Un tema que se prendió esta semana es el de tierras por el llamado que hizo el Gobierno a frenar la invasión de predios privados en diferentes departamentos. La administración Petro se comprometió con una reforma agraria; sin embargo, el debate no para ahí porque hay quienes consideran que el acceso a este recurso no es el problema principal sino la productividad, que garantice que quien obtenga un terreno pueda vivir de éste. EL NUEVO SIGLO auscultó distintos planteamientos de conocedores del tema.

El presidente Petro concibe al sector agropecuario como uno de los pilares en que se debe sustentar en adelante el desarrollo económico de Colombia, y se ha comprometido a una reforma agraria para desconcentrar la propiedad de la tierra. Para ello utilizará las que tiene la SAE (Sociedad de Activos Especiales), bienes extinguidos a narcotraficantes; los baldíos; así como las que comprará el Gobierno.

“Necesitamos una reforma agraria integral que permita al campesinado ser propietario de la tierra y que cuente con los recursos necesarios para la sustitución de economías”, dijo Petro.

En tanto que la ministra de Agricultura, Cecilia López, ha señalado que “después de 30 años tenemos el sector rural como prioridad en la agenda. Todos los objetivos que plantea el presidente pasan por la transformación productiva, que es dejar de depender solamente del sector minero. Tenemos el agua mal usada, tenemos la tierra concentrada y tenemos la mayor población campesina de América Latina. No se puede hacer la transformación productiva en Colombia sin pasar primero por el sector agropecuario”.

Claridad en las reglas

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), dijo que "son muchos los problemas de las tierras en Colombia, lo primero es que evidentemente hay muchos colombianos, campesinos en su mayoría, que no tienen acceso a la tierra”.

Agregó el dirigente gremial que hay falta de claridad en las reglas de juego, “a propósito de la incertidumbre que ha generado el fallo de la Corte Constitucional sobre baldíos, que no ha salido todavía.  Tres, la gente está muy ansiosa con lo que puede ser la política del nuevo Gobierno, que ha venido esgrimiendo la ministra de Agricultura”.

Señaló Bedoya que además las invasiones a predios generan inseguridad, “no solamente en la propiedad privada sino la preocupación por la vulneración del derecho al trabajo y, ojalá nunca, del derecho de la vida de quienes son los propietarios de estas tierras".

Hablando de soluciones el presidente de la SAC dijo que "viene de la mano de algunos de los temas que ha planteado la ministra de Agricultura, o sea todo el tema de la SAE. Segundo, que Colombia por fin tenga un inventario de baldíos. Tercero avanzar en programas de titulación masiva. Cuarto que haya una claridad sobre las acciones que el Gobierno va a materializar en lo que ha llamado la reforma agraria. Y quinto que el Estado, no solamente en cabeza de la Fuerza Pública sino también en cabeza de la fiscalía general de la Nación, brinde las condiciones de seguridad en el territorio para que quienes explotan la tierra, tengan la tranquilidad de hacerlo sin que se le vulneren los derechos”, entre otros elementos.

Refiriéndose al fallo de la Corte sobre los baldíos de la Nación, Bedoya dijo que se espera que "ojalá dé mucha más claridad sobre lo que hace referencia a la seguridad jurídica; pero también hay otros instrumentos como la ley de tierras que dejó radicada en el Congreso el presidente Juan Manuel Santos en el 2017, y que el gobierno de Iván Duque no la quiso tramitar”.

Agregó sobre la ley de tierras, que “como le hemos insistido al presidente Petro, sería un muy buen complemento porque se deriva del punto 1 del Acuerdo, y adicionalmente complementa el Decreto Ley 902 que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos”.

Está en pocas manos

 Nilson Marín, vicepresidente nacional de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), expresó que "en Colombia hay una concentración de la tierra en muy pocas manos, y por ello no está siendo explotada debidamente y que garantice la alimentación.  Es tanto así que hoy los terratenientes se dan el lujo de tener dos y tres hectáreas por cabeza de ganado".

Consideró el dirigente campesino que “parte de la solución es que en el país exista una reforma integral que garantice la distribución de la tierra, no solamente para los monocultivos porque el problema grande que también hay en el país es que gran parte de la tierra, de la que está productiva, está para los monocultivos: caña, palma. Y eso entonces es lo que también está generando los grandes problemas que tiene el país. Es el problema de hoy, es un problema eterno frente a la distribución de la tierra para quien la trabaja”.

Se requiere política de Estado

El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, consideró que "más que el problema de las tierras en Colombia, es el problema de la visión sobre las tierras en Colombia” porque, subrayó, “las tierras no son la solución para nadie porque yo con tierra no hago nada. Puedo hacer con la tierra si tengo asistencia técnica, si tengo buenas semillas, si tengo financiación, si tengo buenas vías, si tengo un mercado que me asegure a dónde llevar la producción.  Si tengo esos elementos, entonces la tierra sí es un medio y es importante".

