La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió darle la razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe y enviar el expediente del proceso por manipulación de testigos a la Fiscalía.
Según argumentaba el abogado del exsenador, Jaime Granados, el alto tribunal perdió competencia para investigar a su cliente desde el 18 de agosto, día en que la plenaria del Senado aceptó su renuncia, puesto que las conductas que se le imputan no tienen relación funcional con ese cargo.
No obstante, el trasteo de este caso no significa que lo adelantado por la Corte se esfume, es decir, Uribe seguirá siendo procesado como presunto determinador de delitos de fraude procesal y soborno a testigos, los mismos cargos que enfrenta su exabogado Diego Cadena pero en calidad de autor material.
Además, continuará bajo medida de aseguramiento domiciliaria hasta que la Fiscalía lo considere pertinente al ser la entidad a cargo del proceso que lo tiene en esa situación judicial.
Por su parte, el hijo mayor del expresidente, Tomás Uribe, quien aseguró en días pasados que su padre se encuentra "secuestrado", reiteró su apoyo a su padre en el proceso sea cual sea el tribunal en el que este curse.
En el tribunal que sea, corte, fiscalía, opinión, y en el de la historia, vamos a sobreponernos y vamos a defender el honor y la verdad.
— Jerónimo Uribe (@jeronimoauribem) August 31, 2020
Asimismo, dijo en dialogo con Caracol Radio que el proceso de su padre "en la Fiscalía, sería de cara a la ciudadanía, sin filtraciones selectivas y eso es muy importante para que haya imparcialidad".
Cabe recordar que Granados le explicó a EL NUEVO SIGLO que esta pidiendo a la Corte que estudie uno por uno los casos en contra de Uribe "porque cada caso necesita de una respuesta individual”.
En ese sentido, el penalista también pidió el traslado a la Fiscalía de los procesos por las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, todos ocurridos hace más de dos décadas y en los que se menciona a Uribe.
Entre tanto, la semana pasada la Procuraduría había determinado que el penalista tenía razón y pidió a la Corte remitir el expediente de Uribe al ente acusador.
En su análisis,el Ministerio Público estableció que la Sala “no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces Senador dirigidas a consolidar un abuso de poder” para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.
“Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República”, señaló.