Entra en el terreno de las definiciones una de las dos demandas que presentó Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, después de que en 2012 este Tribunal hiciera la delimitación marítima, que corresponde a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de nuestro país, para lo cual convocó a las partes a audiencias orales entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021.
Actualmente cursa en la Corte un proceso aparte por la segunda demanda impetrada por la nación centroamericana, que pretende la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.
Ambos procesos se iniciaron en 2013 en la Corte Internacional de Justicia en lo que corresponde a la etapa escrita, en la que tanto Colombia como Nicaragua presentaron sus argumentos y se desarrolló hasta 2019.
EL NUEVO SIGLO consultó sobre lo que viene en estos procesos y las posibilidades que tiene Colombia de salir avante frente a las pretensiones nicaragüenses, al jurista Rafael Nieto Navia, estudioso de este litigio que ya tiene dos décadas de llevarse a cabo.
Sobre lo que va a ocurrir entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021 en la Corte, Nieto Navia dijo que “lo que se va a tratar en estas audiencias es la demanda de Nicaragua por supuestas violaciones a la sentencia del 2012 y las dos contrademandas de Colombia porque acusan a Nicaragua de no dejar pescar a los raizales en aguas que no son nicaragüenses e, incluso, de confiscarles la pesca”.
Aclaró el jurista que “en esto no hay ningún asunto de tipo territorial porque es que he visto que algunos medios y algunos columnistas hablan de que no se puede ceder más territorio. Estas audiencias no tienen nada que ver con territorio”.
Recordó que “el mar territorial de Nicaragua lo fijó la sentencia del 2012 y aquí no está en discusión la plataforma. Hay alguna parte porque Nicaragua ha dicho que la zona contigua de los cayos que están fuera del límite que fijó la Corte en el 2012 no es válida, que eso es de Nicaragua, pero como la Convención de Jamaica y la propia Corte dijo que esos islotes se le daban las áreas marinas y submarinas, excepto en el caso de esos islotes, plataforma continental, pues el tema de la zona contigua me parece que tendría que resolverlo en favor de Colombia. No le veo mucho futuro a esa demanda de Nicaragua”.
En un hipotético escenario que la Corte fallara a favor de las pretensiones de Nicaragua y determinara que Colombia ha violado sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, Nieto Navia consideró poco probable que se establecieran sanciones a nuestro país.
“Sería muy raro, ese tema de sanciones y ese tema de incumplimiento no lo ha tratado la Corte. Lo trató una vez en un caso que se llama Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua contra los Estados Unidos, que la Corte resolvió de las 12 peticiones de Nicaragua, 11 contra los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos dijeron que no cumplían la sentencia. Sin embargo por debajo de cuerda hicieron un arreglo con la presidenta de Nicaragua, que era doña Violeta Chamorro, y terminaron pagando, aún cuando nunca le dieron el nombre a esas indemnizaciones”.
Agregó que lo que podría pasar en ese hipotético escenario de un fallo contrario a nuestro país, “es que diga que los estados, tanto Nicaragua como Colombia, tienen que respetar las áreas marinas y submarinas con su régimen que tienen en la Convención de Jamaica”.
Colombia está cumpliendo
Tras el fallo del 2012 en el cual la Corte si bien declaró la soberanía de Colombia sobre los islotes de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, y al hacer la delimitación marítima Nicaragua ganó más de 90 mil kilómetros cuadrados de mar, el anterior gobierno dijo que la sentencia no se aplicaría hasta que se firmara un acuerdo con ese país.
Sin embargo Nieto Navia aseguró que “eso fue un invento que hicieron después de la sentencia. El presidente Santos dijo que no se cumplía esa sentencia, y luego demandó ante la Corte Constitucional el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, de manera que no pudieran volver a demandarnos, pero lo demandó demasiado tarde y pudieron demandarnos. Las dos demandas son anteriores a esa sentencia que la Corte además dijo que no podía anular el Tratado”.
Advirtió el jurista que “la sentencia del 2012 proviene de la Corte Internacional de Justicia cuyas decisiones son inapelables e inmodificables, a menos que hubiera un procedimiento para el que se vencieron todos los plazos hace años. De manera que la sentencia está ahí y la sentencia es válida, y la sentencia hay que cumplirla, y Colombia la está cumpliendo”.
Plataforma continental
Nieto Navia consideró poco probable que la Corte este año abra la etapa oral de la otra demanda de Nicaragua para extender su plataforma continental.
Dijo a propósito de esta que en la sentencia del 2012 la Corte trazó un mapa de por dónde van los límites del archipiélago de San Andrés.
Explicó el jurista que “si se mira ese mapa se darán cuenta de que en el lado norte esos límites dan contra dos estados, que son Honduras y Jamaica; y en el lado sur también contra otros dos estados que son Costa Rica y Panamá. Resulta que esos dos estados y los dos estados de arriba generan sus propias plataformas y sus propias áreas marinas y submarinas. No creo que la Corte se vaya a meter a decirle a Nicaragua ‘usted pase por encima de esas áreas de esos cuatro estados, que le voy a dar una plataforma para que llegue a Cartagena’”.
Agregó Nieto Navia que tampoco le darían la razón a Nicaragua por estas pretensiones “porque la Corte dijo que el archipiélago generaba sus propias áreas marinas y submarinas. Es decir el archipiélago genera plataforma continental también. Entonces ahí hay un choque que no veo por dónde va a salir Nicaragua”.
A lo cual se suma, dijo, que “para poder reclamar las 150 millas de plataforma adicionales se necesita la autorización de un comité de las Naciones Unidas que se creó en la Convención de Jamaica. Colombia no es parte de la Convención de Jamaica, las decisiones de ese comité no son válidas. Pero además no existen, no le han dado el permiso a Nicaragua de extenderse 150 millas, y no creo que la Corte vaya a sustituir a un órgano que está contemplado en la propia Convención de Jamaica”.
La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no ha operado prácticamente en los dos últimos gobiernos por diferencias políticas de los expresidentes, quienes en su mayoría no asisten.
Precisamente fue suspendida la reunión de la semana anterior que había sido convocada por el Gobierno para informar a los exmandatarios de las próximas audiencias orales por la demanda de Nicaragua contra Colombia por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
Al respecto Nieto Navia dijo que “entiendo que la Vicepresidenta ha hablado individualmente, no sé si con todos pero con la mayoría de los expresidentes. De manera que la opinión de esos expresidentes ya la tiene el Gobierno. Si no quieren reunirse pues qué hacemos, ese es un asunto político entre ellos, en eso sí hay que esperar, pero creo que lo que es en la supuesta buena asesoría de los expresidentes al Gobierno en esta materia ya la conoce la Vicepresidenta”.