El general retirado Henry Torres Escalante y otros 21 militares fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presunta responsabilidad en 303 falsos positivos cometidos en el departamento del Casanare entre 2005 y 2008.
De acuerdo con la JEP, dichas ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por miembros del ejército, fueron presentadas como falsas bajas de guerrilleros en combates y las pruebas recolectadas por la entidad muestran que existió una división de las funciones en la Brigada XVI del Ejército, comandada por el general Torres Escalante, que bajo sus órdenes cometieron los asesinatos para conseguir beneficios (viajes, salidas, permisos, traslados).
En la audiencia, se conocieron relatos que establecieron que habían unidades especializadas en resultados. “El Gaula Casanare, por ejemplo, se caracterizó por presentar supuestos extorsionistas como bajas en falsos combates. Sus integrantes, además, se valieron de los engaños y del uso de reclutadores civiles para extraer a las víctimas y cometer el ilícito. Por su parte, los grupos Delta y el Grupo Guías presentaron como bajas en combate a personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla y el Birno seleccionó entre sus víctimas a personas en situación de vulnerabilidad”, detalló el informe.
Del mimo modo la JEP logró relacionar a un agente de inteligencia y dos civiles en este caso de asesinato y desaparición forzada de personas en el departamento de Casanare.
Entre las 303 víctimas la mayoría son hombres entre los 18 y 25 años, pero también hay "nueve mujeres, una persona LGBTI, ancianos, personas con deficiencias cognitivas" y otras que fueron engañadas con promesas de trabajo.
La JEP también determinó que las tropas ejecutaron a civiles que "fueron incentivados a consumir alcohol o
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En este mismo sentido, se estableció que la identificación de las víctimas se hacia mediante " la retención de personas con antecedentes o anteriormente vinculadas a grupos criminales, o que eran familiares de integrantes de estas organizaciones, o víctimas sin ningún tipo de relación con grupos ilegales o en estado de vulnerabilidad, como sucedió con el asesinato de una trabajadora sexual” se declaró en la audiencia.
El magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra, aseguró que en lo casos se encontró que las personas fueron asesinadas en estado de indefensión pues a las víctimas les hacían consumir alcohol incluso consumir estupefacientes. “No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea”, explicó el magistrado Parra quien detalló que en el subcaso Casanare, se identificaron como víctimas a “nueve mujeres y una persona con orientación sexual e identidad o expresión de género diversa que experimentaron formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes”.
Los 19 militares, y los otros tres imputados este lunes, deberán en las siguientes semanas reconocer o rechazar los cargos. Un general y cuatro coroneles en retiro están entre los imputados.
Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de 20 años de prisión.
Los magistrados también imputaron a los altos mandos de la organización armada, hoy un partido político de izquierda, por 21.000 secuestros.
En junio, la cúpula de la disuelta guerrilla reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas, para acogerse a los beneficios penales.