GRANDES y definitivos. Así serán los principales retos políticos para este segundo semestre que está comenzando. De entrada, como es apenas obvio, el primer flanco crucial está en el arranque de la segunda legislatura del Congreso.

Después de que el Gobierno rompiera en marzo pasado su coalición mayoritaria, el desarrollo de su agenda legislativa comenzó a complicarse de forma sustancial, al punto que ya se le hundió la reforma laboral, en tanto que la pensional y de salud apenas si pudieron avanzar a segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara, en donde deben empezar a discutirse apenas después del 20 de julio.

Con los conservadores y La U ya en el bloque independiente, así como los opositores Cambio Radical y el Centro Democrático proponiéndoles alianzas políticas y electorales, es claro que el Ejecutivo tiene un escenario muy complicado en las plenarias y las comisiones, puesto que la coalición de centroizquierda no tiene mayorías para imponer los articulados. Su única esperanza era recomponer las relaciones con el partido Liberal, lo que hoy se ve muy lejano, más aún después de las duras críticas y reclamos del jefe único de las toldas rojas, el expresidente César Gaviria, al Gobierno.

Así las cosas, en este segundo semestre solo hay dos alternativas para la administración Petro. En primer lugar, proceder a una concertación real del contenido de las reformas a los sistemas sanitario y de jubilación, sin lo cual asoma casi imposible que esas iniciativas puedan avanzar, menos ahora que el Pacto Histórico salió de las presidencias de Senado y Cámara, que asumirán la Alianza Verde y los liberales, respectivamente. Y en segundo plano, radicalizar su discurso contra los partidos contradictores, acusándolos de bloquear el ‘cambio’, insistiendo, además, en la hasta ahora débil estrategia de llamar a sus bases populares para que se lancen a las calles a presionar que el Congreso dé vía libre a esos proyectos.

Por lo pronto, es claro que sea cual sea la postura que asuma el Gobierno dependerá no solo la suerte de las reformas en curso, sino de otras que se anunciaron para esta segunda legislatura, como las modificaciones a la ley de educación superior, la de servicios públicos y el Código Minero. A ello debe sumarse la radicación de nuevas iniciativas que se hundieron en el primer semestre, como las de humanización carcelaria, sometimiento a la justicia de bandas criminales multicrimen o la segunda versión del ajuste al sistema laboral.

Elecciones y seguridad

Otro de los grandes retos de este segundo semestre, sin duda alguna, es el de las elecciones regionales y locales del 29 de octubre. No solo está en juego la reconfiguración del mapa político territorial, sino que cada vez es más evidente que esa cita a las urnas para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, hará las veces de un referendo indirecto en el que se medirá el nivel de aprobación o desaprobación de los primeros quince meses del gobierno de izquierda.

Rota la coalición mayoritaria que tenía con conservadores, liberales y La U; vista la racha de escándalos de las últimas semanas en la Casa de Nariño; sin poder corregir todavía el rumbo de una gestión muy accidentada y con más anuncios que realizaciones concretas, así como con una caída permanente en las encuestas, las posibilidades de que el Gobierno pueda adueñarse de las principales gobernaciones y alcaldías no asoma nada fácil. Por el contrario, los partidos de centroderecha y el antipetrismo aparecen por ahora como favoritos en varias regiones.

Sin embargo, no solo está el reto de qué el sector político primará en las urnas, sino el de, si el Gobierno y la Fuerza Pública podrán garantizar una campaña y una jornada electoral en paz. Como se sabe, en estos momentos hay un pico de inseguridad y desorden público en muchos departamentos y municipios, sobre todo por el aumento de los homicidios, atracos, sicariato, microtráfico y otros delitos de alto impacto. De igual manera, gobernadores, alcaldes, entes de control, partidos y organizaciones no gubernamentales advierten de un clima creciente de amenazas e incluso vetos a candidatos en distintas zonas por parte de grupos ilegales.

Aquí será clave lo que ocurra con los distintos flancos de la política de “paz total”, sobre todo en lo que tiene que ver con el cese el fuego que comenzará el 3 de agosto con la guerrilla del Eln, y los que ‒según lo anunciado por el Gobierno‒ se espera poder volver a concretar (pero esta vez con verificación y monitoreo) con el ‘Estado Mayor Central’ (disidencias de las Farc), el ‘Clan del Golfo’ y otras facciones con las que aspira avanzar o instalar diálogos con miras a procesos de paz o esquemas de sometimiento a la justicia.

