Las grandes empresas son las principales beneficiarias de los programas de ayuda puestos en marcha para reactivar la economía tras la pandemia de covid-19 en países en desarrollo como Colombia, Costa Rica o Ecuador, según un informe publicado ayer por un grupo de oenegés.
Según el informe, elaborado por la Coalición de Transparencia Financiera (FTC), los países en desarrollo han asignado en promedio casi el 40% de su ayuda para la recuperación económica a grandes empresas, reservando una proporción apenas equivalente para financiar medidas de protección social.
"A pesar del costo de la vida, los gobiernos de los países en desarrollo, a menudo con las manos atadas por las instituciones financieras internacionales, están poniendo a las grandes corporaciones por delante de su gente", afirmó el director de la FTC, Matti Kohonen, en un comunicado.
La proporción es aún más desequilibrada en algunos países, según la FTC, que cita en particular a Nicaragua -donde el 87% de la ayuda ha beneficiado a grandes empresas frente a solo el 13% para programas sociales-, Zambia o Uganda.
Contrastes
En otros, el contraste también es llamativo: las grandes empresas se beneficiaron del 41% en Costa Rica, contra un 25% para protección social; del 50% en Colombia, frente al 9% social y del 39% en Ecuador, contra 25% en ayudas sociales. En Argentina está más igualado: 37% para programas sociales y 36% para grandes empresas.
Por el contrario, solo ocho de los 21 países dedicaron más de la mitad de su ayuda a políticas sociales, entre ellos Brasil (58%), Chile (51%), Guatemala (51%) o El Salvador (54%). Otros incluso destinaron más del 85%, como India o Malaui.
Esta ayuda también ha beneficiado mucho menos a las mujeres, que reciben en promedio la mitad que los hombres, en particular por el escaso apoyo a los trabajadores informales.
Como consecuencia, entre 75 y 95 millones de personas habrán caído en la pobreza extrema a finales de este año, asegura el informe, que subraya que el gasto, ya a la baja en 2021 respecto a 2020, se reduce de nuevo en 2022.
El informe advierte que la presión de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para introducir medidas de austeridad y recortar la financiación de los servicios públicos básicos a cambio de la reestructuración de la deuda, empeora las cosas.
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Recortes
Varios países "consideran recortes en los gastos de salud, educación y protección social esenciales, a medida que se quedan sin dinero debido al menor crecimiento económico y frente a los estrictos criterios crediticios del FMI y otras instituciones", afirmó Kohonen.
Por lo tanto, la FTC insta al FMI, que celebrará su reunión anual a mediados de octubre, y al Banco Mundial, a promover políticas destinadas a fortalecer el apoyo a la población (sobre todo incitando a introducir un impuesto sobre la renta progresivo o gravando las grandes ganancias) y a luchar contra los movimientos financieros ilícitos.
Buena parte de los fondos públicos de recuperación para enfrentar la pandemia en Honduras y El Salvador han sido destinados a apoyar a las grandes empresas, en vez de asignarlas a la protección social, según se desprende de un estudio publicado recientemente por la organización Financial Transparency Coalition (FTC), con sede en Boston.
FTC es una coalición de 11 organizaciones, entre ellas la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd). A su vez, esta última es aliada del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Ya en abril pasado, el Icefi rastreó el destino de las ayudas públicas para enfrentar el embate económico que supuso la pandemia en Guatemala, Honduras y El Salvador. El director de FTC, el finlandés Matti Kohonen, explicó que la mayoría de los fondos destinados a la recuperación económica en Honduras y en El Salvador provienen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Guatemala también fue receptor de estos fondos, pero este país emitió bonos del tesoro para financiar los créditos.