Uno de los capítulos más estresantes del manejo intermitente de la pandemia (“semáforo en verde, semáforo en rojo”) será el retorno a las clases presenciales en las universidades.

Sobre todo, en ciertas universidades privadas.

De hecho, muchas familias que han visto afectados sus ingresos, se lo pensarán dos veces antes de definir sobre el regreso de sus hijos a las universidades. Lo más probable es que en un diálogo constructivo, padres e hijos hayan llegado a la conclusión de que no pasa nada si se suspende la carrera durante este periodo.

Y es probable que entre un 60 y 80 por ciento de familias ya hayan logrado ese consenso, primero, porque no todos los programas se pueden adaptar a la educación virtual que durante varios años seguirá siendo imprescindible.

Pero también porque no todas las universidades estaban ni estarán preparadas para ese desafío.

Sin duda, la improvisación e inconsistencia con que actuaron para sobreaguar en medio de las cuarentenas ha sido percibida por muchas familias como una estafa, o un engaño.

Obviamente, eso ha llevado a que muchas de ellas propongan a las rectorías una reducción sustancial en el costo de las matrículas.

De hecho, es de imaginar que varias estarán pensando en reducir los salarios de los maestros de planta y doblegar o triplicar sus cargas horarias para superar la crisis, sometiendo así al profesorado (y a los alumnos) a un estrés inusitado.

Como si fuera poco, muchas de ellas no cuentan con la capacidad física para soportar el regreso a clases presenciales.

Si se estudia el problema cuidadosamente, se constatará que las edificaciones de unas cuantas universidades son verdaderos laberintos caracterizados por el hacinamiento y el peligro en caso de terremotos y epidemias.

En concreto, esas instituciones no podrán contar con la licencia necesaria para operar pues no están en condiciones de garantizar el distanciamiento social. 

Y, como es apenas comprensible, ninguna familia caerá en la ‘doble trampa’ de pagar una matrícula astronómica enviando a sus hijos al caldo de cultivo propio del coronavirus.

En definitiva, el clásico modelo universitario colombiano está puesto en tela de juicio.

En realidad, es muy probable que el ánimo de lucro, como factor determinante del modelo, haya sido desenmascarado, por fuerza de las circunstancias.

En últimas, lo más probable es que los estudiantes valoren mucho más de ahora en adelante la educación específica, terciaria, verdaderamente profesionalizante y aplicada, alejada de aquellos laberintos en los que solo les puede esperar un contagio asegurado.

De tal modo, muchos de ellos migrarán hacia instituciones globalizadas de reconocidas capacidades virtuales en las que la relación costo-beneficio resulte favorable.

Y así, las universidades paquidérmicas, las panfletarias y las explotadoras se verán sometidas al cierre, la debacle, o la parálisis operacional.

Momento que, no nos digamos mentiras, tenía que llegar tarde o temprano, acelerando así la emancipación social.

Emancipación para rescatar el valor esencial de la educación pública, es decir, la educación de todos, la de los derechos fundamentales de los ciudadanos,