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El Gobierno decidió no prorrogar el periodo de urgencia, pero continuará monitoreando y tomando las medidas que se requieran para atender las necesidades de todos los sectores económicos
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El decreto de Emergencia Económica que fue expedido el pasado 17 de marzo y tenía vigencia por 30 días calendario venció, por lo que por ahora no está contemplada una nueva medida de excepción por parte del Ejecutivo.
Durante los días que duró la norma, el presidente Iván Duque y todos los ministros emitieron más de 160 decretos, entre los que se incluyen más de 72 normas para enfrentar la pandemia.
Así las cosas, el Gobierno sí contempla la prórroga porque considera que con los 72 decretos legislativos que se han expedido hasta el momento, es suficiente.
Cabe recordar que todas las medidas y los decretos expedidos por el Gobierno han sido, según el presidente Iván Duque, para dos cosas esenciales: aplanar la curva del coronavirus y atender a la población vulnerable por cuenta de esta pandemia.
El Mandatario dijo que durante este tiempo “se puso en marcha el ingreso solidario a 3 millones de familias. Se han entregado 1 millón de mercados a minorías vulnerables y se suministró 1,7 millones de alimentación a niños”.
Señaló el Mandatario que, “gracias a los decretos facilitamos los retiros parciales de cesantías, los mecanismos de protección para la salud, se habilitaron créditos en el Banco Agrario, en Bancóldex, se estableció el programa de garantías de Mipymes, y esperamos que esto se acelere. Asimismo, tomamos decisiones en servicios públicos”.
Respecto a la Emergencia, el presidente Duque dijo que “si bien hemos hecho uso de esta herramienta, podemos utilizarla hasta 90 días en un año, seguiremos monitoreando la emergencia. Seguimos en emergencia sanitaria, que va hasta finales de mayo”.
Entre los últimos decretos que adoptó el Gobierno están:
El impuesto solidario
El Gobierno nacional ordenó que a partir del 1 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio, comience a operar el aporte solidario de todos los funcionarios públicos y contratistas.
Este aporte será voluntario para quienes devenguen menos de $10.000.000 mensuales, pero será de carácter obligatorio para quienes perciban más de este ingreso.
Aportarán de sus honorarios los funcionarios contratados directamente y que estén en nómina, los vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vinculada a las entidades del Estado, así como quienes cuenten con megapensiones superiores a $10.000.000 o más. Sus aportes serán trasladados al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
Según la tabla publicada por Presidencia, los porcentajes en esos casos de los abonos varían del 10% al 20%.
Una novedad en el Decreto es que los pensionados con mesadas superiores al mismo monto sobre el cual aportarán los empleados, también contribuirán al impuesto a la solidaridad.
Servicios públicos
El Gobierno decidió que para los usuarios de los estratos 3 y 4 que no puedan pagar los servicios públicos, es decir agua, alcantarillado, gas y energía, en abril y mayo, podrán diferir los pagos sin ningún costo en los próximos 24 meses. También, tendrán un periodo de gracia hasta agosto.
Asimismo, los comerciantes e industriales podrán pagar en el número de cuotas que defina el operador. Estas se suman a los estratos 1 y 2 que podrán diferir los pagos a 36 meses.
El Gobierno señaló que en el pago de las facturas de abril, los colombianos podrán acceder a estos beneficios.
Asimismo, en el servicio de energía se decidió mantener el costo unitario por kilovatio/hora igual al de la última factura.
Respecto a la factura de agua, se hicieron 270.000 reconexiones en todo el país. En todos estos beneficios, el Gobierno ha invertido más de $2 billones para estas medidas.
Por su parte, durante la emergencia por el coronavirus, empresas como Claro, Movistar, Tigo, Virgin, ETB o Avantel tienen prohibido suspender el servicio por no pago. El Decreto 555 del 15 de abril, dice que, “cuando el usuario incurra en impago del servicio, el operador otorgará treinta días adicionales al término pactado por el respectivo contrato para que el usuario proceda con el pago de los valores adeudados.
Pago de arrendamientos
De otro lado, para el pago de arrendamientos como para el reajuste o cancelación de dichos contratos, si estaban previstos para el periodo entre el 16 de mayo y el 30 de junio deberá priorizarse un acuerdo entre las partes, pero si no se logra, el Gobierno determinó las líneas a seguir mientras dure la emergencia económica, social y ecológica por el Covid-19.
A través del Decreto 579 establece estos lineamientos y además, ordena la suspensión de acciones de desalojo durante el periodo previsto, tal y como lo había anunciado, al igual que hace algunas claridades sobre los inmuebles de propiedad horizontal.
Respecto al pago de arriendos, también aboga por un acuerdo entre las partes, en el sentido de un aplazamiento de los mismos de aquí a junio; además, no debe incluir intereses de moda ni penalidades. Sin embargo, de no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC).
Respaldo a Mipymes
El Presidente de la República explicó que, en el marco de la Emergencia Económica, se ha convertido en un fiador de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de las empresas independientes del país, respaldando hasta un 90% del valor de los créditos otorgados por la banca nacional para pagar nóminas y sostener el empleo.
El Jefe de Estado resaltó que “hemos otorgado la garantía hasta del 90% para los pagos de nómina y hemos habilitado, también, garantías del 80% para independientes, así como para otras modalidades de crédito y esperamos que eso también se traduzca en que los recursos lleguen a las personas”.
“Tenemos que buscar unas tasas, primero, que sean tasas cómodas, pero que también sean transparentes y de mercado”, subrayó el Mandatario.
Con respecto al proceso que se debe adelantar ante las entidades financieras del país, el Mandatario explicó que no debe haber excusa por parte del sistema financiero para no irrigar esos créditos.
Retomar actividades
Tanto el Presidente Iván Duque como el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijeron que “vamos a iniciar un proceso de actividades sociales fundamentales, pero no en todas. Vamos a seguir manteniendo restricciones, porque el virus puede estar un año o más. Pero debemos retomar la vida productiva con todos los protocoles de sanidad”.
Con ello, el Gobierno centrará sus esfuerzos en aplanar la curva del contagio y en definir los protocolos que les permitan a varios sectores restablecer su actividad productiva.
El Ministro de Salud sostuvo que, “habrá una apertura global sistemática, gradual y controlada de varios sectores de la economía, pero en caso de presentarse alguna eventualidad o riesgo se volvería a hacer un cierre, tal cual se contempla en los modelos del Instituto Nacional de Salud (INS). “Nosotros tenemos que dar la posibilidad de generar mecanismos para que no se nos creen situaciones de hambre o riesgo por el desempleo y la pobreza, pero obviamente la salud es lo primordial”, añadió Ruiz.