Un inventario con 19.587  bienes afectados con extinción de dominio, en los 32  meses que lleva en el cargo, entregó ayer al presidente Gustavo Petro el fiscal general, Francisco Barbosa, atendiendo una petición del jefe de Estado, quien ha manifestado que muchos de esos recursos podrían no estar como se cree en manos de  la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Al tiempo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, consideró la necesidad de una ley para que el Estado acceda de forma exprés a esos activos.

 "Vamos a tener que implementar una ley rápido, que nos permita hacer ahí sí una expropiación exprés con posibilidad de indemnizar, si nos equivocamos no hay ningún problema. Hay una incautación de un bien de la mafia, moneticémoslo, volvámoslo recursos", dijo el titular de la cartera política.

Los bienes afectados con medidas cautelares dictadas por jueces por haber sido adquiridos producto de actividades criminales, como el narcotráfico, son entregados a la SAE para su administración, mientras que se produce una sentencia que, de confirmar la extinción de un activo, este pasa al Estado para que lo venda o disponga qué hacer con él.

Sin embargo, en la administración de los bienes se han producido irregularidades especialmente en la ya extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, pues se entregaron por amiguismos o coimas para su usufructo. Y ahora en la SAE hay dudas sobre que los bienes en el papel efectivamente existan, como ha pedido investigar el presidente Petro. 

El primer mandatario dijo, después de que el fiscal general le entregara el registro de bienes afectados con extinción de dominio durante su gestión, que  se está incumpliendo la ley que determina que la SAE es la entidad encargada de llevar al día este inventario y por tanto hay que actualizarlo.

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“Eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo deben ser investigados. Eso está en las manos del señor fiscal, porque el incumplimiento de la ley es evidente y el incumplimiento de la ley puede tener fines dolosos”, ratificó el presidente.

Afirmó que de un monto de $25,7 billones incautados a las mafias, “hoy, de varios de esos billones no tenemos información”. Y aseguró que se estaría en “el preámbulo y con los indicios terribles de, quizás, uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional de la historia”.

En un reciente debate de control político en la plenaria del Senado, el presidente de la SAE, Daniel Rojas, manifestó que la principal problemática en la entidad que recibió desde el 1 de septiembre pasado es el inventario. “No tenemos certezas sobre el valor catastral y comercial de los inmuebles y mucho menos de las sociedades que administra la SAE”, dijo.

Mesa técnica 

El fiscal general anunció que dispuso la conformación de una mesa técnica de alto nivel con el propósito de identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de la SAE y asumir las investigaciones.

“Tendrán participación fiscales de un grupo especial de investigación, estará la Delegada de Finanzas Criminales y la misma vicefiscal de la Nación, para determinar si existen irregularidades en el marco de la información, no solamente que se entrega por parte de la Fiscalía el día de hoy, sino al mismo tiempo los requerimientos que haga la SAE por bienes entregados por otras administraciones de la Fiscalía”, detalló el fiscal Barbosa.