UNA reforma agraria, la segunda en el país en 52 años, pero a diferencia de ésta sin expropiaciones, anunció el presidente de Perú, Pedro Castillo, en medio de creciente descontento popular por un gobierno que no arranca y los retirados cuestionamientos a miembros de su gabinete, entre ellos el de Trabajo, que deberá enfrentar en pocos días una moción de censura en el Congreso.
"Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras, ni afecta derechos de propiedad a nadie", dijo el mandatario izquierdista desde el Cusco.
Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca esplanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, situada en las afueras de Cusco.
Justamente, uno de los ejes de este plan consiste en darles "a agricultores y agricultoras un acceso más justo a los mercados", agregó el presidente peruano.
La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.
El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2,2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.
La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades peruanas.
La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.
"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de darle terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el Gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", explicó Castillo.
El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.
Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.
Al mismo tiempo el Gobierno lanzó un plan de industrialización a favor de los campesinos como parte de esta reforma.
"La industrialización del agro y el cooperativismo son los pilares centrales de esta segunda reforma agraria”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita.
La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades peruanas.
"Eso significa acercarnos más con vías de acceso hacia las chacras, a través de los gobiernos regionales”, abundó el presidente Pedro Castillo.
Explicó que, una vez conseguidas las vías de acceso bajo asesoramiento técnico y con el respaldo de los gobiernos regionales, se podrá dotar de tecnología a las cooperativas agrarias locales.
La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.
"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de darle terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el Gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", dijo Castillo