La mejora regulatoria y la supresión de barreras dentro de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil (ESCA)” ahorró $70.375 millones, por concepto de eliminación o simplificación de trámites, que calcula el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El resultado mide el impacto económico de 874 acciones que permitieron eliminar normas en desuso o mejorar otras con alta incidencia en las actividades de los colombianos, debido a su frecuencia de uso, cantidad de personas que deben acudir a ellas y costos asociados.

También cuantifica la reducción del gasto al eliminar 431 barreras que dificultan innecesariamente el acceso de los ciudadanos y las empresas a servicios del Estado, o el cumplimiento de obligaciones ante entidades oficiales.

Las acciones de mejora regulatoria y supresión de barreras se pueden clasificar en siete tipos de beneficio para los usuarios. Primero, reducción de tiempo de obtención del procedimiento, seguido por la respuesta o notificación electrónica, el pago en línea, la radicación en línea o telefónicamente, la eliminación o reducción de tarifa, la eliminación de requisitos, y el aumento de canales y/o puntos de atención.

La investigación sobre el particular revisó cada intervención en barreras y normas desde el 2018, cuando arrancó la estrategia, ajustando, año a año, conceptos como lo que vale un día de trabajo, el valor promedio de transporte en las principales ciudades, las tarifas de los servicios de mensajería y el valor de las fotocopias y los servicios de impresión, entre otros.

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También se consideró el acceso a internet, ya que para acogerse a parte de los beneficios es indispensable estar en línea, a través de sistemas fijos o móviles.

Estos parámetros de carácter general se cruzaron con detalles específicos de cada norma o barrera como número de solicitudes anuales, número de desplazamientos ahorrados, tarifas ahorradas y costos específicos.

Con todos los datos, se montó una matriz que dio como resultado el ahorro total de $70.375.921.172, desde agosto del 2018.

El trabajo partió de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para calcular los ahorros ciudadanos por racionalización de trámites, que entre agosto de 2018 y marzo de 2022 alcanzó los $307.913.032.642.

Es decir que, en total, los ahorros generados por las 4.361 intervenciones entre trámites, barreras, normas obsoletas y normas de alto impacto suman $378 mil 288 millones.