EN la ofensiva que inició contra sus detractores desde mediados de año, el régimen de Daniel Ortega arrestó ayer a los dos máximos líderes del gremio empresarial de Nicaragua, elevando así a 40 los opositores arrestados.
Se trata del presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro Vargas respectivamente, entre otras cosas "investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos", aseguró la Policía Nacional en un comunicado.
Así mismo, se les indaga "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo", agregó.
"Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato", reaccionó el Cosep en Twitter.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas.
Healy fue detenido poco después de acudir salir de las oficinas del Ministerio Público (fiscalía), adonde fue citado para una entrevista que no se produjo y que, según dijo, le iba a ser reprogramada.
Cuando abandonaba la fiscalía los periodistas le preguntaron si temía ser arrestado, respondió que "necesariamente no". No obstante, al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados.
Healy ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio por cargos de "conspiración para cometer menoscabo a la soberanía", según la acusación de la fiscalía.
Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la "liberación inmediata" de los opositores detenidos en una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua. En ella también alertó sobre el "deterioro" de la situación de los derechos políticos.
La resolución fue aprobada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina, Barbados, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron. No hubo votos en contra.
Nicaragua, que rechazó enérgicamente la iniciativa, fue el único país que no votó.
La resolución, muy similar a la aprobada el 15 de junio con igual número de votos a favor, destaca "con alarma" el "empeño" del gobierno de Daniel Ortega de "minar" el proceso electoral.
Y expresa su "grave preocupación" de que los intentos del Consejo Permanente de la OEA de "comprometer" a las autoridades nicaragüenses a celebrar elecciones libres y justas hayan sido "ignorados".
Por eso, reitera "su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos" y urge nuevamente "con vehemencia" al gobierno de Ortega a realizar reformas electorales.
Según la resolución, Nicaragua no cumple con los criterios mínimos para realizar elecciones de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad, lo cual "debilita la credibilidad" de la votación prevista para el 7 de noviembre.
En los últimos meses, 37 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para los próximos comicios, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.
Managua denostó la "grosera" interferencia de la OEA en los asuntos internos de un país. "Nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional", dijo el embajador Michael Campbell al inicio de la sesión del Consejo Permanente, al fundamentar su no participación.
El texto advierte que la OEA puede tomar "otras acciones" con relación a Nicaragua durante la próxima asamblea anual del organismo, que tendrá lugar en formato virtual del 10 al 13 de noviembre organizada por Guatemala./Redacción internacional con AFP