Dijo que han fracasado muchas reformas agrarias cuando han repartido tierra. “Inclusive han dado crédito para un cultivo y hasta ahí llegan, y la mayoría de las veces los campesinos terminan otra vez vendiendo la tierra porque ser agricultor no es fácil, y una sequía o un invierno hasta ahí llegaron, se quedan sin garantías y se perdió todo".

Lizarralde consideró que "la solución es ir a una política de Estado del sector agrario”. Se preguntó el exministro si “¿Con $2 billones se puede hacer política agraria en el país? No se puede hacer”. 

Indicó que el Ministerio de Agricultura “debía manejar un presupuesto no menor a $10 billones para poder hacer una agricultura competitiva, eficaz, que conquiste los mercados internacionales y que definitivamente contribuya a eliminar la pobreza extrema en el campo, pero con $2 billones no se hacen absolutamente nada".

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Falta mercado de tierras

El también exministro de Agricultura, Antonio Hernández Gamarra, dijo que "desde tiempos ancestrales hay una concentración de la propiedad en exceso alta y, por tanto, el acceso a la propiedad de la tierra es limitada para la inmensa mayoría de la población”.

Consideró que además hay una enorme informalidad en la titulación.  “Hay muchísimos predios, bien por baldíos, bien por falsas tradiciones, bien por imperfecciones en los procesos de transferencia, que no tienen una propiedad absolutamente clara frente a la ley, y por lo tanto hay toda suerte de problemas sobre ese particular”.  

No obstante, para Hernández Gamarra el problema fundamental “es la falta de un mercado de tierras porque, ese es el otro tema, quien tiene la tierra no la quiere vender porque es un activo que se vuelve muy rentable a largo plazo, desde el punto de vista de la valorización, aún sin trabajar nada".

Sobre lo último el exministro dijo que "entonces este es un fenómeno que definitivamente hay que atacarlo por muchas partes, no solamente a través de la desconcentración de la propiedad sino desincentivando la concentración a través de medidas indirectas, un sistema tributario que obligue a los propietarios a explotar la tierra o a venderla".

Concluyó el exministro de Agricultura que la solución al problema de tierras en Colombia pasa por "un programa de redistribución en algunos sectores, pero también políticas indirectas que contribuyan a que los dueños de la tierra estén dispuestos a desprenderse de su propiedad, bien sea por tributación o bien sea por mecanismos, por ejemplo, de adecuación de tierras que se desprendan de parte de la propiedad. O sea, hay que agilizar el mercado de tierras".

Negocio es valorización del suelo

El exsenador Jorge Robledo resaltó que "hay un hecho que nadie puede discutir y es que Colombia tiene el índice de concentración de tierra probablemente más alto del mundo. Pero lo más grave de todo es que solo se cultiva por ahí 6 millones de hectáreas. Entonces, no es solamente el problema de la concentración sino lo que no están produciendo”

Consideró que el negocio de las tierras rurales “es por sobre todo de valorización del suelo, el negocio no es tanto producir sino valorizar el suelo.  Y eso se ha agravado en los últimos 30 años, pues pasamos de importar 500 mil toneladas y ya vamos casi en 15 millones de toneladas".

Enfatizó Robledo que "hay un problema estructural de una inmensa gravedad, y eso por supuesto se convierte en un sufrimiento social porque los campesinos no tienen tierra ni pueden trabajar como jornaleros, porque el trabajo para jornaleros es muy poco porque las tierras están es en ganadería extensiva".

Dijo que este problema de tierras hay que atenderlo entregando tierras a los campesinos dentro del marco de la Constitución, "pero estoy insistiendo que, si Colombia sigue importando lo que podría producir, entonces aparece la pregunta, sobre todo en el caso de los pequeños, para qué la tierra".

Añadió que uno de los refugios de los campesinos, sobre todo pequeños, es la ganadería de leche, pequeños propietarios que inclusive comparten una vaca. Sin embargo, Robledo previno que "a partir de 2025 habrá libre acceso de lácteos gringos y europeos a Colombia.  O sea que ahí viene una ruina descomunal de esos campesinos de la leche, pueden ser unas 300 mil familias”.

Posición de los indígenas

La senadora Aida Quilpué Vivas, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), dijo que "los pueblos indígenas somos originarios y hemos tenido que vivir un despojo del territorio milenario, porque no es de ahora. Sin embargo, consideramos que después de la colonización y la constitución de los títulos coloniales se siguió dando el despojo”.

