Hacer un informe que permita resolver los cuestionamientos sobre el fracking le solicitó ayer el Consejo de Estado a la Universidad Nacional durante la audiencia del proceso que busca la nulidad del Decreto 3004 y la Resolución 90341 del Ministerio de Minas, por medio de los cuales se le daba viabilidad a la práctica del fracking.

Dicho proceso se lleva a cabo tras una demanda interpuesta ante el tribunal por el Grupo de Litigio e interés Público de la Universidad del Norte.

Ramiro Pazos, magistrado del tribunal, señaló que en el informe, que deberá ser entregado en un plazo de 90 días, se busca establecer respuestas a inquietudes sobre su impacto. Entre estas, cuáles son los riesgos que se asocian a la salud y al medio ambiente. Además, determinar si su impacto puede ser reversible y cuáles deberían ser los mecanismos de control. Así mismo de qué manera podría impactar la economía del país. En ese sentido, qué incremento se podría generar en la producción de hidrocarburos el país y si se exportaría como refinado o como crudo.

El Consejo de Estado ordenó, en noviembre del año pasado, la suspensión provisional de la normatividad que permitía que en el país se llevaran a cabo las labores de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El Gobierno nacional conformó una comisión de expertos, la cual emitió una serie de recomendaciones con relación a la técnica.

Marcha carnaval

Con motivo de la audiencia realiza ayer en el Palacio de Justicia de Bogotá, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Movimiento Nacional Ambiental convocaron a una “marcha carnaval” contra esta técnica y la minería contaminante, que se realizó de manera simultánea en diferentes lugares del país y el exterior. En la capital los manifestantes se reunieron en la plaza de Bolívar.

“Hoy cerca de 100 municipios articulados desde el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, unidos y solidarios, nos declaramos libres de minería contaminante y explotación petrolera, una decisión autónoma, democrática y ratificada en consultas populares, acuerdos municipales y la voz de un pueblo que se moviliza con el objetivo de defender el derecho colectivo al ambiente sano y la dignidad de las generaciones presentes y futuras”, señaló a través de un comunicado la organización Alianza Colombia Libre de Fracking.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, en días pasados la Contraloría General de la República avaló la utilización de esta técnica solo si se cumplen con las condiciones necesarias, mientras que Ecopetrol aseguró que al aval podría darse sin generar afectaciones. “No estamos en contra” del fracking, manifestó contralor general Carlos Felipe Córdoba.

El alto funcionario sostuvo que la Contraloría General de la República no se opone al fracking, pero sí está en contra de no estar listos para una práctica responsable y no tener las condiciones para generar un fracking que se adelante con cuidado de nuestro medio ambiente.

Córdoba insistió en que “no estamos en contra, pero cuestionamos el hecho de que ya hayan sido adjudicados algunos bloques para la exploración y eventual explotación del fracking sin que el país disponga todavía hoy de una línea de base ambiental soportada técnicamente”.

Plan piloto

Por su parte, Ecopetrol anunció que la primera fase del plan piloto de esta técnica en Colombia ya inició.

Desde Bucaramanga, donde Ecopetrol hizo una exposición sobre la situación de la empresa y el momento actual de la reservas, su presidente, Felipe Bayón, aseguró que la primera fase se trata de planeación y preparación.

Asimismo, informó que la empresa está lista para iniciar la segunda fase del plan piloto una vez el Gobierno se pronuncie sobre la aceptación de recomendación en el proceso, luego del estudio que realizaron 13 expertos.

El informe de la Comisión de Expertos del fracking señaló que este proceso debe fomentar la participación ciudadana, por lo que una primera condición debe ser conocer con claridad los derechos de las poblaciones. Además que es necesario obtener la “licencia social”, ya que esto exige una mayor transparencia en la manera como se adelantan las actividades, se toman las determinaciones, se invierten los excedentes y se usan los recursos destinados a beneficiar a las comunidades locales.