Yo soy amigo ferviente del medio ambiente: soy reciclador cuidadoso, amo a los animales y la naturaleza, soy enemigo de los deforestadores y de la minería ilegal, escribo periódicamente sobre el tema y propongo soluciones, como la de poner plantas eléctricas en los rellenos sanitarios. Pero también creo en la necesidad de desarrollar el país y me gusta balancear una cosa con otra. Soy ecologista.

En buena hora se hundió en el Congreso el proyecto de aprobar el Acuerdo de Escazú, un esperpento de tratado, escrito por los economistas de la Cepal, pésimamente redactado y confuso. Peor aún: creaba un sistema que hubiera producido, en cuestiones ambientales, “n” Vivancos internacionales en materia ambiental que se hubieran apoderado del desarrollo colombiano, pues se requeriría su visto bueno para cualquier proyecto, no digo hacer una carretera o una central hidroeléctrica sino montar una fábrica o construir un edificio. Si ya tenemos problemas con la malhadada disposición de consultar a las comunidades hasta para poner una torre de transmisión, imagínese usted, apreciado lector, a todos los autodenominados “ambientalistas” internacionales metiendo las narices en cualquier idea para el desarrollo.

El año pasado escribí en este periódico dos columnas (“No ratificar el Acuerdo de Escazú”, el 22 de septiembre y “Por favor, lean el Acuerdo de Escazú”, el 11 de noviembre)  en las que demostré  que el propósito del Acuerdo no es, como se dice, proteger a los “ambientalistas” o el medio ambiente sino  “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (artículo1) con un complejo y farragoso proceso de información pública.

Los gremios alzaron su voz para señalar los inconvenientes de la idea que hubiera paralizado el desarrollo nacional. Es cierto que una decena de países lo han ratificado, pero solamente porque son más torpes que nosotros.

Apenas se supo que el proyecto se había hundido, 41 congresistas de izquierda (Iván Cepeda dijo que se quejará ante la ONU, lo que es una idiotez, pero ratifica lo que sabemos:  donde Cepeda dice sí, hay que decir no) y uno que otro despistado, enviaron una carta pidiendo que se presente el proyecto de nuevo. El Minambiente, que se posesionó el 20 de octubre, después de que el Acuerdo, que seguramente no lo ha leído, andaba en trámites en el Congreso, dijo que volverá a llevarlo porque “es una prioridad para el gobierno”.

Yo solamente quiero insistir en que el ministro debe leerlo y conversarlo con los gremios. Y que el presidente, que probablemente tampoco lo ha leído, no debe insistir porque es un riesgo para el país.

Si yo fuera parte de los gremios, le diría al gobierno: estamos dispuestos a ayudar con nuestros impuestos a salir de la crisis fiscal, pero a cambio olvídese del Acuerdo de Escazú.

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Coda uno: El atentado contra el helicóptero del Presidente y la bomba en un cuartel militar en Cúcuta demuestran que la inteligencia militar quedó maltrecha desde el gobierno Santos y no hemos sido capaces de restablecerla. En esa zona hay que hacer una operación rastrillo contra los terroristas.

Coda dos: Estados Unidos dice que hay 245.000 hectáreas sembradas de coca, un aumento considerable sobre las cifras históricas. Lo que sí es cierto es que la única manera de acabar con ese flagelo es la fumigación aérea, a lo cual se oponen los narcos, los ambientalistas y la Corte Constitucional que nos metió en el atolladero.