Así las cosas, lo que pase en la mesa de negociación con el Eln ‒que ya está en tercer ciclo‒ y lo que se avance en la que se instalará en próximas semanas con las disidencias de las Farc será determinante, no solo para vislumbrar la viabilidad de la “paz total”, sino para establecer si el pico de inseguridad y desorden público cederá en alguna proporción en virtud de ceses el fuego tangibles y verificables.

De igual manera, en próximas semanas o meses la Oficina del Alto Comisionado de Paz deberá definir la ruta a seguir con la ‘Segunda Marquetalia’ (reincidencias de las Farc), proceso que quedó en vilo luego de la presunta muerte de alias ‘Iván Márquez’ días atrás en Venezuela.

Se espera, igualmente, que en pocas semanas o meses la ONU dé a conocer su informe sobre la extensión de narcocultivos en Colombia, que este año será el único reporte al respecto, ya que Estados Unidos suspendió el suyo de manera temporal. Es claro que, tras el cambio de estrategia en erradicación de sembradíos ilícitos por parte de este Gobierno, habrá un aumento en la extensión de los mismos, que podrían superar las 250.000 hectáreas. El debate será muy intenso al respecto.

Tres altos cargos en juego

Y hablando de elecciones, en este segundo semestre el país asistirá a un hecho inédito: procesos paralelos para la escogencia de los titulares de la Contraloría General (al anterior titular, Carlos Hernán Rodríguez, el Consejo de Estado le anuló la elección en mayo), el Registrador Nacional y el Fiscal General.

El primer proceso ya lo arrancó el Congreso y está a cargo, primero, de una convocatoria pública y, al final, serán las plenarias de ambas cámaras las encargadas de la elección.

Para nadie es un secreto que la selección del jefe del ente de control fiscal siempre da lugar a un pulso político y partidista de proporciones. En agosto de 2022, la entonces coalición parlamentaria gubernamental, que era la mayoritaria al sumar a la centroizquierda, liberales, conservadores y La U, marcó los ritmos de la elección. Ahora, con un nuevo mapa de bancadas oficialistas, independientes y de oposición, es evidente que la balanza de fuerzas es distinta y eso tendrá implicaciones.

En cuanto al sucesor de Alex Vega en la Registraduría, este saldrá de un concurso de méritos que adelantan ya las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, así como el Consejo de Estado. A hoy hay más de 134 candidatos inscritos, con varios pesos pesados como los exmagistrados del Consejo Nacional Electoral Doris Ruth Méndez, César Augusto Abreo, Armando Novoa y Hernán Penagos. También compiten actuales altos cargos de la Registraduría como José Darío Castro, secretario general de la entidad, así como Juan Felipe Zapata, actual director de Control Interno y el asesor Álvaro Namen. Igual es candidato Alfonso Portela, quien estuvo en la Registraduría años atrás y es uno de los principales abogados en temas electorales.

Si bien Vega manejará el proceso de las elecciones regionales y locales, su reemplazo se posicionaría en la primera semana de diciembre. Hay un trasfondo político en la escogencia, por más que medie un concurso de méritos.

En tercer lugar, está la crucial elección del sucesor de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Dado el papel crucial del ente acusador, los enfrentamientos del actual titular con la Casa de Nariño y la importancia de varios procesos penales que lleva la institución contra el Gobierno (por ejemplo, la investigación sobre la financiación de la campaña electoral de Petro, así como los procesos contra la exjefe de gabinete Laura Sarabia, el exembajador Armando Benedetti o el proceso contra Nicolás Petro), es claro que hay mucha expectativa por la terna de candidatos que integrará el mandatario para enviar a la Corte Suprema de Justicia. El debate será de marca mayor.

• Le puede interesar: Los Gnecco no revelan todavía 'gallo tapao' a gobernación del Cesar

Decisiones judiciales

Otro de los asuntos cardinales en este segundo semestre en materia política tendrá que ver con las decisiones que las instancias judiciales tomen respecto a varios procesos penales, disciplinarios, fiscales, constitucionales, de contencioso administrativo e incluso políticos clave.

