En concepto rendido ante la Corte Constitucional sobre la Ley que reglamenta el Servicio de Reclutamiento, Control de Reservas y la Movilización (1861 de 2017), la jefe del Ministerio Público señaló que el trato diferenciado entre sexos en el servicio militar obligatorio es una medida conducente para superar la discriminación histórica de la mujer en el ámbito laboral y atender la situación especial de violencia que padecen en el conflicto armado.

De esa manera, precisó la Procuradora, ellas pueden “concentrarse en acceder a estudios superiores e ingresar al mercado del trabajo, pues no deben dedicar los primeros años de su vida productiva a recibir instrucción castrense, y alejarse del conflicto bélico, en el cual han sido históricamente violentadas”. 

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Indicó que la norma demandada no priva de derechos a las mujeres, pues si ellas desean prestar el servicio militar pueden hacerlo. “En efecto, no se les prohíbe adelantar dicha actividad, sino que, a diferencia de los hombres, se les permite elegir si optan por desarrollarla en tiempos de paz o no”.    

Enfatizó que el Congreso de la República mantiene su competencia “para modificar las condiciones de prestación del servicio militar en los términos que establece la Constitución, lo cual le permite reformar los eventos en los que el mismo es obligatorio y sus modalidades de operación”.