Un hondo debate ha generado la iniciativa del entrante presidente Gustavo Petro de buscar una negociación con el Eln, que según el actual Gobierno y algunos juristas no tiene piso jurídico porque la Ley eliminó la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político. Sin embargo, expertos consultados consideran que sí es posible y existen varias vías.

El Centro Democrático, que desde un principio tuvo reparos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc, particularmente porque pudiera existir impunidad para los responsables de graves delitos cometidos en el conflicto, promovió un proyecto que derivó en el Acto Legislativo 02 de 2019 para cortar la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político.

Como consecuencia se introdujo un inciso en el artículo 150 de la Constitución que establece “en ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir, respecto de ellos, amnistía o indulto”.

Con el fin de que esta norma no cobijara a los integrantes de las Farc que se desmovilizaron en 2017 y se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde los máximos responsables recibirán en el marco de la justicia transicional sanciones distintas a la cárcel por los delitos más graves cometidos, el Acto Legislativo 02 de 2019 estableció que en ningún caso afectará las disposiciones de acuerdos de paz anteriores.

Algunos consideraron cuando se expidió esta norma que podría dificultar futuras negociaciones de paz con grupos insurgentes, teniendo en cuenta que el Eln, y las disidencias que surgieron en 2016, están metidos de lleno en el narcotráfico y el secuestro.

En días pasados, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, dijo a Semana frente a la decisión que tiene Gustavo Petro de reactivar las conversaciones con el Eln, que estuvieron activas hasta poco antes del final del gobierno Santos, que “se equivocan quienes están planteando hacer negociaciones políticas con grupos armados organizados, incluso con el Eln, porque tanto los unos como los otros son un cartel de la droga y un cartel de la droga que comete un delito de narcotráfico”.

Adicionó Restrepo que “como está establecido en el sistema jurídico colombiano, no hay conexión entre el delito del narcotráfico y los delitos políticos, por eso no pueden negociar de carácter político ni con el Clan del Golfo, ni con las disidencias ni con el Eln”.

La Corte Constitucional ha seguido la línea de la Corte Suprema, centrando la conceptualización del delito político en su distinción del delito ordinario.

Puntualmente, en materia de conexidad la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que “puede existir la posibilidad que el legislador confiera el carácter conexo del delito político a otros tipos penales, siempre y cuando se cumplan con condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, criterios a los cuales se ha adicionado la obligación de (…) deberes estatales de juzgamiento, sanción y satisfacción de los derechos de las víctimas de, entre otros, los denominados delitos atroces, al igual que de las conductas constitutivas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,  graves infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos”.

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Posibilidades para reabrir diálogo

El exministro Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), consultado por EL NUEVO SIGLO indicó que “en relación al Eln el hecho de que sea una organización rebelde, creo que eso puede sustentarse jurídicamente. El hecho de que se tenga la no conexidad del narcotráfico con el delito político, no elimina el delito político”.

Agregó González que “hay sobre eso precedentes cuando los paramilitares, sentencias de la Corte que establecieron una excepción cuando la acción del narcotráfico era para financiar grupos, en este caso contrainsurgentes”. 

Añadió que “incluso si se dice que no hay conexidad, pueden tener (los del Eln) los beneficios de las consideraciones políticas y rebelión, y se tendrían que hacer consideraciones aparte sobre el delito del narcotráfico. Creo que no se puede decir que está cerrado jurídicamente”. 

Señaló también el Director de Indepaz que “además eso se puede solucionar mediante una ley que cambie la otra ley”.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, consultado por este Diario señaló: “Creo que siempre con un grupo armado de oposición, como se denomina en el derecho internacional, es viable una negociación de carácter político, es decir, la salida política al conflicto armado”.

Añadió que “creo que en el desarrollo de los eventuales acuerdos de paz ya se establecerán los niveles de responsabilidad y tratamiento judicial para las distintas clases de delitos, porque hay delitos amnistiables y delitos no amnistiables”.

Explicó el jurista que “los delitos políticos obviamente serán objeto de amnistía o indulto en un eventual acuerdo, y los que no lo son podrán estar sujetos al modelo de justicia transicional, tal como ocurrió con los desmovilizados de las Farc. De tal manera que ese es un asunto ya resuelto en la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia”.

Dijo también frente al eventual sometimiento a la justicia de los integrantes del Eln que “la responsabilidad penal siempre es individual, entonces debe probarse si hay una responsabilidad concreta y específica para miembros o la comandancia del Ejército de Liberación Nacional. Esa es una labor que debe realizar la justicia, bien la justicia ordinaria o un esquema de justicia transicional”.

Agregó que “en principio no hay una responsabilidad penal del grupo como colectivo, siempre la responsabilidad penal es individual; lo que es colectivo es el sometimiento, el proceso de desmovilización, el propósito de paz, la entrega de armas, las firmas de los acuerdos sí son acciones colectivas”.

Justicia transicional 

Un camino que buscaría el entrante gobierno en cuanto al componente de justicia transicional para un eventual acuerdo de paz con Eln, es reformar la JEP, la cual es resultado del Acuerdo de La Habana y que fue hecha para sancionar los graves delitos cometidos en el conflicto por exintegrantes de las Farc, agentes del Estado y terceros civiles.

Roy Barreras, quien acaba de ser elegido presidente del Senado, impulsado por Petro y la coalición del Pacto Histórico para que desde esa posición le abra vía al paquete de reformas que se impuso el entrante gobierno, ha señalado que para lograr la paz total a través de negociaciones políticas con las guerrillas y judiciales con grupos armados como el Clan del Golfo, estarán abiertos a “tramitar las adecuaciones normativas que resulten necesarias para que sea una realidad y Colombia sea una potencia de la vida y no de la muerte”.

En ese sentido, se buscaría adecuar la JEP para que ante ella se puedan someter también los del Eln.