Uno de los principales problemas que ha tenido la economía colombiana y mundial es el contrabando de productos. Este fenómeno, que ha venido creciendo a la par con la preocupación de empresarios y funcionarios, ya no solo se concentra en productos como el licor o los cigarrillos, sino que también afecta sectores como el farmacéutico y de alimentos, entre otros.
De ahí que en el último encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), la Asociación Nacional de empresarios en Colombia (ANDI) iniciara la discusión sobre esta problemática, además de abordar la información y las estrategias que se deberían adoptar para combatir estas actividades ilícitas que siguen afectando a empresarios formales.
Paola Buendía, vicepresidenta Ejecutiva de la ANDI, en su intervención durante el 7° Encuentro de ALAC, realizado en San Pedro Sula, Honduras, dijo que "desde la creación de la Alianza, estamos convencidos de que la lucha frente al contrabando se forja a través de la articulación público-privada, aportando constantemente ideas y recomendaciones a las autoridades sobre nuevos mecanismos y prácticas que se pueden implementar para avanzar en este objetivo”.
La vicepresidenta señaló, además, que pese a que la problemática del contrabando históricamente se ha concentrado más en ciertos sectores, como cigarrillos, licores, textil-confección y metalmecánico, “en los últimos años se han adherido otros renglones afectados como el de alimentos y el farmacéutico. Hoy, específicamente, vamos a lanzar la mesa de llantas y neumáticos y más adelante tendremos también una mesa de agroinsumos”.
Cabe señalar que este espacio, en el que la ANDI tiene la Secretaría Técnica, busca facilitar el intercambio de información, generar alianzas y estrategias público-privadas, así como visibilizar la problemática y la necesidad de implementar una agenda que minimice el accionar de la actividad.
“Lo más importante es que todo este trabajo de investigación mancomunado, que se convierte en una serie de recomendaciones para los gobiernos, debe volverse a su vez un plan de trabajo con visión de largo plazo en los países”, agregó Buendía.
Comercio ilícito
La problemática del comercio ilícito tiene un alto impacto en nuestras sociedades. En el último estudio de incidencia global de la OCDE, el comercio internacional de mercancías ilícitas alcanzó los US$464 billones en 2019, lo que representa el 2,5% del comercio mundial, con un impacto perjudicial sobre distintos sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, tabaco, cosméticos, juguetería, electrónicos, software y equipamiento médico; algunos de ellos con la posibilidad de generar serios efectos en la salud y seguridad de las personas.
“El comercio ilícito no solo se limita al contrabando o a la venta de productos falsificados, sino que incluye la subfacturación de mercancías, la mala clasificación arancelaria o el establecimiento inadecuado de origen, y todo ello genera afectaciones importantes para el recaudo fiscal. El costo de todo esto lo terminan pagando las empresas formales. Nuestra misión es representar y defender los valores de la libre empresa y promover la cooperación del sector industrial para fomentar el impulso de la productividad, la innovación, el encadenamiento productivo y la institucionalidad”, señaló Enrique Egloff, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos y presidente de la Cámara de Industriales de Costa Rica.
Egloff agregó que “es vital fortalecer las sanciones económicas contra este crimen, revisar el sistema impositivo a los productos más sensibles, mejorar el control en las aduanas, puertos y aeropuertos e incorporar sistemas modernos de gestión de riesgos”.
Por su parte, Luis Fernando Fuentes, director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de Colombia, señaló que “ya se ha trabajado con la Alianza del Pacífico, en una serie de acciones conjuntas enfocadas en reducir el contrabando, con las cuales hemos tenido resultados interesantes. De hecho, estamos ampliando la política de intercambio de información entre autoridades, gracias a la reciente firma del presidente Iván Duque del decreto que nos permite avanzar en el desarrollo de un sistema integrado de riesgo, con el que se busca mejorar el seguimiento a las operaciones de comercio exterior, facilitar las que son de bajo riesgo y hacer mayor énfasis en las de mayor riesgo”.