EN LO QUE es la mayor cantidad de recursos de toda la historia, el Gobierno finalmente cerró el proyecto del Presupuesto General de la Nación en 2024 por $ 502,6 billones. Esta iniciativa que comenzará su debate desde mediados de septiembre en el Congreso, está generando inquietud sobre la realidad de las finanzas públicas.

La principal duda es, ¿de dónde saldrá esa cantidad de dinero?

El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo que el presupuesto destinará una buena parte para la inversión el otro año. Mencionó: “Para el otro año el problema más grande que tenemos es que de los cerca de $ 500 billones de presupuesto, $ 100 billones son para el servicio de la deuda y realmente la inversión va a ser muy pequeña”.

A su vez, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya expuso ante las Comisiones Económicas del Congreso y argumentó que el 63% de los recursos saldrán de los llamados ingresos corrientes, que son en un 99% los impuestos que recauda la DIAN. Según las cuentas del funcionario, esa entidad recogerá más de $ 310 billones y $ 1,5 billones adicionales vendrán como ingresos no tributarios.

Los recursos de capital serían $ 141 billones, los fondos especiales $ 15 billones y las rentas parafiscales $ 3 billones. Hasta ahí pareciera que el gobierno tiene controladas las fuentes de recursos para el gasto. Pero desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hay unas observaciones que no pasan de agache.

El CARF es un organismo técnico que le hace seguimiento a la disciplina financiera del Estado. Y básicamente, alerta cuando hay riesgos por posibles excesos. Recientemente, su director, Andrés Velasco, se refirió a las cuentas que está entregando el Gobierno.

El gasto

El director del CARF indicó que el gasto primario del Gobierno Nacional crecerá este año hasta el 17,6% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), que sería cerca de $ 257 billones.

Ese gasto se está llevando a máximos y en 2025 llegaría a 19,5% del PIB, “al límite de lo que sería la regla fiscal”. Así mismo hizo notar que ese mayor gasto se está apoyando en ingresos que no son permanentes y que, además, calificó como inciertos.

Esos ingresos no tan firmes son los que se canalizarían con el llamado arbitramento de litigios, que totalizan unos $ 30 billones (dineros que la DIAN recogería al ganar pleitos jurídicos con deudores). Pero, además, otros expertos han mencionado que, igualmente, son inciertos los recaudos adicionales que se esperan de la DIAN por la lucha contra la evasión. En palabras populares, son unas cuentas alegres.

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Costo de las reformas

Otro elemento que se suma a las inquietudes es el costo que tendrían las reformas que el gobierno quiere sacar adelante, especialmente las de salud y pensiones, que de acuerdo con el CARF implicaría un gasto adicional hasta de 0,7% del PIB y esto no está contemplado explícitamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2023.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo ante el Congreso que, si bien las proyecciones de ingresos no están exentas de riesgos, especialmente en lo relacionado con el arbitramento de litigios y control de la evasión, dijo que “debe destacarse que el gobierno ha manifestado su intención de cumplir las metas de la regla fiscal en 2024 y en los años siguientes”.

“De allí se infiere que desviaciones en la proyección de ingresos serían corregidas oportunamente con ajustes en el gasto por parte del gobierno, con lo cual se mantendría la credibilidad de la política fiscal y se aseguraría que la Nación transite hacia niveles de deuda sostenibles con el nivel ancla de 55% del PIB establecido por la regla fiscal”, añadió el jefe del Emisor.

Inflexibilidades

A su turno, el ministro de Hacienda mencionó dos grandes inflexibilidades que se llevan una porción muy grande del Presupuesto General de la Nación y que exigen acopiar más recursos para aumentar el monto de la inversión social hasta los $ 97,7 billones que le están pidiendo al Congreso.

La primera inflexibilidad es el servicio de la deuda, al que se destinarían $ 94,5 billones y es una obligación que se llevaría casi el 19% de los recursos totales, puesto que el país debe honrar unos compromisos a partir del próximo año.

“Entre 2024 y 2025 debemos pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y esa deuda no tiene ninguna posibilidad de evadirse ni moverse ni renegociarse”, apuntó Bonilla, quien, además, hizo notar que, por ley, cuando crece el recaudo tributario, también debe aumentarse la plata se les gira a los departamentos a través del Sistema General de Participaciones, por ello el monto para este rubro asciende a $ 237 billones y crece 21% frente a la apropiación para 2023.

En ese mismo sentido, Guevara aseguró que se debió realizar un ajuste en los niveles de inversión de los diferentes sectores económicos. “Cumplir la regla fiscal y a la vez tratar de mantener la inversión es como el juego del equilibrista que a nosotros nos toca hacer”, enfatizó.

A pesar del incremento, el Ministerio de Hacienda indicó que el monto proyectado y presentado al Congreso es consistente con el Plan Financiero y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, además de cumplir el principio de coherencia establecido por la Ley 1473 de 2011 que estableció la regla fiscal para el Gobierno Nacional y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

En el monto total previsto, el Gobierno proyectó un aumento de 18,9% en los gastos de funcionamiento, que pasarían de $ 261 billones a $ 310,3 billones ($ 49,3 billones superior), rubro en el cual el mayor peso lo tendrían las transferencias, con $ 237,5 billones.

El servicio de deuda

En el servicio de la deuda, el PGN del 2024 incorpora una partida de $ 94,5 billones, un 20,4% superior al monto previsto en el presupuesto que está en ejecución, y que con la adición se ubicó en $ 78,5 billones.

De esos $ 94,5 billones, el documento detalla que $ 55,2 billones corresponden al pago de intereses.

“El servicio de la deuda crece por encima de lo que crece el presupuesto simplemente porque tenemos una inflexibilidad en el manejo de los vencimientos en el año 2024”, explicó Bonilla.

Entre tanto, en el rubro de inversión el Gobierno proyectó que en el 2024 destinará $ 97,7 billones, es decir $ 14,5 billones más que el monto que ya está aprobado y en ejecución para el año en curso, con lo cual el aumento porcentual en este aspecto sería de 17,4%.

Finalmente, Bonilla indicó que aquí, en la inversión, es donde el Gobierno está decidido a estimular la reforma agraria, la transición energética y los procesos de desarrollo de la nueva estructura educativa y de salud, así como la reindustrialización. Aunque en el rubro de inversión sube mucho menos que los gastos de funcionamiento, como porcentaje del PIB pasaría de 5,2% en el 2023 a 5,8% en el 2024, pero en los gastos de funcionamiento esta relación sube de 16,3% actual a 18,3% en el documento que plantea el Gobierno.