EMULANDO un viejo éxito cinematográfico se puede afirmar que Maduro (y su régimen) es “duro de sacar”. Han sido múltiples, organizados y valientes las acciones de la oposición venezolana para poner fin a la dictadura que, desde hace una década ha forzado al exilio a no menos de ocho millones de ciudadanos.

En encarcelamiento de varios de sus líderes, la constante persecución, injustificada ofensiva judicial y veto inexplicable a sus candidatos, no amilanó a una oposición que ante la grave crisis económica y social supo, en los últimos dos años, moverse hacia la unidad y capitalizar un abrumador respaldo ciudadano, tal cual se verificó en la reciente presidencial (28 de julio), que según las actas electorales (copias de las originales en poder del CNE), Edmundo González logró el 67% de los votos frente a un 30% de Maduro.

Siempre por la vía democrática, con un mensaje conciliador y el ofrecimiento de garantías para que Maduro y su entorno, la oposición venezolana hizo una intensa y exitosa campaña presidencial. El ariete de la misma fue María Corina Machado, quien inhabilitada sin prueba alguna para fungir como candidata buscó y encontró a una persona intachable y de consenso: el exdiplomático González Urrutia, de 75 años.

Miles de miles de venezolanos (inclusive decepcionados chavistas) concurrieron a cada acto de campaña de la dupla González-Machado y, el pasado 28 de julio, protagonizaron una de las elecciones más concurridas y pacíficas en la historia de ese país.

Con la esperanza del cambio y la alta posibilidad de que, en breve, iniciara la tan anhelada transición democrática, dieron un contundente aval a Edmundo González que, ante la incredulidad nacional e internacional, fue desconocida por Maduro y su séquito, que en la madrugada lo proclamaron reelecto y, a hoy, no han exhibido las actas electorales, exigencia que hicieron cientos de gobiernos, incluidos sus aliados de izquierda en América Latina.

Desde entonces Maduro se ha atrincherado en el poder y ante las condenas internacionales no sólo por el posible fraude sino por la represión a la oleada de protestas surgidas inicialmente en barrios populares de Caracas y otras ciudades tras las denuncias de fraude que se saldó con 17 fallecidos, decenas de heridos, más de un millar de detenidos, daños a bienes y el derribo de cinco estatuas de Chávez esgrime la tesis de un “intento de golpe de Estado fascista”.

Del mismo culpa a González y Machado, sindicándoles de actuar como engranajes de un “plan desestabilizador impulsado por Estados Unidos con la complicidad del narcotráfico colombiano”, por lo que desde entonces Maduro dijo que esos líderes opositores deberían “estar tras las rejas”.

De allí que ambos pasaron a la clandestinidad y, en septiembre, ante la alta posibilidad de terminar en la cárcel, Edmundo González salió del país y se exilió en España, mientras Machado se mantiene activa en su país con videomensajes en la red social X para movilizar la ciudadanía y llevar al palacio de Miraflores, este 10 de enero (10E), al proclamado presidente electo.

Por ello, sintiendo ‘pasos de animal grande’ tal cual reza el refrán popular, el régimen a través de la policía científica, ofreció este jueves una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de González Urrutia, quien por su parte inició lo que denominó una gira por países latinoamericanos, iniciando en Buenos Aires, donde este sábado fue recibido por Javier Milei, uno de los críticos más férreos de la dictadura, y proseguirá por Uruguay.

En esta cuenta regresiva de suspenso y máxima tensión hacia el 10E, Machado convocó a los venezolanos a tomarse las calles el día de la investidura presidencial para protestar por el fraude y exigir que se respete la mayoritaria voluntad popular, lo que de inmediato recibió la respuesta de Maduro con el mismo llamado y la sentencia de que “Venezuela no será gobernada “jamás” por “un títere de la oligarquía ni del imperialismo”, en velada alusión a González Urrutia.

Es evidente el temor de la dictadura ante el juramento ilegítimo que se apresta a hacer Maduro y, por ello, bajo la mampara de la defensa ciudadana y la soberanía, no solo trasladó cientos de policías y militares a Caracas, sino que su partido Psuv, organiza y financia tanto el traslado como la manutención de cientos de personas de todo el país hacia la capital para una “gran movilización nacional” el mencionado día.

