El procurador general Fernando Carrillo está muy preocupado por el delicado clima de orden público y el estallido social que vive el país, más aún después de los graves desórdenes presentados esta semana en Bogotá, así como en otras ciudades y municipios.

Por lo mismo, insiste en que ahora más que nunca es urgente concretar un diálogo social como fórmula para quitarle eco y escenario a quienes insisten en acudir a la violencia y las vías de hecho.

EL NUEVO SIGLO: Usted ha defendido la tesis de que a Colombia le falta diálogo social ¿Lo ocurrido esta semana en Bogotá y otras ciudades qué evidencia al respecto? 

FERNANDO CARRILLO: Estamos viendo que actores institucionales y ciudadanos, por acción o por omisión, están optando por la violencia para resolver los conflictos, incluso ante injusticias. Y cuando estamos ante este escenario, confirmamos que como sociedad estamos frente a una aparente derrota del diálogo social como opción de salida. Quienes protagonizan los hechos de estos días, no dan ninguna muestra de entender el diálogo como un camino institucional y social para la solución. Hay que propiciar esos espacios de diálogo pese a todo, pues es lo único que nos queda.

Esa cultura de diálogo debe romper el escepticismo de los jóvenes frente al futuro. Así lo logramos hace 30 años logrando el mayor consenso político de la historia reciente alrededor de la Constitución de 1991.

ENS: Ya a finales de noviembre del año pasado, en plena ola de paros y disturbios, usted le había propuesto al presidente Duque esta ruta del diálogo social ¿Qué pasó con esa propuesta? ¿Se materializó? 

FC: La propuesta de la Procuraduría ha sido forjar entre todos los sectores un gran pacto de Estado para excluir a la violencia como método para resolver conflictos políticos y socioculturales, y afirmar que el diálogo social es el mecanismo idóneo de las sociedades democráticas y respetuosas de los derechos, para dirimir conflictos.

Este pacto hace explícita la urgencia de un gran consenso de Estado para proteger la dignidad de la vida, consenso sin el cual es imposible generar y sostener otro tipo de acuerdos. La idea de proteger la vida, que parece de perogrullo, no lo es en nuestra sociedad, en la cual la polarización, la descalificación, la violencia de las armas y de las palabras se ha impuesto en gran parte de nuestro presente.

Desde la Procuraduría pusimos en marcha desde el 2018 la Cumbre de Diálogo Social como un espacio que permite a liderazgos de diferentes sectores de la sociedad, encontrarse y construir colectivamente pactos indispensables para el presente y futuro de nuestro país.

El Gobierno ha sido invitado, ha participado y se espera que tenga un mayor compromiso y protagonismo. Sin embargo, a pesar de existir un mandato legal para el diálogo social en su Plan Nacional de Desarrollo, su implementación no se ha dado y el liderazgo que permite la acción coordinada de las entidades responsables, aún no se consolida. Ojalá diera ese paso, pues el conflicto social será agudizado por los efectos de la pandemia.

ENS: Y el decálogo de propuestas que había planteado, ¿tuvo alguna aplicación en la llamada “Conversación Nacional”, que quedó en punta por la pandemia?

FC: Más que decálogo, la propuesta siempre ha sido simple y con un objetivo claro: un pacto de Estado por la dignidad de la vida, con un método claro, el diálogo de todos los sectores y estamentos de la sociedad. Y un diálogo plural y diverso, no para resolver problemas coyunturales, levantar paros y movilizaciones o para escuchar a quienes uno quiere. Más que eso, un diálogo plural, diverso, para construir visiones de país, tender puentes, generar confianza, derribar muros y acercar orillas. Una alternativa a los extremismos que nos están destruyendo.

El diálogo es esencial, ya que busca no solo acuerdos que recojan los elementos comunes sino identificar las diferencias, para así reconocerlas, asumirlas y poder avanzar en las tareas colectivas que están más allá de cada sector y que pueden transformar la realidad, basadas en la construcción de un gran acuerdo nacional.

ENS: ¿No es demasiado optimista plantear que se privilegie el diálogo social en un país en el que la polarización política es cada día más marcada y más aún ahora que la campaña asoma?

