El asesinato de desmovilizados de las Farc es una de las mayores amenazas a la implementación del acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el anterior gobierno.
La mayor prueba de ello es que, en un hecho inédito, ayer la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) convocó a una audiencia pública, el próximo 25 de noviembre, dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes que firmaron el acuerdo final de paz.
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De acuerdo con la JEP, a la fecha, 230 exintegrantes de las antiguas Farc, firmantes del Acuerdo de Paz, han sido asesinados.
Esa cruda realidad también fue denunciada esta semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
“Es igualmente importante avanzar en mejorar la protección de excombatientes que siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes, y seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia. Se debe dar prioridad a la dotación de personal y recursos a la Unidad Nacional de Protección para que pueda dar trámite al cúmulo de solicitudes de protección para excombatientes que están pendientes. Confío en que los recientes avances en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación sobre crímenes contra excombatientes se mantendrán, en particular mediante la cooperación de otras entidades del Estado, incluida la Fuerza Pública a nivel regional”, advirtió Massieu.
Agregó que “… a pesar de los continuos ataques y la estigmatización en su contra, la gran mayoría de quienes dejaron las armas mantienen su compromiso con el proceso de reincorporación, y casi un tercio ha recibido financiación para proyectos productivos a través de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz”.
Lo cierto es que si bien hay alerta general por el asesinato de los exFarc, las cifras sobre la cantidad de crímenes son dispares. El partido Farc, por ejemplo, dijo días atrás que eran 231 los desmovilizados muertos. Sin embargo, el más reciente reporte de la Fiscalía sobre crímenes contra desmovilizados de las Farc -de finales de junio pasado- señaló que eran 195.
En agosto pasado, el fiscal general Francisco Barbosa, durante su participación en la mesa de conversación sobre “Avances de la reincorporación a tres años de la dejación de armas”, reveló resultados significativos en las investigaciones de los crímenes contra reincorporados de las extintas Farc y sus familiares.
Señaló que, gracias a las acciones institucionales definidas y el enfoque territorial que se le ha dado a los procesos investigativos, se pasó de un 40.5% de esclarecimiento, registrado en enero de 2020, a 50.5% en agosto. Es decir que, a esa fecha, había avances importantes en 153 de las afectaciones cometidas contra personas reincorporadas y sus familiares.
Las acciones investigativas de la Fiscalía dan cuenta de que en 77.7% de las afectaciones esclarecidas, los directos responsables son las organizaciones criminales como los grupos residuales (disidencias de las Farc), ‘Clan del Golfo’ y Eln.
Los citados
Volviendo a la audiencia de la JEP, se indicó que allí se verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. También se revisarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. Igualmente se analizarán cómo van los programas para prevenir y superar de la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación.
A la par de lo anterior, se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición.
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¿Quiénes están citados? El alto comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila; y los ministros de Hacienda (Alberto Carrasquilla), Interior (Alicia Arango) y de Defensa (Carlos Holmes Trujillo).
También deberán asistir la procuradora delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio; el defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matias; el fiscal general Francisco Barbosa; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos.
Para garantizar la profundidad de la audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y vicefiscal, y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante la totalidad del desarrollo de la audiencia.
Gobierno asistirá
Tras conocerse la citación, el comisionado Ceballos confirmó la asistencia del Gobierno a la audiencia “citada por la JEP en el marco de una acción que viene desarrollando a través de distintas audiencias territoriales y ahora a través de esta audiencia nacional, en la línea de la garantía para los derechos para los miembros del partido Farc relacionados con el ejercicio de la política y la garantía del derecho a la vida”.
Agregó Ceballos que la Oficina de Alto Comisionado de la Paz, en su calidad de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Alta Instancia para el Ejercicio de la Política, ha venido coordinando con distintas entidades del Gobierno acciones “para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la JEP hace varias semanas en el sentido de presentar los lineamientos para la garantía de la seguridad de los miembros de exFarc y también los lineamientos para la política de desmantelamiento de grupos armados que aún están activos en Colombia y que se vienen ensañando contra los excombatientes de las Farc”.
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“En el mejor espíritu de la colaboración armónica entre los poderes públicos esta audiencia constituye un espacio muy importante para que, en el marco de esa colaboración armónica, trabajemos de la mano para el fortalecimiento de los derechos a la vida y el derecho al ejercicio de la política para aquellos que genuinamente están implementando y cumpliendo con el proceso de paz”, puntualizó.
A su turno, el consejero Archila dijo que el llamado que está haciendo la JEP al Gobierno y otras entidades debe entenderse como una oportunidad.
“Para el Presidente Duque siempre ha sido una prioridad la seguridad de los excombatientes, de sus familias, de los miembros del partido político Farc. Por eso venimos trabajando en la mesa interinstitucional en donde están todas las entidades que tienen esa responsabilidad de protección”.
De acuerdo con Archila, hay más de 50 medidas de protección a los desmovilizados que han sido analizadas por entidades terceras como el Consejo de Seguridad de la ONU, que las ha considerado relevantes y apropiadas.
Agregó que la UNP tiene 450 personas (reinsertados) bajo su protección y en los antiguos espacios territoriales en donde se concentran los desmovilizados se han desplegado 3.100 efectivos de la Policía y el Ejército. También recalcó que la Fiscalía y la justicia ya tienen más de 25 condenas contra autores materiales e intelectuales de estos crímenes y ya hay 120 sindicados en la cárcel.
A su turno, varios dirigentes de las Farc se mostraron de acuerdo con la citación de la audiencia. Tras considerar que el Estado no ha podido detener los asesinatos de los desmovilizados, se mostraron confiados en que de esa cita salga un mecanismo más efectivo para frenar la sangría. De paso, indicaron que esta clase de actuaciones de la JEP evidencian que se equivocan los que proponen derogarla.