EL GOBIERNO se comprometió con la seguridad del Fiscal General. Fue la principal conclusión que surgió de la reunión de este viernes del presidente Petro y Francisco Barbosa en la Casa de Nariño, en medio de la polémica después de que el martes pasado éste denunciara un plan del Eln para asesinarlo, pero algunos funcionarios del Ejecutivo han dicho que la revelación podría ser un saboteo al cese el fuego que se inició la semana anterior con esta guerrilla.
La Presidencia de la República indicó en un comunicado que “el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se reunió en la mañana de hoy (ayer) con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el despacho presidencial y de manera privada, para abordar su situación de seguridad”.
Añade el comunicado que “el mandatario de los colombianos escuchó atentamente los argumentos y recibió la información que posee el señor Fiscal General por su caso en particular. El encuentro se realizó por solicitud del señor presidente de la República y, al término del mismo, le expresó que el Gobierno nacional le brindará toda la protección requerida y solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos”.
El martes pasado, la Fiscalía reveló que obtuvo información de que en Venezuela el Eln fraguó un plan para asesinar al fiscal Barbosa valiéndose de francotiradores. Agregó que inteligencia de las Fuerzas Militares confirmó ese hecho.
Del mismo modo, detalló que para esto cinco mandos del Eln se habrían reunido en Venezuela, coordinados por alias el ‘Rolo’.
Pero mientras que el Gobierno de Venezuela rechazó las afirmaciones del fiscal de que este plan se habría orquestado en su suelo, a las que calificó “escandalosas informaciones” que “intentan minar el proceso de paz que se desarrolla en los actuales momentos en la República de Colombia”, este hecho generó una nueva controversia entre el Gobierno y Barbosa, que ha sido constante, especialmente por las críticas que éste ha hecho a los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno para el sometimiento a la justicia de grupos armados, así como el de humanización carcelaria, pues estima que favorecen a los narcotraficantes.
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Las observaciones que ha hecho el Fiscal General a la política de paz del Gobierno, le ha valido que sea señalado por la bancada en el Congreso del oficialismo de ser supuestamente enemigo de la paz.
Esta guerrilla salió a negar que esté planeando atentar contra el Fiscal y dijo que con sus afirmaciones “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el Eln”.
El fiscal Barbosa se mostró mortificado porque no habría sentido la plena solidaridad del Gobierno frente a estas amenazas, como sí lo han manifestado las altas Cortes y la Procuraduría, entre otros, pues incluso el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo en las últimas horas que “sobre la circunstancia y elementos de juicio que tenemos en este momento respecto de la atribución del Eln, creo que podemos estar incursos en un proceso de saboteo que empieza por sectores que tradicionalmente han estado en contra de la paz y a favor de la guerra”.
Frente a lo cual Barbosa dijo el jueves pasado que “las expresiones de Rueda son miserables porque desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente lo expresado por el Eln. Por venir del Alto Comisionado para la Paz, son expresiones que aumentan el riesgo para mi vida y la de mi familia”.
¿Cómo quedan las relaciones?
A pesar de que el Gobierno se comprometió con la seguridad del fiscal general y pidió investigar a fondo estas amenazas, de todas formas, la relación entre la Casa de Nariño y Barbosa siguen tensas.
Incluso antes de la reunión de este viernes con el jefe de Estado, Barbosa dijo a Caracol Radio que “responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia. No he recibido ni siquiera una llamada del presidente”.
Asimismo, dejó entrever que el Gobierno tenía información del plan en su contra desde hacía al menos un par de meses y no lo alertaron.
“A mí me informan que la información de mi atentado la tenían desde hacía dos meses. ¿Quiero saber cuánto tiempo reposó esa información? Y me dicen ahora que hay información de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) donde se le entregó información financiera al Ejército y que no tiene la Fiscalía”, dijo Barbosa.