FC: Esta pregunta me hace recordar una famosa anécdota sobre el primer encuentro entre De Clerk y Mandela en medio del Apartheid. Según la anécdota, y en conversación sobre cómo salir de la situación que enfrentaba Sudáfrica, Mandela le dice a De Clerk: “aquí tenemos dos caminos, Presidente: el pragmático, y el optimista/el divino/el utópico. En el pragmático, le pedimos a Dios que nos solucione el problema. En el optimista/el divino/el utópico, intentamos nosotros, a través del diálogo, solucionar este problema”. A ello el Presidente De Clerk le respondió: “usted está equivocado, es a la inversa”. Ante lo cual Mandela se reafirma diciendo que no, que sería un acto utópico, optimista y casi divino que él y De Clerk hablaran para buscar y encontrar una solución.

Algo parecido a lo qué pasó hace 30 años en Colombia en plena Constituyente, cuando se logra que Álvaro Gómez y Antonio Navarro llegaran a compartir la Presidencia de la Asamblea. Algo totalmente utópico, meses antes del inicio del proceso de la Séptima Papeleta.

ENS: Pero, se reitera, ¿no es demasiado optimista?

FC: No, nunca será demasiado optimista, insistir y persistir en el diálogo como el camino, porque de lo contrario, la polarización, la violencia y la muerte seguirán marcando nuestra historia presente y futura. Estamos ante una gran oportunidad, incluso necesidad, de liderazgos que opten por el diálogo y el consenso.

Este pacto hace explícita la urgencia de un gran consenso de Estado para proteger la dignidad de la vida, consenso sin el cual es imposible generar y sostener otro tipo de acuerdos.

Por esto he dicho que este país no necesita más candidaturas presidenciales, sino grandes acuerdos nacionales. La legitimidad de nuestras instituciones y el bienestar de nuestra sociedad deben estar por encima de cualquier interés particular; y privilegiar las necesidades de todos hace parte de esos primeros pasos que debemos dar para avanzar hacia un futuro mejor.

Reforma y conflictividad

ENS: Frente a lo que ocurrió esta semana, ¿qué utilidad tendría en ese avance al diálogo social y la solución pacífica de las diferencias el proyecto de reforma judicial que impulsa la Procuraduría?

FC: Cuando los hechos muestran que la violencia se asume como el remedio a todos los problemas, es necesario trabajar en varios frentes: el primero es volver a forjar una cultura y ética ciudadana en la cual, de manera cotidiana, se puedan resolver las diferencias pacíficamente; y cuando esto no es posible, es vital que los ciudadanos tengan la certeza y confianza para respetar las normas y la institucionalidad que pueda tramitar los conflictos en el marco del Estado de Derecho; y en este contexto, el rol del sistema de justicia a nivel local es clave para que sea la forma legítima y aceptada para la resolución de conflictos y diferencias. La gestión de la conflictividad siempre pasa por la puerta de la justicia. 

ENS: Y hablando de este proyecto de reforma, ¿cómo fue el ejercicio de la consulta nacional sobre la justicia?

FC: Nuestro proyecto de reforma de la justicia local y regional -que llamamos “#LaReformaDeLaGente”-, fue un ejercicio que aplicó todos los elementos del diálogo social: planteó un objetivo concreto; convocó a diferentes actores interesados, más de 9.000 colombianos; estipuló tiempos para recoger productos; estableció pautas que permitieran a todos escuchar y ser escuchados; reconoció la importancia del otro, la diversidad de opiniones y las diferencias; recogió todos los insumos en una propuesta, expresada ahora en un proyecto de ley para que transforme la aplicación de la justicia para los colombianos en los territorios. Y tal vez lo más importante, fue una construcción colectiva desde la base y construyó confianza.

Pico de violencia

ENS: ¿El pico de violencia que se está registrando en algunas regiones, con masacres y más asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, evidencia que el acuerdo de paz de 2016 fracasó?

FC: Hay que recordar que venimos de 50 años de violencia y que, como estamos viendo, superarla implica una transición que no se da de la noche a la mañana, transición en la cual tendremos momentos y picos positivos, y también negativos. La implementación del Acuerdo del 2016 es un proceso proyectado al menos a 15 años. Y lo que estamos viviendo responde a la incapacidad del Estado de llegar a los territorios dejados por las Farc, sobre todo con cara social.