Por ejemplo, en los próximos meses la Corte Constitucional tendrá que definir varias demandas de crucial importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma tributaria aprobada por este Congreso al gobierno Petro por más de 80 billones de pesos. Como se sabe, hay más de catorce demandas contra esta norma impositiva, algunas de ellas sobre artículos que representan grandes ingresos por recaudo de impuestos a la Nación.

Del mismo modo, la Corte deberá empezar a evacuar varias de las cinco demandas contra la reforma a la Ley 418, que también le aprobó el Congreso a este Gobierno en el segundo semestre del año pasado y que contiene las bases de la llamada “paz total”. Es claro que, si llega a ser declarado inexequible alguno de los asuntos vitales de la estrategia gubernamental, el coletazo será fuerte para los procesos en marcha.

Por igual, en este segundo semestre deben darse las primeras decisiones de fondo en torno a las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y hasta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes alrededor de la financiación de la campaña presidencial de Petro el año pasado. Esas pesquisas, como se recuerda, iniciaron con base en las explosivas afirmaciones del exembajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti.

De la misma manera, se espera que la Fiscalía y la Procuraduría produzcan las primeras acciones vinculantes en el proceso contra Sarabia y otros altos funcionarios de la Casa de Nariño por las interceptaciones ilegales y las pruebas del polígrafo a las empleadas de la exjefa de gabinete.

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, hay no menos de veinte senadores y representantes a la Cámara que tienen investigaciones preliminares abiertas en la Sala de Instrucción de ese alto tribunal, por lo que es muy posible que varios de ellos terminen siendo blanco de medidas de aseguramiento antes de diciembre.

A lo anterior se sumaría que en el Consejo de Estado están en miras de ser decididas, ‒antes de terminar el año‒, una serie de demandas de pérdida de investidura contra congresistas de distintos partidos.

Otros retos

Como se ve, la agenda política para el segundo semestre es bastante amplia. No solo por lo ya descrito, sino por otros asuntos que serán determinantes, como la forma en que el Gobierno enfrente el desafío de alto espectro que significará el impacto del fenómeno climático del ‘Niño’. Desde hace varios meses se le está urgiendo al Ejecutivo que delinee una estrategia preventiva para afrontar las graves consecuencias económicas y sociales de esta contingencia.

Por otra parte, es claro que la opinión pública estará atenta a la probabilidad de que el presidente Petro ajuste de nuevo su gabinete para el segundo año de su mandato que comienza el próximo 7 de agosto. Hasta el momento ha aplicado diez relevos y de los titulares de cartera que arrancaron la administración solo sobreviven ocho.

Asimismo, está por contemplarse cómo comenzará a funcionar el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, cuya reglamentación todavía está en vilo, sobre todo en medio de la polémica por la alta carga burocrática y el costo de esa nueva entidad.

Otro de los asuntos que apunta a generar mucha controversia antes de diciembre tiene que ver con el aterrizaje de la propuesta presidencial de financiar con un millón de pesos a cerca de 100.000 jóvenes que están en riesgo de caer en la delincuencia.

No menos expectativa habrá alrededor de lo que pase con el Gobierno en el flanco internacional. Como se sabe, en estos momentos hay cortocircuitos con Perú y El Salvador, en tanto que es incierto qué actitud tomará la Casa de Nariño con la radicalización del régimen chavista contra la oposición. En agosto, de la misma manera, Petro irá a la asamblea general de la ONU, siguiendo con su récord en materia de giras presidenciales al exterior.

Finalmente, se prevé que, en esta segunda parte de 2023, sobre todo después de los resultados de las elecciones, haya fuertes movimientos en las directivas de varios partidos.

En las toldas del Pacto Histórico se asegura, además, que el Gobierno está preparando un nuevo plan de acción e incluso de comunicación, con el fin de relanzar la gestión y recuperar terreno político y electoral. Ante el empantanamiento de las reformas, la idea es utilizar la Ley del Plan Nacional de Desarrollo como sombrilla para ejecutar.

Habrá que esperar, entonces, a que comience a avanzar este segundo semestre. El primero fue bastante movido y trajo muchas sorpresas políticas, económicas, sociales, gremiales e institucionales. Y todo hace indicar que esa circunstancia seguirá en el remate de 2023.