 “El principal objetivo a corto plazo del gobierno es que Maduro se juramente el 10 de enero. Tiene todos los medios para asegurarse de que esto suceda y nada indica que ocurra algo que interfiera con el proceso”, dijo Phil Gunson, analista sénior para la región andina en la organización International Crisis Group.

La oposición “ha empezado a reconocer que esto es así, aunque Machado insiste todavía en que Maduro está arrinconado”, añadió Gunson, cuya organización, basada en Bruselas, se especializa en la resolución de conflictos.

En una riada de entrevistas que en vísperas de comenzar las fiestas de fin de año ha dado desde la clandestinidad, Machado insiste en que Maduro “está más débil y por eso estamos enfrentando las horas más peligrosas, porque un régimen que se sabe contra la pared actúa con desesperación”.

De su lado, González, confía en asumir la presidencia, negándose a revelar su estrategia, pero dijo que “habrá sorpresas”, a pesar de que las autoridades anuncian que apenas ponga un pie en el país lo harán preso.

En sus mensajes a través de las redes sociales, tanto Machado como González insinúan que harán jugadas tácticas inmediatamente antes o después del 10-E, pero, en cualquier caso, aún si Maduro rehúsa negociar y se afianza en el poder, recuerdan a sus fieles que seguirán luchando “hasta el final”.

Maduro “tiene la oportunidad de aceptar los términos de una negociación que hemos ofrecido, con incentivos y garantías que permitirían estabilidad para Venezuela”, sostiene Machado. “Si en cambio se aferra al poder por la fuerza y la represión, sería el peor error de su vida”.

¿Y el día después?

Es factible que el viernes próximo, ante la imparable represión y la campaña de miedo, inclusive oficializada por ley (Asamblea Nacional aprobó un conjunto de normas que restringen el espacio cívico y en la práctica anulan la posibilidad de disentir sin castigo), Maduro jure para otro mandato de seis años, consolidando así los 25 años del chavismo al mando de Venezuela (el desaparecido Hugo Chávez llegó al poder el 2 de febrero de 1999). Sin embargo, no es garantía de que ese gobierno sin legitimidad acabe con la polarización política, el descontento social y el reproche internacional.

Si bien hasta ahora la actitud de la comunidad internacional ha sido ‘pasiva’ ya que muchos gobiernos han reconocido a González como presidente electo (Estados Unidos, Argentina y algunos europeos), puede tener un rol decisivo en el futuro inmediato.

Sobre todo, porque hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, y el presidente elegido Donald Trump, quien practicó una línea dura con sanciones contra el gobierno de Maduro en su anterior mandato (2017-2021), escogió a Marco Rubio como secretario de Estado (canciller) y a Christopher Landau como su segundo.

Rubio, ha sido desde el Senado en Washington un “halcón” frente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y Landau es un diplomático muy versado en la historia y la política venezolanas.

La incógnita es cuál o cuáles políticas desplegará Estados Unidos. Mano dura, con más sanciones, cerco político y quizás respaldo a alguna salida de fuerza, o un entendimiento pragmático considerando que Venezuela es un exportador no solo de petróleo sino de migrantes, de los que Trump ansía devolver a sus países de origen.

De los casi ocho millones de venezolanos que han migrado al extranjero -una cuarta parte de la población- más de 600 000 han llegado a Estados Unidos. La firma encuestadora Poder y Estrategia señala que hasta 25 % de los jóvenes y adultos del país hace planes para marcharse si Maduro permanece en el poder.

Dentro del país la gran incógnita es qué pasará si Maduro gobierna con desdén tanto contra la mayoría que votó en su contra como con los gobiernos extranjeros opositores.

Rafael Uzcátegui, del no gubernamental Laboratorio de Paz en Venezuela, dijo que hay aprensión por una arremetida sobre la oposición política y las organizaciones sociales.

“Es probable que el 10 de enero transcurra sin incidentes visibles, en un ambiente de fuerte vigilancia y represión. Sin embargo, esto no significa que el sistema sea estable en el mediano plazo”, sostuvo por su parte Guillermo Tell Aveledo, decano de estudios jurídicos y políticos en la caraqueña Universidad Metropolitana.

Para Gunson “la única solución viable para Venezuela es una negociación a fondo que lleve a una transición democrática, pero para eso tanto gobierno como oposición deben tener la disposición, y hasta ahora eso nunca ha sido el caso”, prácticamente en todo lo que va de siglo.