Dos excongresistas fueron imputados. Se aprobó un acuerdo entre la Fiscalía y Leonardo Pinilla, pieza clave en el escándalo. La próxima semana será reanudado el juicio al exmagistrado Malo

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Debido a que su colaboración con las autoridades en Estados Unidos terminó, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien destapó el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, fue detenido ayer en Miami.

Agentes del ICE llegaron a la casa del exgobernador y le explicaron su situación migratoria y como la colaboración no continuaría, no sería más un testigo protegido, por lo que fue recapturado. Los agentes le pidieron los documentos que certificaran que es testigo protegido y aparentemente no los tenía.

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Lyons, quien ha colaborado por más de dos años con las autoridades americanas, tiene varias cuentas pendientes por cuenta de su presunta responsabilidad en distintos casos de corrupción como el ‘Cartel de las Terapias’, en el que también está involucrado el exgobernador Edwin Besaile, el ‘Cartel de la Chapa’ y el ‘Cartel de la Hemofilia’.

Además, es investigado por el desvío de recursos de regalías mediante la adjudicación y ejecución de dos convenios de Cooperación en Ciencia y Tecnología financiados por más de $43.000 millones.

Procesos

En los últimos días se han conocido varias decisiones en los procesos que se adelantan por el ‘Cartel de la Toga’. Entre estas se encuentra que los excongresistas Argenis Velásquez y Julio Gallardo fueron imputados por la Fiscalía, se aprobó un acuerdo entre el ente acusador y Leonardo Pinilla, una de las fichas clave del escándalo, y la próxima semana será reanudado el juicio que se le adelanta en la Corte Suprema al exmagistrado Gustavo Malo.

‘Porcino’

Esta semana se conoció que el abogado Leonardo Pinilla, conocido como ‘Porcino’, pasará tres años privado de libertad por el proceso que se adelanta en su contra. La pena fue fijada como parte de una negociación hecha entre su defensa y la Fiscalía General, con el fin de que aceptara ser responsable del delito de concusión y colaborara con la investigación a cambio de obtener beneficios judiciales.

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Pinilla, quien fue mano derecha del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, fue capturado cuando llegó a Bogotá el pasado lunes 29 de abril, luego de cumplir la condena que le impuso la justicia de Estados Unidos por el cargo de lavado de dinero.

Moreno

El año pasado Moreno fue condenado a cuatro años, 10 meses y 15 días de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que halló culpable de los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, conductas en las que incurrió como exfuncionario judicial precisamente cuando él y Pinilla le recibieron el soborno de $100 millones al exgobernador Lyons. Los cuatro años de prisión deberá pagarlos en Colombia una vez regrese de Estados Unidos, donde se encuentra en extradición.

En abril pasado Moreno alertó una posible impunidad en este caso. En una carta dirigida al presidente Iván Duque y al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el exfiscal Moreno solicitó que intervengan para que se le prorrogue por un año más el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía para colaborar con las investigaciones.

El escándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el 17 de agosto de 2017, cuando el exfical Néstor Humberto Martínez anunció que compulsaría copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios. Entre los exmagistrados se encuentran Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos.

Malo

La Corte Suprema de Justicia tiene previsto reanudar el próximo 5 de agosto el juicio que se adelanta contra el exmagistrado de esa misma corporación, Gustavo Malo. El exmagistrado fue mencionado en esas grabaciones como supuesta ficha del ‘Cartel de la Toga’, por lo que fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara, que lo acusó ante el Senado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva. Es procesado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y utilización de asuntos sometidos a secreto, por al parecer manipular decisiones judiciales en beneficio de quienes eran objeto de persecución penal.

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Ricaurte

El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien está privado de libertad desde 2017, por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial debe responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.

La Fiscalía advirtió que Ricaurte, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

Bustos

La Comisión de Acusación de la Cámara investiga desde agosto de 2017 al exmagistrado Leónidas Bustos por su presunta participación en el caso. Bustos fue calificado como cerebro de la organización criminal por el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, encargado de la investigación. “Practicadas y trasladadas más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales a este proceso, se encontró que existen serios indicios que permiten concluir de la participación de Bustos como cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer en procesos de única instancia que se tramitan en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.

Parlamentarios

Las revelaciones de Luis Gustavo Moreno inicialmente salpicaron al hoy senador suspendido Musa Besaile, quien aceptó ante la Corte Suprema que pagó a Moreno y su organización $2 mil millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra.

En los últimos días han sido imputados los excongresistas Argenis Velásquez y Julio Gallardo. A Velásquez se le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer (pago de sobornos) por presuntamente pagarle $200 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para retrasar investigaciones en su contra que se adelantaban en el despacho de Gustavo Malo. Velásquez era investigada por presunta malversación de recursos cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo y dio esta millonaria suma a Moreno, para que este, a su vez, lo entregara a Camilo Andrés Ruiz, magistrado auxiliar de Malo.

A Gallardo, exrepresentante a la Cámara por el departamento de San Andrés, se le imputó el mismo delito. El exparlamentario está involucrado en el escándalo de sobornos para torcer procesos que se habría presentado en la Corte Suprema entre 2013 y 2015.