UN presupuesto de USD 6 billones para "reinventar" la economía de Estados Unidos y competir con China que, de ser aprobado por el Congreso, encaminará al país hacia una deuda récord propuso el presidente Joe Biden.
"Debemos aprovechar el momento para reinventar y construir una nueva economía estadounidense que invierte en la promesa y el potencial de cada estadounidense", dijo el mandatario en un mensaje al Congreso.
La epidemia de covid-19 sumió a Estados Unidos en su peor crisis económica desde la década de 1930, y aunque la mayor economía del mundo está comenzando a recuperarse, todavía está lejos de los niveles prepandémicos.
"Estados Unidos no puede permitirse simplemente regresar a donde estaba antes de la pandemia y la recesión económica, con debilidades estructurales y desigualdades de la vieja economía todavía vigentes", advirtió el presidente.
En Estados Unidos, el presupuesto anual que propone el presidente es más una lista de deseos o un mensaje sobre sus prioridades que cualquier otra cosa. Son los legisladores quienes finalmente deciden el monto y destino del dinero, y el Congreso actual tiene una mayoría demócrata muy estrecha.
Los republicanos de la oposición desconfían de darle protagonismo al gobierno central. E incluso algunos de los partidarios de Biden advierten que la economía estadounidense, ya lista para recuperarse de los efectos de la pandemia, corre el riesgo de caer en una espiral inflacionaria.
Sin embargo, el masivo plan indica la determinación de la Casa Blanca de poner cifras concretas a la campaña de Biden para repensar la relación entre el gobierno y el sector privado, en lo que define como una competencia existencial con China.
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Según el plan de Biden, el grifo federal liberaría unos 6 billones de dólares en 2022, con aumentos que se elevarían gradualmente a 8,2 billones en 2031.
Todo este gasto podría aumentar la deuda, que ahora representa más del 100% del Producto Interno Bruto. Se espera que alcance el 111,8% del PIB en 2022 y el 117% en 2031.
El demócrata dejó en claro el destino de los USD 6 billones: buena parte sería para un proyecto de ley de infraestructura propuesto originalmente en 2,3 billones, pero que se ha reducido a 1,7 billones en las negociaciones con el Congreso.
Otros USD 1,8 billones serían para incrementar el financiamiento estatal de la educación y los servicios sociales como parte de la construcción de una mejor fuerza laboral en el siglo XXI.
El proyecto de presupuesto se da a conocer justo antes del fin de semana largo del Día de los Caídos y con el Congreso en receso durante una semana.
Presentarlo en este momento puede frenar su impulso en el Capitolio, donde muchos demócratas quieren que Biden use su control del Congreso para aprobar legislación transformadora, pero los republicanos están jugando duro al tratar de bloquear la mayor parte de lo que propone el presidente.
Las prioridades del gasto son solo un área de división entre los dos partidos. Por ejemplo, los republicanos son prácticamente unánimes al oponerse a la amplia definición de infraestructura de Biden, que incluye energía verde y programas sociales.
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Hay aún menos acuerdo sobre cómo pagar estos planes.
Biden quiere recaudar dinero poniendo fin a un recorte de impuestos corporativos que los republicanos aprobaron bajo el gobierno de su predecesor. También quiere ir enérgicamente tras los vacíos fiscales utilizados por las grandes y ultramillonarias corporaciones.
Los republicanos se niegan a aceptar ese mecanismo y dicen que sus propios planes de gasto en infraestructura, más modestos, podrían pagarse reasignando el dinero no gastado ya presupuestado.
A pesar del enfrentamiento, y la gran escala del megapresupuesto de Biden, la Casa Blanca todavía tiene un as potencial bajo la manga.
Normalmente, Biden necesita al menos 10 republicanos para lograr las mayorías requeridas en el Senado, hoy día dividido en partes iguales entre ambos partidos, una tarea difícil en el mejor de los casos.
Sin embargo, si los demócratas permanecen unánimes, lo que tampoco está garantizado, es posible que puedan aprobar el presupuesto a través de un procedimiento rápido conocido como reconciliación, que requiere menos votos