Ante el Juez 43 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, la Fiscalía presentó el acervo probatorio con el cual demostrará la responsabilidad penal del patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Antonio Alarcón Vargas, en el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra ocurrido en agosto de 2011 al norte de Bogotá, luego de una persecución por parte del uniformado quien aseguró se trataba de un posible delincuente.

La delegada fiscal adscrita a la Unidad de Vida del ente acusador, tendrá a su cargo la entrevista de 37 testigos, quienes fueron divididos en cuatro grupos de especialistas, con el fin de responder ante el tribunal los resultados de las pruebas hechas a cada uno de los elementos materiales que aparecieron el día de los hechos en la escena del crimen.

Según el juez, al admitir las pruebas del juicio, serán útiles, conducentes y pertinentes los testimonios de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encargados de establecer el estado en la que fue encontrada la víctima, la posición y objetos que rodearon los hechos materia de la investigación judicial.

Asimismo, fue tenido en cuenta el cotejo de las prendas de vestir que portaba Becerra frente a los rastros de las pinturas utilizadas en la elaboración de los grafitis hechos con pintura atomizada o vaporizada minutos antes de su muerte.

De otro lado, serán llevadas a juicio las grabaciones de video obtenidas de los conjuntos residenciales del sector, en las que se muestra a la víctima elaborando los grafitis, para lo cual serán interrogados algunos técnicos que obtuvieron el material probatorio.

Por su parte, fueron avaladas por el juez, las fotografías hechas por los investigadores del CTI minutos antes y posteriores a la presunta manipulación a la escena del crimen, lo cual será argumentado y soportado por los técnicos del ente acusador.

De la misma manera, serán llevados a juicio especialistas en balística, quienes tuvieron a cargo el análisis y estudio de la posición del uniformado, la trayectoria del proyectil, la distancia, posición del arma y la forma como el menor perdió la vida.

Finalmente, entre otras, fueron admitidas en juicio las grabaciones  legalmente obtenidas por los investigadores del CTI, en las que dan cuenta las conversaciones de los uniformados durante el desarrollo de la persecución del menor, las sostenidas después del homicidio y las que se relacionan con la posible alteración de la escena.

El procesado Wilmer Antonio Alarcón Vargas está recluido en la cárcel de uniformados de Facatativá, como presunto responsable del delito de homicidio agravado.