El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que recibió la administración Duque estaba mal estructurado y con pocos recursos para su financiación, indicó a EL NUEVO SIGLO el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) Hernando Londoño Acosta.

Añadió que este Gobierno ha honrado el compromiso, y espera seguir haciéndolo, con las cerca de 100 mil familias que firmaron los acuerdos para dejar la coca y pasar a sembrar cultivos lícitos, respaldados por un proceso de acompañamiento en que son apoyados económicamente por el Estado pero, advirtió el funcionario, no es posible vincular más bajo el modelo de sustitución que se diseñó.

EL NUEVO SIGLO: Según el PNIS al 31 de diciembre de 2020 se han vinculado 99.097 familias a este programa, ¿en lo corrido de este año se han sumado otras?

HERNANDO LONDOÑO ACOSTA: El gobierno del presidente Iván Duque ha asumido con total seriedad el compromiso de la implementación del Acuerdo,  y de esta manera a través de la Política de Paz con Legalidad, particularmente con el apoyo a estas familias que derivaban su sustento de los cultivos ilícitos, se ha continuado con el proceso bien complejo, pero a la fecha continúan las 99.097 familias que se inscribieron a estos acuerdos voluntarios de sustitución.

ENS: El Programa de Sustitución comenzó en 2017 con ese número de familias, es decir, que en el actual Gobierno no se han vinculado más, ¿la razón es disponibilidad financiera o que ustedes consideran que es suficiente esta cifra de beneficiarios?

HLA: A pesar de que se recibió un programa que estaba mal estructurado, que carecía completamente de la disposición de recursos que permitieran la ejecución de ese plan de atención inmediata para esas 99.097 familias que se recibieron ya con los acuerdos suscritos, el presidente Iván Duque desde el principio ha mantenido ese compromiso de implementar el Programa de Sustitución, no solamente ejecutando esos pocos recursos que se habían asignado cuando se recibió el Programa, que eran menos de $450 mil millones,  sino buscando recursos adicionales para cumplirle a la atención de las familias que suscribieron estos acuerdos y que decidieron terminar con sus cultivos ilícitos.

En virtud de ese compromiso y de esa seriedad con que el Gobierno ha asumido la implementación del Programa de Sustitución y de la Política de Paz con Legalidad, obviamente no es posible ampliar la oferta del Programa a más familias con este modelo de sustitución, y estamos en el compromiso de cumplirle, de por lo pronto implementar este Programa de Sustitución, terminar con este y proponer nuevos modelos de sustitución para familias que quieran en este momento ingresar a estos de forma voluntaria.

Todo de la mano de la Agencia de Renovación del Territorio, donde la Dirección de Sustitución está ahora articulada para ser parte de estos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la nueva Política de Paz con Legalidad en sustitución de cultivos.

ENS: Recientemente La Misión de Verificación de la ONU señaló que si bien el 98% de familias han cumplido sus compromisos de erradicación, la tasa de resiembra de cultivos de coca ha crecido del 0,2% al 0,8%. ¿Cuál es la explicación?

HLA: Este indicador lo que demuestra es que hemos sido exitosos en mantener a estas 99.097 familias con niveles muy bajos de resiembra y de retorno a la ilegalidad.  Sin embargo este pequeño incremento que se ha dado en los últimos tiempos obedece a la dinámica que se ha generado en los territorios y a la presión que hay por la siembra de cultivos ilícitos.  Los grupos al margen de la ley están presionando mucho a los campesinos a que retornen a la ilegalidad, pero como la gente no quiere acceder a ello, lo que está sucediendo es que los predios están cambiando de propietario, y a estos nuevos propietarios los están presionando para que resiembren.

ENS: ¿Qué inconvenientes ha tenido el programa por la inseguridad en los territorios?

HLA: Al principio del programa tuvimos dificultad para ingresar a algunos territorios para que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) verificara específicamente que las familias estaban cumpliendo con la erradicación. De hecho a raíz de estas situaciones fue necesario que más de 5.300 hectáreas se erradicaran de manera asistida con la Fuerza Pública. Es decir, que los campesinos que querían erradicar sus cultivos no podían hacerlo por esa presión y amenazas de los grupos al margen de la ley, y fue necesario que la Fuerza Pública nos ayudara a levantar esos cultivos.

Actualmente hay algunas manifestaciones de población civil, principalmente en el municipio de La Montañita, en Caquetá, donde tenemos información de que grupos al margen de la ley no han dejado ingresar a un operador que tenemos en este momento, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que está ejecutando unos componentes del Programa. Hemos ya notificado al Ministerio de Defensa esta situación.

Hemos tenido dificultad en algunos territorios para que los técnicos contratados por los operadores se pudieran desplazar, por ejemplo, a prestar visitas de asistencia técnica que se realizan con estas 99.097 familias. Pero en términos generales en los demás territorios donde está el programa, que son 56 municipios de 14 departamentos, en la mayoría de ellos no tenemos dificultad y hemos podido avanzar.

ENS: ¿Cuál es la meta en hectáreas erradicadas que tienen al final de este Gobierno con el Programa de Sustitución?

HLA: En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y como una forma de ratificar este compromiso del gobierno del presidente Iván Duque y de la Política de Paz con Legalidad, se fijó la meta de 50 mil hectáreas erradicadas a través del Programa de Sustitución de Cultivos de manera voluntaria  y el cumplimiento de la atención al total de las familias que suscribieron estos acuerdos.

Sin embargo esto queda supeditado a que tengamos los recursos disponibles porque la atención de estas 100 mil familias vale algo más de $3.3 billones, de los cuales este gobierno ha invertido más de $950 mil millones en atención a las familias.

ENS: ¿El retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato de alguna manera puede afectar el Programa de Sustitución?

HLA: La sustitución voluntaria es una de las alternativas que tiene el Gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos, es decir que está en la obligación constitucional de utilizar todos los mecanismos y herramientas que tenga a su disposición para la lucha contra los cultivos ilícitos.

Entonces la sustitución voluntaria es una de las alternativas que tiene el Estado, otra es la erradicación manual terrestre y otra la erradicación por aspersión aérea.

La aspersión aérea no se debe dar donde está el PNIS, donde está la sustitución voluntaria, entre otras cosas porque los que suscribieron acuerdos de sustitución, hoy no deben tener cultivos ilícitos, y si no tienen cultivos ilícitos ahí no va a llegar la aspersión aérea.

Entonces en este caso la aspersión aérea excluye no solamente a los beneficiarios del Programa de Sustitución sino que también como lo han manifestado los que están al frente de los temas de erradicación con aspersión, no está en zonas de comunidades y grupos étnicos ni está en zonas de manejo especial y áreas de manejo especial, tales como parques nacionales naturales.