Tenemos la responsabilidad de evitar a toda costa que se reedite un nuevo ciclo de violencia política y social.

También hay que reconocer que el Acuerdo del 2016 como todo acuerdo, es incompleto e imperfecto. Incompleto porque había que generar otros acuerdos, por ejemplo, entre los del Sí y los del No; y con los otros actores armados que aún persisten en la violencia, como el Acuerdo reconoce; y además, se requiere la implementación de políticas de lucha contra las organizaciones criminales, lo cual está pendiente. Imperfecto, porque muchos de los mecanismos para su implementación no fueron ni están siendo debidamente planificados, pues en ocasiones no involucran a actores clave y, sobre todo, no han sido integralmente presupuestados.

A esto se suma la urgencia de que el Estado fortalezca su capacidad de llegar al territorio con su oferta social y productiva para que, de mano de las comunidades y con el sector privado, se construya conjuntamente desarrollo y paz territorial. Tenemos la responsabilidad de evitar a toda costa que se reedite un nuevo ciclo de violencia política y social.

Negacionismo de Farc

ENS: La Procuraduría como Ministerio Público y abanderada de los derechos de la víctimas, ¿qué opina en torno a que algunos jefes desmovilizados de las Farc nieguen conocer sobre reclutamiento forzado de menores, violaciones sexuales y otros delitos? 

FC: El Partido Farc comete un acto de autodestrucción al no reconocer aún a sus víctimas y el daño causado durante el conflicto armado. Ellos tienen un compromiso con el Estado colombiano y con la sociedad civil, por virtud de la firma del Acuerdo Final de Paz, que los vincula a ofrecer verdad a las víctimas, a repararlas, a reconocer responsabilidades por los más graves hechos del conflicto y a garantizar la no repetición.

Recordemos, por otro lado, que dicha organización, el día 2 de septiembre de 2016, firmó el Comunicado Conjunto No. 96, mediante el cual se comprometió a iniciar un proceso de salida de los menores de las filas guerrilleras. De otro lado, debemos partir de la premisa fundamental de que el reclutamiento ilícito es un crimen grave que vulnera los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y no resulta ninguna justificación atendible que los excomandantes de la antigua organización armada sostengan que los menores se unieron a las filas por voluntad propia.

ENS: ¿Por qué razón?

FC: En primer lugar, porque un menor no tiene la capacidad para comprender dicha situación; por ello, tanto la legislación internacional como nuestro ordenamiento interno no tienen en cuenta esta supuesta "voluntad". En menores, el reclutamiento siempre será forzoso e ilícito.

De otro lado, la Procuraduría considera grave que no se reconozcan los numerosos casos, registrados y documentados por la justicia, en los que los menores fueron arrebatados de sus familias. También resulta doloroso y grave que no reconozcan las violaciones y abusos sexuales derivados de esta práctica del reclutamiento.

Lo anterior representa una profunda preocupación, ya que la base fundamental de la justicia transicional se encuentra en el gesto ético y político de reconocer responsabilidades por los errores cometidos en desarrollo del conflicto, asumir dicha responsabilidad, revelar la verdad sobre estos hechos graves y ofrecer perdón a las víctimas como acto sustancial de reparación inmaterial. Sin lo anterior, no será posible pasar la página del conflicto y alcanzar la reconciliación nacional.

Fallo de Corte IDH

ENS: ¿Cómo va el proceso de adecuación de la jurisdicción disciplinaria al fallo de la Corte IDH?

FC: La CIDH dio un plazo razonable a Colombia para modificar las sanciones. El país debe tomar decisiones muy responsables y no salir a improvisar, y por ello, tanto el Gobierno como la Contraloría están comprometidos con esa misma causa.

Durante ese periodo -como lo ha dicho el propio Consejo de Estado- se mantienen incólumes las competencias de la PGN por actos de corrupción. No permitiré un colapso de la función disciplinaria para que los corruptos salgan ganadores por ese fallo. Acataremos la sentencia pero no bajaremos la guardia en la guerra contra la corrupción.

EL jefe del Ministerio Público, se requiere la implementación de políticas de lucha contra las organizaciones criminales, lo cual está pendiente.