Tras una larga batalla jurídica, desde el 2017, fue promulgado por el Gobierno el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto, por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara para ser ocupadas por víctimas del conflicto armado, en los períodos 2022-2026 y 2026-2030, según lo estableció el Acuerdo de Paz.  A partir de este momento corren 30 días que tiene la Casa de Nariño para reglamentar algunos aspectos de esta reforma constitucional, para lo cual de antemano anunció que lo hará vía un decreto autónomo.

Estás curules se deben elegir en las parlamentarias de marzo próximo, como lo ordenó en mayo pasado la Corte Constitucional en un fallo de tutela que revivió las circunscripciones, pues en 2017 la plenaria del Senado hundió el respectivo proyecto de acto legislativo que las creaba, por considerar que los 50 votos que obtuvo a favor en la conciliación no constituían la mayoría requerida para su aprobación.

Sin embargo la Corte Constitucional advirtió que a pesar de que el Senado tenía en esa oportunidad 102 curules, para establecer la mayoría no se podía tomar ese número porque tres parlamentarios habían sido suspendidos de su investidura. Por lo cual dijo que la iniciativa fue aprobada con los 50 votos a favor que obtuvo.

Se esperaba que el Gobierno nacional presentara al Congreso un proyecto de ley estatutaria para reglamentar esta reforma constitucional, sin embargo ayer el alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila,  anunció que se hará a través de un decreto autónomo.

“A las víctimas siempre le cumplimos, respecto del Acto Legislativo en donde se establecen las 16 curules para ellas, el Presidente ordenó su promulgación, lo hizo en tiempo, lo hizo por el medio legal y lo hizo sin ningún cambio. Expediremos un decreto autónomo, que quiere decir que no se necesita una ley, no hay que ir al Congreso nuevamente para una reglamentación”, señaló Archila.

Anticipó el funcionario que en este decreto “se incluirán aspectos para asegurar que las víctimas sean las beneficiarias de estas curules, que no haya ninguna interferencia”.

Se reglamentarán aspectos como la etapa de preparación con transparencia ciudadana, los requisitos electorales,  las campañas pedagógicas para que haya una adecuada participación,  así como la inscripción de los candidatos.

Agregó Archila que también se contemplará que en “la etapa del proceso electoral que, por ejemplo, se pueden suspender algunos de los puestos de votación si hay alteración del orden público;  los accesos de los medios de comunicación; cómo se va hacer la financiación de las campañas”.

Añadió que no solamente serán excluidos sino sancionados quienes pretendan inscribirse como víctimas para participar en los comicios a pesar de que los requisitos se lo impiden,  como son los exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc así como de partidos políticos.

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Inquietud

La mayor preocupación del Gobierno así como de algunos sectores políticos que se han mostrado contrarios o prevenidos frente a estas circunscripciones especiales, es que en la elección se puedan colar personas que no representen a las víctimas y sus intereses sino que sean puestas por los grupos armados que operan en las regiones donde se desarrollarán estas elecciones, como es el caso de las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y la GAO del Clan del Golfo.

“Es necesario que en la reglamentación del acto legislativo se adopten todas las medidas que garanticen que las víctimas serán las que estarán allí, y no sus victimarios”, advirtió en días pasados el presidente Duque.

Agregó que “lo más importante, creo yo, es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron laceradas por el terrorismo”.

Incluso algunas voces han pedido que sea la Unidad para la Víctimas la que a través del Registro Único de Víctimas, certifique quiénes tienen esa condición y por tanto pueden participar en los comicios de marzo entrante.