Si los precios del crudo continúan bordeando los US$100, como es el promedio de los dos últimos meses, al país le ingresarán recursos adicionales de $24 billones, para un total de $58 billones frente a los $34 que ingresaron a las arcas nacionales en 2021.
Este incremento en las exportaciones de crudo significaría una suma similar a los $25 billones que pretende el proyecto de reforma tributaria que actualmente está radicado en el Congreso de la República.
Así lo estima un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), al analizar la situación que se deriva de la preocupación sobre la carga impositiva que la tributaria podría tener sobre el sector y sus consecuencias.
Señala la ACP que “entiende y comparte el objetivo del Gobierno Nacional, de reducir significativamente la pobreza y la inequidad social y de contribuir a la gestión del cambio climático, en el marco de una transición integral energética, macroeconómica y productiva. En este sentido, la Asociación comparte la necesidad de una reforma tributaria para continuar con el ajuste fiscal y buscar recursos para programas estratégicos del Gobierno y está de acuerdo en realizar un esfuerzo tributario, en especial en época de precios altos y, de ser posible, destinado a programas de lucha contra el hambre, la protección ambiental y la paz territorial”.
Altos precios
Sostiene la Asociación que “este esfuerzo debe considerar, como punto de partida, que la actual carga tributaria que aplica al sector, ya de por sí, permitirá a Colombia beneficiarse de los altos precios del petróleo registrados en la actual coyuntura energética internacional”.
Sostiene la ACP que “en este contexto, es importante señalar que, para generar impuestos e ingresos fiscales, no de coyuntura sino a mediano y largo plazo, y en el marco de una transición integral, el sector debe ser sostenible y crecer. Y que para crecer se requiere de inversión y para recibir esa inversión el país debe ser competitivo”.
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Señala el gremio petrolero que “si se imponen cargas adicionales en un país con altos costos de producción, es difícil sostener el ritmo de inversión requerido. Esto no solo impactaría al sector y a las empresas, sino que afectaría a todos los colombianos. Se calcula que, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario ($33 billones entre 2023-2032), afectando no solo a millones de colombianos sino al resto de sectores que deberán proveer esos ingresos fiscales perdidos”.
Indica que esto significa “desfinanciar la construcción de escuelas con recursos de regalías, que beneficiarían a más de 500 mil niños de las regiones más apartadas, entre otras inversiones orientadas al cierre de brechas de pobreza del país y además se perderían 20 mil vacantes de empleos directos por las campañas de perforación que se inviabilizarían (75% mano de obra local. No incluye empleos indirectos)”.
Pérdidas
Como si esto no fuera suficiente, “los contratistas de bienes y servicios perderían oportunidades de contratación cercanas a US$4.500 millones. Estas son oportunidades adicionales a los 95 mil empleos que hoy genera la industria del petróleo y gas en Colombia”.
Considera la ACP que “desacelerar este sector impactaría más de 97 municipios y sus casi cinco millones de habitantes, cuya actividad económica se apalanca en este sector y a corto plazo no cuentan con alternativas de sustitución”.
Explican que, además, se presentaría otro hecho y es que “el precio del dólar aumentaría de manera permanente entre $300 y $500, afectando a todos los colombianos, sus créditos, los insumos de otros sectores, etc., y se acelera en tres años la pérdida de autosuficiencia y por tanto la necesidad de importar petróleo y gas, lo que implicaría un encarecimiento en el costo de la gasolina, diésel, combustible de aviación y el gas natural de los hogares; así como un aumento en costos de la energía, mayor inflación y riesgos de abastecimiento por volatilidades e incertidumbres geopolíticas y del mercado internacional”.