EL ENTRAMADO de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia tuvo esta última semana uno de los capítulos más reveladores desde que inició este escándalo de corrupción, el más grave registrado en Latinoamérica en la última década.

El Grupo de Tareas Especiales sobre este caso, creado por la Fiscalía años atrás, no solo anunció varias de las más importantes imputaciones desde que arrancaron estas pesquisas la década pasada, ya que ahora incluirán al máximo accionista de la multinacional brasileña y a toda la cúpula de su compañía en nuestro país, sino que presentó una radiografía completa de todo lo que ha realizado el ente acusador en la que desde ya es considerada la investigación judicial más extensa y compleja en este siglo en Colombia.

Y no es para menos. Son varios los frentes procesales que se han abierto alrededor de este caso durante el periodo en que Francisco Barbosa ha estado al frente del ente acusador, es decir desde febrero de 2020.

El primero de esos flancos es el de los sobornos para la adjudicación del proyecto vial Ruta del Sol II. Aquí, acorde con el informe de la Fiscalía de esta semana, se tiene soporte probatorio sobre el pago de sobornos por más de 79.000 millones de pesos. De igual manera, está comprobado el otorgamiento anómalo de beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos. Y a ello se suman, beneficios contractuales por conceptos de Otrosíes en más de 190.000 millones de pesos.

En cuanto a los dineros de Odebrecht que ingresaron a las campañas electorales, específicamente de 2014, la Fiscalía indicó que se investigan aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por 3.540 millones de pesos.

Al tiempo que, a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático en 2024, habrían ingresado más de 3.045 millones de pesos.

Aquí hay que dejar en claro que estas pesquisas ya están muy adelantadas. En el caso de Zuluaga, por ejemplo, la Fiscalía el pasado 10 de julio lo imputó, junto a su hijo David Zuluaga.

El exdirigente político fue imputado por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, pues la firma brasileña le pagó más de un millón de dólares al publicista brasileño Duda Mendoça, fallecido hace dos años.

En el caso de la campaña de Santos, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara archivaron las investigaciones por falta de mérito; en tanto que la Fiscalía no ha tomado una decisión.

En el periodo de Barbosa otro de los frentes que se han investigado en el caso de Odebrecht tiene que ver con el proceso de contratación Tunjuelo-Canoas, obra clave para el proceso de descontaminación del río Bogotá. En este caso se investiga lo sucedido con más de 91.000 millones de pesos.

“Estos dineros ilícitos sumados a otros pagos corruptos permiten afirmar que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514.000 millones de pesos, de los cuales por principio de oportunidad se han logrado recuperar más de 19.000 millones de pesos. Lo que concluye que Odebrecht le debe al Estado más de 494.000 millones de pesos producto de actividades ilegales”, precisó el ente acusador.

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Con relación a las personas investigadas se tienen los siguientes resultados durante la Fiscalía de Barbosa: Solicitudes de imputación: 93; imputaciones realizadas: 20; escritos de acusación presentados: 17; principios de oportunidad: 4; y sentencias condenatorias: 11.

Tras la cúpula

Para la Fiscalía está probado que en al menos ocho años Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos.

“Identificándose que la empresa Odebrecht, suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país, vía conocida como la Ruta del Sol, sector II. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11.493 millones de pesos. Según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro (Gabriel García Morales), que ya recibió una condena”, señaló el ente acusador.

Lo nuevo esta semana es que el ente acusador anunció que formulará cargos a directivos de Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Esto marca un antecedente, ya que se presumía que, tras un acuerdo de colaboración judicial logrado, años atrás, la cúpula de la multinacional no sería judicializada.

Ahora la Fiscalía imputará al presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Teixeira.

Todos ellos serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Cabe recordar que Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en su país en el marco de la investigación Lava Jato. Sin embargo, por acuerdos de colaboración con la justicia solo pagó 7 años. Hace pocos meses recuperó la libertad.

Por ahora la posibilidad de que sea judicializado en Colombia es mínima porque no existe acuerdo de extradición con Brasil.

En este mismo caso, la Fiscalía anunció esta semana que serán imputados nuevos contratistas y un lobista.

Modus operandi

De lo anunciado esta semana, hay otros temas clave, sobre todo en lo relativo a la descripción del modus operandi de este entramado de corrupción desarrollado por la multinacional brasileña entre los años 2009 y 2016 en Colombia, relacionado con la línea de investigación denominada: ‘Métodos estructurados para pagos ilegales’. 

Se advierte, en primer lugar, que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial.

Este modelo se replicó en Colombia, indicó la Fiscalía. Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña. Así se consolidó una empresa criminal paralela que al parecer logró la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.

En Colombia y a través del Departamento de Operaciones Estructuradas se materializó el pago de sobornos; área que se caracterizó por ser secreta y distante de la oficial, pero paralela a las actividades propias del contrato. El manejo tenía como único fin cumplir acuerdos económicos producto de los contratos obtenidos. El entramado delincuencial tenía 3 fases: (i) Conseguir los mega contratos, (ii) Modificar el objeto del contrato y (iii) Cancelar dádivas.

Dádivas, que era pagadas a través de empresas ‘offshore’ (ubicadas fuera del país donde se ejecutaba el proyecto y en paraísos fiscales). Utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.

El manejo financiero fue gestionado a través de una Fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales adelantados.

Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero conocido como ‘MyWebDay’ con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Todo ‘en la sombra’ del presupuesto original del proyecto. El segundo sistema es ‘Drousys’, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados de los pagos por eso se usaban nombres claves, códigos y contraseñas.