MEDIDAS CAUTELARES con carácter “extremo”, “urgente” y “prioritario” solicitó la Defensoría del Pueblo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La intención es proteger la integridad y vida de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros. Pero también, la de candidatos a los diferentes cargos de elección popular, de cara a los comicios regionales de octubre próximo.
Esta petición hecha por el defensor Carlos Camargo Assis se da en medio de un escenario de violencia, en el que son vulnerados derechos humanos de servidores públicos, además de las comunidades en diferentes regiones del país.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, indicó Camargo Assis.
Asimismo, manifestó, en reunión con el comisionado relator para Colombia, Joel Hernández García, la importancia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emitidas por dicha organización para los territorios colombianos.
Por tal motivo, habló de la importancia del apoyo de su departamento a la SAT, por medio del otorgamiento de medidas cautelares para aquellas personas cuya integridad y vida están en riesgo, por las constantes amenazas a propósito del ambiente laboral actual.
Las amenazas
El defensor del Pueblo hizo referencia a 26 alcaldes en condición de amenazados que despachan fuera de sus respectivos municipios.
Sobre los que despachan lejos de sus respectivas jurisdicciones están los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Mientras que los mandatarios locales que han denunciado amenazas son los de municipios como San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
En torno a gobernadores víctimas de amenazas e intimidaciones están los de Tolima, Meta y Guaviare. La Defensoría del Pueblo identificó a un personero de Norosí (Bolívar), víctima de acoso. Bajo la misma situación están cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá) y uno de Quibdó (en Chocó); además de un diputado de la Asamblea Departamental en Caquetá.
El organismo liderado por Camargo Assis también identificó a 42 candidatos amenazados y blanco de atentados, en el marco de las próximas elecciones regionales. Las víctimas son aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.
La situación de caos y violencia se registra principalmente en departamentos como Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
"No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta", indicó el defensor.
Asimismo, la Defensoría estableció que hay hasta ahora 113 municipios en riesgo extremo y otros 286 en riesgo alto. Esto, según Camargo Assis, incrementa las posibilidades de que se registren hechos que vulneran los derechos humanos.
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Grupos armados
Según reporte de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados al margen de la ley con presencia activa en 392 municipios de 24 departamentos colombianos son Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, ambos pertenecientes a las disidencias de las Farc, Eln y ‘Clan del Golfo’.
De ellos, los que mayor presencia a nivel nacional tienen son los del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Luego, está el Estado Mayor Central, cuyo radio de acción está en 234 municipios de 19 departamentos. Le sigue el Eln en 231 municipios y 19 departamentos. La Segunda Marquetalia está en el cuarto lugar y su organización delinque en 65 municipios de 15 departamentos.
“De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, recalcó Camargo, a propósito de la solicitud de medidas cautelares.