LA LEY de ‘paz total’ es inconstitucional. Así lo dijo la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en un nuevo concepto entregado a la Corte Suprema de Justicia para tumbar la normativa propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que establece los mecanismos para que el Estado pueda negociar con grupos armados al margen de la ley el fin de hostilidades en el país.
Al respecto, la jefa del Ministerio Público afirmó que los congresistas no pudieron desarrollar debates en torno a esta ley de manera efectiva, ya que el Ejecutivo no entregó los insumos técnicos correspondientes para que pudieran estar debidamente informados. Además, señaló que “no contaron con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que debía remitirse al proceso legislativo”.
“Para el Ministerio Público era relevante el concepto del Consejo Superior de Política Criminal para que las cámaras hubieran podido deliberar de forma ilustrada sobre las normas que regulan aspectos del sometimiento de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto”, señaló la procuradora.
Tras una revisión minuciosa al trámite legislativo en torno a esta ley, Cabello dijo que se pudo evidenciar que “la ausencia de la emisión y envío del concepto a las cámaras no fue una situación accidental, sino que se trató de una actuación deliberada, en la que el Gobierno Nacional no actuó razonablemente para que los congresistas contarán con dicho insumo en el desarrollo de sus deliberaciones”.
Por lo mismo, destacó que dicha omisión conllevó a una “violación de los mandatos constitucionales”, ya que, de acuerdo a la norma legislativa, se exige que las discusiones desde el seno de la Cámara de Representantes sean “debidamente ilustrados, así como del principio de seguridad jurídica, pues los legisladores aprobaron un cuerpo normativo que no cumplía con la medida de autocontrol exigido en la normativa vigente”.
Otro aspecto que, según la procuradora, hace que esta ley sea inconstitucional fue la vulneración del deber superior de cumplir con determinaciones judiciales. “La Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República, en sentencias previas, contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema Carcelario y Penitenciario, puntualizó la Procuradora General”.
Decisión
Tras la presentación y aprobación de la Ley 2272 de 2022, que establece la ‘paz total’ como política de Estado, no tardaron en surgir demandas en su contra por inconstitucional. La mayoría de acciones judiciales fueron interpuestas por congresistas del Centro Democrático como José Jaime Uscátegui, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Turbay. Hizo lo propio el senador de Cambio Radical, Fernando Motoa.
Pero la primera de las demandas, la que consignó ante la justicia el abogado Jorge Enrique Pava, no cumplía con los requisitos exigidos, por lo que la Alta Corte no tomó una decisión de fondo. Aunque este fallo permitió a la ley mantenerse en vigor de momento, todavía quedan otras demandas que deben ser estudiadas por el Alto Tribunal.
Serán analizadas en audiencia pública, para la cual no hay fecha. “Me parece importante establecer una fecha para una audiencia pública donde podamos profundizar en los argumentos para que la corte tome una decisión. Porque consideramos que esta ley vulnera principios de la carta política. No solamente son vicios de trámite”, destacó Motoa en declaraciones publicadas por Noticias Caracol hace algunas semanas.
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Las senadoras del Centro Democrático planean razones para tumbar la ley. Cabal, Valencia y Holguín hacen énfasis en la inconveniencia de los artículos 10 y 11 que impone el servicio social como alternativa al servicio militar. Pero también hacen reparos al artículo 12, que habla sobre tasas y sobretasas para financiar políticas de seguridad, son inconvenientes.
Por su parte, Uscátegui argumentó que el texto incurre en vicios de forma, ya que no tomó en consideración el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal. Pero, además, alegó que no estuvo sujeta a debate ni a votación en instancias como la Cámara de Representantes.
También puntualizó que con la aprobación de la ‘paz total’ como política de Estado, se vulneraron elementos importantes como la separación de poderes. Adicionalmente, afirma que los derechos de las víctimas de la violencia en el país serán vulnerados.
Además de estos argumentos, se suman los de la procuradora para hundir esta ley, una de las más importantes del Gobierno del presidente Petro, ya que con ella quiere lograr la paz en Colombia, tras negociaciones con grupos al margen de la ley.