INFLACIÓN interanual a junio de 10.2%, la más alta en los últimos 37 años, inéditos precios en luz (300 euros mensuales), gas (mínimo 105 euros) y escasez de algunos alimentos reflejan el verdadero estado de la Nación española, la que el presidente socialista Pedro Sánchez busca minimizar con nuevos impuestos a los que llamó “grupos dominantes” y algunas ayudas sociales.

Aunque admitió que la inflación es el mayor problema actual de España y aseguró que va “a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora del país”, sus anuncios en el discurso del martes sobre el Estado de la Nación no estipulan medida alguna para frenar el alto costo de vida y, por el contrario, se teme que con los nuevos impuestos a las empresas energéticas y la banca se trasladen a los precios finales de consumidores y clientes.

Argumenta el jefe de gobierno español que estos sectores, con los que se encuentra en alta tensión tras el anuncio de los gravámenes, deben “contribuir a los efectos que está generando la inflación” porque están sacando réditos de la situación actual, bien por el alza en las tasas de interés o por la cotización del petróleo por encima de los US$100 el barril.

 Sánchez anunció impuestos temporales a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio, mientras que el dirigido a las entidades financieras hará lo propio con una recaudación estimada de 1.500 millones al año. Ello supone un impacto total en la recaudación de 7.000 millones.

"Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", aseguró Sánchez al tiempo que en un marcado tono populista recordó que “este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de una mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría".

Estos gravámenes se suman a los decretados recientemente como son el 18% en el Impuesto sobre Sociedades que se aplica desde este año a la banca y las empresas de hidrocarburos. Asimismo, a las entidades financieras también se les aplica el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que entró en vigor el pasado año.

Los anuncios gubernamentales causaron malestar en los sectores afectados, fuerte reacción política de la oposición y preocupación ciudadana por considerar que no enfrentan la grave situación económica al igual que podrían elevar los precios de combustibles, gas, luz y servicios financieros.

El líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que mencionado el Debate sobre el estado de la Nación dejó en evidencia que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está "en crisis" y en "descomposición". Además, criticó el "rompecabezas" de medidas, las que consideró una “copia”, o mejor una imposición de sus socios gobernantes y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Recordó que este gobierno socialista ha subido los impuestos 24 veces y ahora pretende hacerlo dos veces más, en detrimento de la empresa privada y que sin duda no solucionan la crisis que enfrentan día a día los españoles. Así criticó que “las propuestas de Pedro Sánchez son para ayudar a la gente a "llegar a fin de mes" y no para enfrentar la galopante inflación.

"No son medidas que debamos de tomarnos en serio", argumentó para añadir que "probablemente" serán los ciudadanos los que los paguen con "más intereses en los préstamos", "más comisiones en los bancos" o "encarecimiento del crédito para las empresas". A su entender, algo similar ocurrirá con las eléctricas.

Por eso calificó como "muy injusto" para las rentas medias y bajas que el objetivo del Gobierno sea que los ciudadanos sigan "pagando la inflación…Si lo pagamos los ciudadanos, por supuesto que estamos en contra", insistiendo que hay creciente temor de esos nuevos gravámenes repercutan en los cotos que pagan los ciudadanos, pese a que el gobierno insiste que ‘prohibirá’ vía estricta vigilancia y fuertes sanciones que ello ocurra.

Núñez Feijóo reconoció que el discurso ante el Parlamento de Sánchez dejó claro que su gobierno quedó atado con Podemos, pero más allá de eso no se visualiza interés alguno para frenar los precios de la canasta familiar y los servicios públicos.

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Justificaciones

El jefe de gobierno español recordó en su intervención que la escalada inflacionaria no es exclusiva de España, no es un “mal endémico” sino que afecta a todo el Planeta y, en concreto, “está aumentando bruscamente en el 75% de las economías desarrolladas”, producto en gran parte de factores externos como la guerra en Ucrania y la aún no superada crisis de suministros generada por la pandemia del covid-19.

Así, en materia energética y pese a poner en valor las medidas aprobadas en España junto con Portugal para poner límite a la escalada del precio del gas, Sánchez no quiso descartar "nada" de cara al futuro, "incluso que Putin decida cortar el gas a Europa como arma de guerra.  Esto tendría un impacto sobre la economía europea y española", argumentó.

Por ello hizo una llamada a la ciudadanía: “deberemos adoptar medidas de ahorro energético y en ello es clave impulsar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de la calefacción o subirla en el aire acondicionado".

Sin embargo, Sánchez advirtió que no existe una "solución mágica" para tumbar la inflación, aunque admitió que hay muchas cosas que hacer y que el Gobierno va "a por todas". En esa misma línea argumentó que nadie tiene una respuesta segura a lo que va a ocurrir próximamente y hay muchas incógnitas, que dependerán de lo que dure la guerra y de cómo evolucionen la economía de China, Estados Unidos y Alemania.

Por otro lado, el presidente anunció otras medidas para bajar la creciente tensión social. Así desde el 1 de septiembre y hasta el 312 de diciembre los viajes para Cercanías Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe serán gratuitos, el desbloqueo de la 'Operación Campamento' que prevé construir hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán públicas y una beca complementaria de 100 euros mensuales para los jóvenes a partir de 16 años que estén recibiendo actualmente ese beneficio.

Propuestas del PP

Pero en contrario, el líder de la oposición conservadora sostuvo que si hay muchas cosas por hacer para bajarle ritmo al costo de vida. En tal sentido recordó algunas propuestas del PP como disminuir el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas –naturales- conocido como IRPF, agilizar los fondos europeos, suspender el impuesto de hidrocarburos como autoriza Bruselas o bajar el IVA del gas, también al 5%, igual que se va a hacer en la luz.

A entender de Núnez Feijóo si el gobierno socialista hubiera aplicado desde abrir esta última medida en la que insistido el PP, se habrían ahorrado 200 millones de euros.

Reiteró en que se debe reducir los impuestos a las clases medias y bajas, a través del Impuesto de Renta, es inaplazable y está más que justificado cuando el Gobierno ha recaudado 15.000 millones de euros por tal concepto. A su juicio, habría que "devolver a la gente lo que ha pagado de más".

"Me sorprende que los que se llaman progresistas no lo acepten", sostuvo el líder político al tiempo que añadió que "si realmente hay un mínimo de sensibilidad social y no una fiscalidad populista esto debería aprobarse".

Insistió en que hoy “España se juega mucho más que el señor Sánchez, se juega su futuro y el futuro del señor Sánchez es muy corto", porque asegura está desconectado de la realidad de los españoles.

En este escenario de tensión con el sector privado y la oposición política, el gobierno Sánchez se apresta a enfrentar otro gran reto como es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, una negociación que se vislumbra más complicada de lo usual. /