Tal vez el funcionario más en entredicho en este momento es el Registrador Nacional, debido a las falencias en las legislativas de marzo pasado, y eso es mucho que decir en Colombia, en donde es elevada la cifra de servidores públicos que se ven comprometidos en actos de corrupción y otras indelicadezas. No obstante, en cabeza de Alexander Vega se realizarán las presidenciales el próximo domingo, y hay que esperar que se obren los correctivos que anunció para esta jornada.
Vega fue elegido en octubre del 2019 por los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, después de un largo proceso.
Desde la llegada al cargo, Alexander Vega manifestó su intención de modernizar la Registraduría así como el proceso electoral para adaptarlo a las condiciones de la modernidad.
En ese sentido Vega, a nombre de la Registraduría, tuvo participación activa en el proyecto de ley que presentó el Gobierno para reformar el Código Electoral, en el cual se incluyeron propuestas suyas como el voto mixto (electrónico y con papeleta), el voto anticipado y el cambio de horario de votación, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
No obstante, como se recordará, hace algunas semanas la Corte Constitucional tumbó esta reforma por vicios de trámite en el Congreso.
En cuanto a la realización de elecciones bajo la dirección de Vega Rocha, le fue bien en 16 comicios atípicos en 2021 así como en ocho del mismo tipo en lo que va corrido del presente año, pues no hubo mayores quejas. Incluso se verificaron en plena pandemia, por lo cual se tomaron medidas adicionales en materia biosanitaria para prevenir que se convirtieran en vehículo de transmisión del virus.
Entonces la mala hora del Registrador Nacional comenzó con las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado, debido a las inconsistencias que se presentaron, especialmente la gran diferencia de votos entre el reporte del preconteo y el escrutinio.
Los primeros reclamos se escucharon desde la coalición del Pacto Histórico por los resultados de la consulta interpartidista realizada paralela a las elecciones legislativas, en la cual este bloque escogió a Gustavo Petro como su candidato presidencial.
Entonces Petro dijo que “con un sistema de detección temprana que estrenamos, hemos detectado 29 mil mesas de 112 mil que hay en todo el país donde no existe un solo voto por el Pacto Histórico, eso no es posible”.
También otros partidos reclamaron por los resultados de las legislativas, como el Conservador y el Centro Democrático, pues entre otros, desde las regiones sus militantes denunciaron muchos casos en que no aparecían los votos que consignaron.
El asunto se puso más tenso porque en el escrutinio le aparecieron cerca de medio millón de votos al Pacto Histórico, lo cual fue mirado con suspicacias por otras fuerzas políticas. El Centro Democrático, el Partido Conservador y Verde Oxígeno pidieron un reconteo general, como también el expresidente Uribe, quien incluso consideró que pudo presentarse fraude en las elecciones legislativas.
Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana dijo que “las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico. El Gobierno debe contratar, con visto bueno de los actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría”.
En tanto que el registrador Vega Rocha coincidió en la iniciativa de realizar el reconteo general de la votación de las parlamentarias, y anunció que haría ese planteamiento al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo al final desistió porque previamente ventiló esta propuesta en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en donde no hubo consenso al respecto entre los partidos.
En cuanto a los resultados de las legislativas, el Registrador Nacional dijo que entre el preconteo y el escrutinio hay cerca de 1.026.000 sufragios de diferencia.
"Es que normalmente la diferencia es entre el 1 y 2 por ciento; estamos hablando del 7 por ciento, eso lo que hace la variación, pero que ha demostrado que no fue una falla técnica, sino fue una actuación por parte de los jurados de votación en el diligenciamiento de los formularios”, aseguró Vega.
En este sentido, dijo que “se corroboró que 23 mil mesas, 23 mil formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación y, además, de esos 23 mil, encontramos 5.109 mesas donde se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciarlos de manera equivocada, tacharon las votaciones de los candidatos (...) demostramos la mala intención no solo en el diligenciamiento sino que una vez consignaron la votación de los candidatos, tacharon las cifras".
No obstante, el funcionario aceptó que “de parte nuestra reconocemos que en el diseño del formulario debimos haber realizado por lo menos la casilla el Pacto Histórico. Viéndolo bien en este momento, qué hubiera sido si hubiéramos rediseñado el formulario E-14, tal vez la digitalización o el preconteo hubiese sido mucho más sencillo".
Empero, Vega rechazó las afirmaciones sobre un presunto fraude en las elecciones legislativas.
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Investigaciones
Se conoció en días pasados que la Fiscalía abrió una investigación preliminar al Registrador Nacional por una denuncia por las irregularidades que se presentaron en las elecciones de Senado y Cámara en marzo pasado.
La demanda pide investigar la supuesta habilitación a jurados para que votaran doblemente; de igual forma un presunto fraude a resolución judicial, pues hace unos meses el Consejo de Estado ordenó a la organización electoral adquirir un software propio para el escrutinio.
Ello se hizo efectivo, pero de igual forma la Registraduría contrató otros softwares con las firmas Disproel e Indra, el primero para el preconteo y el de escrutinio general, y el segundo para el escrutinio nacional en las legislativas.
También el demandante presentó archivos que, aseguró, demuestran alteración de los resultados electorales.
Así mismo en abril pasado, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria al Registrador Nacional por las presuntas irregularidades en las elecciones legislativas.
La investigación busca determinar si el Registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes; irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas, por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección, en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.
También, Vega es investigado por supuesta omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia en el preconteo de las votaciones; así como por el eventual incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.
Fracasó intención de relevarlo
Sectores políticos, especialmente de la coalición de gobierno, buscaron que el registrador Vega no dirigiera las elecciones presidenciales, tras las irregularidades de marzo pasado, para lo cual se propuso designar por parte de las altas Cortes un registrador ad hoc, como lo planteó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, así como los exjefes de Estado Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entre otros.
Por su parte, el Gobierno se desmarcó de esta iniciativa pues el ministro del Interior, Daniel Palacios, fue claro en que no están pensando en un registrador ad hoc sino que le piden a Vega que procure todas las garantías para las presidenciales.
Tampoco cuajó, en una acción popular que presentó un ciudadano ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Registrador, la medida cautelar para que el funcionario fuera suspendido del cargo mientras se produce un fallo de fondo sobre las irregularidades que expuso en las elecciones parlamentarias.
El Tribunal ratificó el viernes pasado su fallo en el que niega la suspensión del funcionario por considerar improcedente la medida.