CONTENER la corrupción en Colombia requiere de un sistema jurídico que actúe de manera efectiva en contra de los nuevos métodos aplicados por políticos y funcionarios corruptos.
Así lo informó el abogado penalista, gestor de la Séptima Papeleta y conocido zar ‘anticorrupción’, Óscar Ortiz. Dijo que no hay avances del Gobierno para elevar estándares de las políticas serias contra el flagelo.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analiza los últimos escándalos de nepotismo en la cúpula del Gobierno de Gustavo Petro?
ÓSCAR ORTIZ: El nepotismo es una expresión de abuso que consiste en privilegiar a familiares. Desde luego, hay límites que ha establecido el derecho para contenerlo. En esa medida, la legalidad es lo que se debe aplicar, además de conocer las sanciones por violar las disposiciones jurídicas al respecto.
En el caso de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con la contratación de su pareja con el Estado recientemente, puede que no haya una violación a la ley. Sin embargo, ha habido otros casos similares, en los que, además del sistema jurídico, entra a operar la opinión pública.
Se percibe que hay mayor probabilidad de encontrar contratos o tener acceso a recursos del Estado, si se tiene familiaridad con algunas de las personas que están en los más altos cargos de la rama ejecutiva.
Así sea legal, tiene algún tipo de sanción social y política. Es lo que se llama armonización entre la ley, la moral y la cultura. Entonces, lo que habría que hacer es abstenerse a conductas que puedan ser malinterpretadas como el acceso privilegiado a contratos o nombramientos.
ENS: ¿Cómo ve la política anticorrupción que está poniendo en práctica la administración del presidente Gustavo Petro?
OO: No conozco propiamente una política. Pero los hechos indican que no hay un avance para elevar los estándares de exigencia. Una política del Gobierno más exigente obligaría a sus funcionarios a rendir explicaciones sobre las conductas que han sido conocidas por la opinión pública, como, por ejemplo, la financiación de la campaña presidencial.
El exembajador Armando Benedetti no era una persona cercana a la campaña de Gustavo Petro, pertenecía al corazón de la misma. Hizo unas afirmaciones sobre el ingreso de una suma de 15.000 millones de pesos que haría saltar los topes establecidos legalmente para financiar la campaña
Además, se han hecho preguntas sobre el origen de ese dinero, sobre lo que el propio Gobierno no ha dado ninguna explicación. Tampoco lo han hecho ni el jefe de la campaña ni el secretario de Transparencia ni el ministro de Interior.
Escándalos
ENS: En virtud de todos los escándalos suscitados en la administración del presidente Gustavo Petro, ¿qué tan corrupto cree que puede ser este Gobierno?
OO: La alusión que haría al respecto es en torno a las expectativas. La impronta que este Gobierno caracterizó para identificar su campaña o su oferta de valor añadido a la evolución política de nuestro país, fue el de hacer un cambio. Sin embargo, hemos visto una serie de conductas muy delicadas que no han tenido explicación.
Por eso creo que la opinión pública en altas proporciones está manifestando una frustración, por haberles generado una alta expectativa de ver que se elevaran los estándares, no solo jurídicos y de políticas públicas, sino éticos y morales por parte de los integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.
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En este caso, por ejemplo, los señalamientos y explicaciones ausentes, con relación al financiamiento de la campaña, hacen un daño enorme a su propia credibilidad.
Lo mismo ocurre con montos elevados de dinero en efectivo guardado en casas de servidores públicos que luego se pierden; también, en torno a los abusos de autoridad que parece se cometieron contra de personas particulares como las señoras que ayudaban en la casa de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.
ENS: ¿Cree que el Congreso necesita tramitar otras leyes anticorrupción para atender casos específicos en el país?
OO: Creo que, en primer lugar, el Congreso debe deliberar sobre estos asuntos a fondo y exigir las explicaciones necesarias. Una vez que haya conclusiones sobre estos asuntos, derivar unos contenidos que permitan establecer en qué medida estos hechos han afectado las políticas públicas.
En ese caso, cambiar y ajustar las normas anticorrupción para elevar los estándares éticos y que tengan un impacto en el mundo jurídico. De manera que, podamos afrontar las nuevas modalidades de corrupción, ya que los corruptos son muy creativos.
El derecho debe irse ajustando. Usualmente se dice “hecha la ley, hecha la trampa”. Es allí cuando los corruptos se las ingenian, por lo que, ante esa novedad de los corruptos, toca volver a hacer ajustes jurídicos que permitan hacer frente al delito.
Legislación actual
ENS: ¿La legislación actual es suficiente para combatir este flagelo?
OO: Aplicar la ley es lo primero que se debe hacer, pero siempre vale la pena ir innovando para descubrir los nuevos trucos que se inventan los corruptos para contenerlos. Hay que hacer una evolución de manera permanente.
ENS: ¿Cree que en Colombia y desde el Gobierno esté imperando la Cultura del Atajo?
OO: Sí. Lo que se aspira es que, como los corruptos innovan y tienen su estrategia, del lado de la democracia y transparencia, también se tiene que contar con una estrategia.
Lo que se esperaba con un Gobierno que promete cambios sustanciales, era precisamente cambios para avanzar. Pero lo que se ha visto es que las conductas se repiten, buscando las fisuras que permite la legalidad, en lugar de dar ejemplos para avanzar.