El manejo de recursos por $2,5 billones realizado por la administración del Fondo Financiero de Infraestructura, es investigado por la Contraloría General de la República (CGR), que decidió otorgarle el estatus de investigación de impacto nacional a la indagación preliminar por el plan nacional de infraestructura educativa 2015-2019.

Este organismo, entre otras cosas, creó un Fondo Financiero de Infraestructura para realizar los contratos y manejar los recursos. De 30.000 aulas que era la meta del Gobierno para diciembre de 2018, se entregaron para esa fecha 1.310, con solo 4,3% de eficacia, y en medio del incumplimiento hay 35 proyectos educativos en todo el país que fueron abandonados y son elefantes blancos.

Se trata de colegios que iban a significar un total de 691 aulas para los niños de bajos recursos en diferentes regiones en todo el país, principalmente en Boyacá, Cundinamarca, Guainía y el Eje Cafetero. Pero, pese a que se pagaron millonarios recursos en cada proyecto de infraestructura, hoy están abandonados, muchos de ellos en obra negra y gris, lejos de convertirse en colegios.

En el documento Conpes 3138 de 2015 se estableció que el costo promedio por aula para que los contratistas construyeran proyectos que tuvieran comedores, salas de maestros, laboratorios, y canchas deportivas iba a ser de $146 millones en zona rural y urbana. En muchos casos el costo por aula excedió ese límite y, aun así, los colegios no se construyeron. Con ese valor promedio el costo de las aulas en los proyectos abandonados habría superado los $100.000 millones.

Los contratistas de las 35 obras abandonadas son del cuestionado empresario Germán Mora Insuasti, La Unión Temporal MEN, en la que también tuvo parte Mora Insuasti,  el consorcio portugués Mota Engil y Unión Temporal Educar Oriente.