide sancionar a la gerente de la campaña, Blanca Durán; al auditor, Dylan Fabián Fragua, y al partido MAIS.

De momento, el CNE no ha programado aún la fecha de Sala Plena en la que estudiará el radicado del magistrado Contreras.