La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha confirmado este lunes que se han reforzado los protocolos de seguridad para dos de sus magistrados, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, después de las amenazas de muerte de las que habrían sido víctimas por parte del Clan del Golfo.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, ha informado de que la Policía Nacional ha decidido ampliar la seguridad después de que este fin de semana se hiciera público un mensaje del Clan del Golfo enviado a Ramelli, en el que le hacían saber que había sido declarado "objetivo militar".
"Usted y su magistrado auxiliar Hugo Escobar (...) han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado", decía el mensaje, de cuya autoría, no obstante, se ha desentendido el Clan del Golfo cuando se dio a conocer.
Es importante mencionar que, Ramelli y Escobar son los jueces encargados para investigar el caso 03 de la JEP, el de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles, sobre todo líderes campesinos e indígenas, a los que las fuerzas de seguridad hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate durante el conflicto interno colombiano.
Ambos están al frente de las exhumaciones de más de medio centenar de personas que fueron arrojadas al cementerio de Las Mercedes, en el municipio de antioqueño de Dabeiba. La JEP sospecha que el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares colaboraron con las fuerzas del orden colombianas para cometer estos delitos.
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El Clan del Golfo, heredero de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es una de las estructuras criminales que había mostrado disposición por participar en los diálogos de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro tras iniciar la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No obstante, el estatus de organización narcoparamilitar delimitaría el marco de actuación en estas negociaciones. El Gobierno ya ha aclarado que este tipo de grupos, al carecer de trasfondo político, debe someterse a la Justicia.
Asimismo, Petro ordenó a mediados de marzo suspender el alto el fuego con el Clan del Golfo, después de que al grupo se le atribuyese la autoría de varios ataques, así como de los incidentes de violencia que se registraron en el último paro minero en Bajo Cauca, en la región de Antioquia.