Por ello dijo la Parlamentaria sobre algunas de las invasiones que se están registrando, que “lo que está haciendo la gente es recuperar las tierras de esos títulos de propiedad colectiva de manera ancestral”.

Añadió Quilpué que la concepción de la recuperación “no es solamente la tenencia de la tierra, es también cómo cuidarla de las manos de las multinacionales porque son las que están destruyendo, y por eso los cambios climáticos”.  

Agregó que “hoy podemos decir que no solamente tenemos la tierra, sino que le contribuimos al país porque, entre otras, la concepción del occidente es que los indios no trabajan, y resulta que también la tierra necesita descansar.  Pero también al conservar los bosques está la riqueza del agua”.

Anotó la Parlamentaria que hay la idea del desarrollo “desde la otra visión, pero hay una concepción de la vida desde nosotros. Y ese es el ejercicio de las recuperaciones de tierra o la liberación de la madre tierra”.

Postura de afrocolombianos

Jhon Arley Murillo Benítez, exrepresentante a la Cámara por la población afrocolombiana y actual presidente del Partido Colombia Renaciente, dijo que para las comunidades étnicas en general el problema inicial es que el Estado ha venido retrasando históricamente la reforma agraria, “o sea que en este país la tierra está totalmente mal distribuida, y ante una falta de equidad en la distribución de la tierra eso genera tensiones, eso genera reclamos históricos”.

Dijo que se suma el “incumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque del Acuerdo suscrito en La Habana con las Farc, que como se sabe contempla en uno de sus puntos más importantes la reforma. El hecho de que el gobierno Iván Duque haya incumplido, creo que ahondó mucho más" el problema.

Agregó Murillo que también ha habido incumplimientos de varios gobiernos "en los acuerdos que hacen con las comunidades étnicas en materia de tierras. Hay desde hace más de 25 años acuerdos incumplidos acumulados, que le han prometido a las comunidades étnicas tierras y nunca los cumplen. Y en el caso de las comunidades negras principalmente tiene que ver con la no representación adecuada y el incumplimiento de la Ley 70 del 93, que es la ley de comunidades negras, y que establece un procedimiento para que accedan a la tierra bajo el esquema de los títulos colectivos”.

Dijo que algo se ha hecho, “se lograron desde el Incoder, hoy Agencia de Tierras, alrededor de 6 millones de hectáreas para las comunidades negras en el país, pero el compromiso era de 8 millones de hectáreas.  Esperamos que se pueda cumplir en este Gobierno, el presidente Petro ha anunciado como compromiso cumplir con mínimo 1 millón de esos 2 millones de hectáreas que faltan".

Proyecto de Jurisdicción Agraria

Congresistas del Pacto Histórico y los ministros de Agricultura (Cecilia López), de Justicia (Néstor Osuna), y del Interior (Alfonso Prada), radicaron el proyecto de acto legislativo por el cual se establece la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Este movimiento es uno de los primeros de esta administración que guarda relación con la reforma agraria -que se espera que se ejecute durante este cuatrienio- y así dar cumplimiento al punto uno del Acuerdo de Paz.

Este proyecto contempla a creación de una Corte Rural con potestad de solucionar los conflictos de tierras que se presentan en el país. Esta misma se encargaría de presentar proyectos de ley que reformarían artículos de la constitución.

La Corte Agraria también contaría con magistrados, que deberán cumplir con los requisitos y calidades básicos con los que se eligen estos cargos tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado. Además, deberán ser especializados en tierras y “sensibles con la problemática rural del país”.

Esto también implicaría una reestructuración en un número impar de magistrados. Ellos deberán cumplir las siguientes funciones:

— Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley.

— Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la jurisdicción agraria y rural.

— Dirimir los conflictos de competencias en la jurisdicción agraria y rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.

— Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.

— Ejercer las demás funciones que determine la ley.

— Darse su propio reglamento.

Solo se aprovecha el 18% del potencial agrícola

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria calcula que en Colombia solo se aprovecha el 18% de los 39,6 millones de hectáreas con potencial agrícola.

Asimismo, en el país, donde el 48,1% de la población rural son mujeres, cerca del 64% de los dueños únicos de predios en estas zonas son hombres, según un análisis del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. La tenencia de la tierra, una de las causas estructurales del conflicto armado, también es reflejo de inequidad. “Históricamente, las mujeres hemos sido relegadas a la esfera privada de los hogares. Esto causa, por ejemplo, que las herencias sean patriarcales. Ha existido una preferencia hacia el dominio masculino en las decisiones”, explica la demógrafa Andrea Marín, una de las autoras del estudio.

El análisis también confirma la concentración de la tierra. El 1% de los predios mayores a 200 hectáreas está en manos del 1,04% de propietarios. Las mujeres no solo tienen menos propiedades, sino que poseen áreas más pequeñas.