"Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución, no es un caos", fue la respuesta del presidente Gustavo Petro en la noche de este jueves, tras un intercambio de mensajes con la Procuradora General Margarita Cabello, tras omitir la sanción interpuesta por el Ministerio Público al alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
Además el mandatarario añadio que "no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia".
El desacato del presidente Gustavo Petro tiene que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que devolvió a la Alcaldía de Bogotá al mismo Petro. Desde esa sentencia se indica que existe una regla de convencionalidad vinculante que establece que una autoridad administrativa con funciones disciplinarias no puede suspender de sus funciones a un servidor elegido popularmente, pudiendo afectar los derechos políticos de sus electores y el principio democrático, y que esa potestad corresponde a un juez penal.
A través de una carta de cuatro páginas, el presidente Gustavo Petro señala que "observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello se pronunció con respecto a la decisión del jefe de Estado, asegurando que "la Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando determinó que la investigación y el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección, la debe realizar la Procuraduría General de la nación con la ratificación propia del Consejo Estado".
La jefa del Ministerio Público sostuvo que en Colombia “todas las autoridades, incluyendo el presidente, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina, la legalidad del Estado de derecho de nuestro país como es la Corte Constitucional”.
Asimismo, Cabello agregó que: “No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos”.
Por otro lado, el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que solo un juez tiene la facultad de privar de derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente y que dicha norma prevalece sobre la legislación interna.
“La comunicación que le envió el Presidente de la República a la Procuradora General de la Nación ejerce, de oficio, control de convencionalidad, sobre una comunicación que, a su vez, ella le había remitido al Gobierno Nacional. Colombia no es una isla, y leyes como las de la Convención Americana forman parte del derecho interno colombiano. La Procuraduría General tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana su atribución se constriñe a la vigilancia en los casos de los funcionarios elegidos popularmente”, señaló el funcionario.
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La carta de Petro
En la misiva, el presidente señala que la medida "no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 N.° 2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (...), implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”.
Ante esta situación, el mandatario Nacional devolvió el requerimiento en el que se pide suspender al alcalde Riohacha “para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”.
Finalmente, Petro solicitó enviar la mencionada carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que obre como documento de cumplimiento de lo ordenado al Estado dentro del caso Petro para Colombia; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
¿Qué pasó con el Alcalde?
El pasado 30 de abril la Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Riohacha por presuntas irregularidades en contratación de obras.
Del mismo modo, el órgano de control abrió investigación contra el secretario de Infraestructura y servicios Públicos Keider Freyle Sarmiento; los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Óscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como el tesorero del municipio, Edén Elí Moscote Roys.
De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, la entidad territorial inició el proceso de contratación sin tener información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes que se iban a intervenir durante la ejecución de las obras.
Igualmente, la Procuraduría manifestó que no se detallaron los trabajos que se realizarían con su debida programación ni se efectuó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, donde está ubicada la población más vulnerable del municipio.
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