Los dirigentes latinoamericanos adoptan en el último día de la Cumbre de las Américas, la Declaración de los Ángeles que aplica el principio de responsabilidad compartida para una migración "ordenada", como reclama Joe Biden, pero que se queda en algo simbólico frente a la amplitud del problema.

El presidente estadounidense defendió esta semana en Los Ángeles "una migración segura y ordenada" como posible catalizador para el crecimiento sostenible, pero insistió en que la migración irregular es "inaceptable" y su gestión debe compartirse.

El término clave para Biden es responsabilidad compartida, debido a que Estados Unidos no quiere cargar con todo el peso del flujo migratorio.

Y aún menos a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en momentos en que la alta inflación hace caer su indice de aprobación entre la opinión pública.

Parece haber convencido a los dirigentes latinoamericanos que ayer firmaron la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, cada país aporta su grano de arena.

Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024 (tres veces más que este año) y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región.

Son muchos menos que los 100.000 ucranianos que Estados Unidos se dispone a recibir después de que Rusia invadiera su país.

Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales del mes de abril.

México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo y lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas de Guatemala cada año que espera extender a Honduras y El Salvador.

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Belice, Costa Rica y Guatemala, entre otros, también colaboran, pero estas iniciativas están lejos de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza, la violencia y la corrupción.

La lista de países invitados prendió la mecha de la discordia, dado que el gobierno de Biden optó por excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela. En respuesta, algunos países, abanderados por México, decidieron boicotearla, como Bolivia y Honduras.

Disconformes

El mandatario argentino Alberto Fernández, en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que pertenecen Cuba, Venezuela y Nicaragua, los tres excluidos por Estados Unidos para esta cita, afirmó que "el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión".

El mandatario chileno, el izquierdista Gabriel Boric, repitió que no le gustan las exclusiones. "Seria distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba", afirmó.

A la protesta por las exclusiones se suma, según Argentina, la necesidad de "reconstruir instituciones que fueron pensadas" para la integración.

"La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada, prescindiendo de inmediato de quienes la conducen" actualmente, afirmó.

Además de la declaración sobre migración, en la cumbre se adoptaron proyectos de compromiso político sobre la gobernanza democrática, la salud y la resiliencia, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la transición a la energía limpia y la transformación digital./AFP